El impacto de la medida en Aerolíneas Argentinas dependerá de su capacidad para competir con operadores privados.
La derogación de la norma busca fomentar la competencia y la transparencia en contrataciones estatales.
¿Qué establecía la normativa derogada?
La norma, originalmente introducida por la Decisión Administrativa 244/2013, obligaba a las dependencias estatales a contratar los servicios de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas para traslados aéreos, salvo en casos de falta de disponibilidad o rutas no cubiertas. Esta política se implementó bajo el Decreto 1191/2012, que priorizaba a empresas con participación estatal.
¿Qué implica la derogación?
Con la eliminación de esta obligatoriedad, las entidades del Estado podrán contratar vuelos con cualquier aerolínea que cumpla con los requisitos establecidos, sin la obligación de recurrir a Aerolíneas Argentinas. Esto abre el mercado a operadores privados, promoviendo una mayor competencia.
¿Cuál es el fundamento del Gobierno para esta decisión?
El Ejecutivo enmarca esta reforma en el Decreto 70/2023, que eliminó privilegios para empresas estatales en contrataciones públicas. Según el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, “la medida busca garantizar un régimen de contrataciones equitativo, basado en licitaciones públicas y en la promoción de la transparencia y la concurrencia”.
¿Qué rol tiene esta medida en la política de “cielos abiertos”?
La derogación se alinea con el programa de desregulación económica del presidente Milei, que persigue eliminar beneficios exclusivos otorgados a empresas estatales. La intención es crear un mercado más eficiente y plural, en el que las dependencias públicas evalúen criterios como precio y calidad.
¿Qué impacto tiene en Aerolíneas Argentinas?
La medida supone una pérdida de exclusividad para la aerolínea estatal en contrataciones públicas, lo que podría impactar su volumen de ventas. Esto se suma a recientes conflictos laborales en la empresa, como paros y cancelaciones que han afectado su imagen pública.
A partir de la vigencia de la medida, las dependencias estatales deberán realizar contrataciones a través de licitaciones o concursos que prioricen la mejor relación entre precio y calidad.
El Gobierno prevé que la apertura del mercado genere mayor competencia entre aerolíneas, lo que podría traducirse en tarifas más bajas y mejor calidad de servicios.
El impacto en Aerolíneas Argentinas dependerá de su capacidad para competir con operadores privados en condiciones de igualdad.
En el corto plazo, se espera una revisión de los procedimientos internos de las oficinas estatales para adecuarse a la nueva normativa.
Esta decisión marca un precedente en la política económica del Ejecutivo, centrada en la eliminación de privilegios y en la implementación de un modelo de libertad económica.
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