Guillermo Francos
El Gobierno se prepara para derogar el DNU que obliga a los ministerios y organismos del Estado a contratar pólizas de seguros exclusivamente con Nación Seguros
El Gobierno se prepara para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que actualmente obliga a los ministerios y organismos del Estado a contratar pólizas de seguros exclusivamente con Nación Seguros. Este decreto fue vinculado a un esquema de corrupción en el cual se pagaron comisiones a intermediarios relacionados con el ex presidente Alberto Fernández y otros políticos de su administración, según informó hoy Clarín.
En la publicación, se detalla que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó a su equipo que prepare la derogación de este controvertido decreto, el cual aún sigue en vigor a pesar de que la Justicia avanzó en investigaciones sobre las maniobras de Fernández con estas pólizas estatales, beneficiando principalmente al broker Héctor Martínez Sosa.
Esta cuestión fue examinada previamente durante la gestión de Nicolás Posse al frente de la Jefatura de Gabinete. El 11 de abril, se emitió una resolución que prohíbe la participación de "brokers" en la contratación de seguros para organismos públicos, aunque el decreto en cuestión no fue derogado en ese momento.
El argumento oficial para no anular la normativa en ese entonces se basaba en la preocupación de que dicha acción podría perjudicar los contratos vigentes y se consideraba que no era necesario para prevenir posibles irregularidades.
Además de la derogación del DNU 823/21, que generó el esquema de corrupción con las pólizas de seguros, Federico Sturzenegger incluyó la anulación de otros decretos que favorecen a empresas del Estado en las adquisiciones de la administración pública. Esto incluye la obligación de que la administración pública nacional pague los salarios de sus empleados a través de cuentas de ahorro en el Banco Nación.
También se prevé la derogación del Decreto 1189, que obligaba al Estado a comprar combustible para todos sus vehículos, aviones y barcos únicamente a la petrolera YPF.
Otro decreto que será revocado es el 1191/2012, que estipula que todas las dependencias nacionales deben adquirir sus pasajes de cabotaje y vuelos internacionales exclusivamente con Aerolíneas Argentinas.
Según funcionarios familiarizados con el proyecto de derogación, todas estas contrataciones de seguros, pagos de haberes y adquisiciones de pasajes y combustibles deberán realizarse a través de licitaciones públicas abiertas a cualquier oferente.
El teléfono del ex presidente está en poder de la Justicia para ser analizado en el marco de las denuncias por violencia de género contra Fabiola Yáñez, pero podría ser incorporado a la causa que investiga la corrupción en las contrataciones del Estado