Según la denuncia, Andrade ordenó la liberación “sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes”.
El Gobierno denunció a la jueza por la liberación de manifestantes en la marcha de barrabravas y jubilados
La presentación del Gobierno contra la jueza Karina Andrade quedó radicada en el juzgado de María Servini.
Lo que importa sobre la denuncia del Gobierno
Según informó la revista Quorum, la denuncia fue presentada por Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, y alude a “graves irregularidades” que habría cometido la jueza Andrade al ordenar liberar a 114 detenidos en la madrugada posterior a los incidentes de la marcha de jubilados del miércoles 12 de marzo, de la cual participaron hinchadas de clubes de fútbol.
La investigación de la denuncia que presentó el Ministerio de Seguridad Nacional por supuesto “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, “prevaricato” y “encubrimiento” contra la magistrada porteña quedó a cargo de la jueza federal María Servini.
En concreto se cuestionó que la orden se hubiera dado por el sistema de mensajería “WhatsApp” y se la tildó de “ideológica”.
Andrade es jueza titular del Juzgado Contravencional 15 de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó la liberación “sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes”, sostiene la denuncia.
También tilda de “arbitraria” su decisión de establecer que no pudo probarse la flagrancia, es decir que los detenidos hubieran estado cometiendo algún delito al momento de ser apresados.
“Tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios”, agrega la presentación.
La decisión de la magistrada no quedó documentada “en un registro oficial” y no dio intervención formal a la fiscalía.
Contexto
La jueza estaba de turno en la zona del Congreso Nacional cuando ocurrieron los incidentes. Dispuso liberar a 114 detenidos al considerar que a partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”.
“La situación impidió aplicar la figura de flagrancia”, enfatizó.
La marcha de los barras y jubilados se llevó a cabo en la tarde-noche del miércoles 12 de marzo en inmediaciones del Congreso Nacional, con el objetivo de reclamar mejoras en las condiciones de vida y en defensa de sus derechos.
A la manifestación se sumaron hinchadas de clubes de fútbol y agrupaciones de izquierda. Se registraron incidentes y una intervención policial que resultó en la detención de 114 personas.
Cómo sigue
En este momento hay denuncias cruzadas en los tribunales federales de Retiro. Por un lado el Gobierno denunció a manifestantes y supuestos impulsores de los disturbios en una causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.
Ahora se suma esta presentación contra la jueza Andrade que en principio por sorteo quedó radicada en el juzgado de María Servini.
Además, se tramitan denuncias de organismos de derechos humanos por la represión policial.
Asimismo, la de una jubilada de 87 años empujada en la manifestación, que también está en el juzgado de Servini.
Son 71 hombres y 23 mujeres. La mayoría fueron detenidos por atentado y resistencia a la autoridad. Guillermo Francos lamentó que la Justicia los liberara
La jueza Karina Andrade liberó a 114 detenidos en las inmediaciones del Congreso por falta de información y en defensa de los derechos constitucionales.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cuestionó la decisión de Karina Andrade, quien liberó a los detenidos en menos de 8 horas tras los incidentes en la marcha de jubilados.
El Ministerio de Seguridad acusó de sedición a los detenidos de la marcha de los barrabravas y jubilados, y busca el apartamiento de la jueza Karina Andrade.
Cancillería realizó la denuncia penal. Alcanza a cinco sociedades vinculadas a actividades hidrocarburíferas en Malvinas y la Cuenca Malvinas Norte.
Las empresas denunciadas. Se trata de Navitas Petroleum Development & Production Ltd.; Navitas Petroleum Atlantic Ltd.; Navitas Petroleum LP; JHI Associates Inc.; y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La acusación. Las empresas habrían avanzado en la exploración y preparación de la explotación de hidrocarburos en áreas de la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional.
Lo que se pide investigar. Posibles delitos bajo la Ley 26.659 con los que determinar la responsabilidad de las empresas, sus directivos y otras sociedades vinculadas.
