El Gobierno homologó la paritaria de Comercio: bono de $120.000 y aumento del 5% en tres tramos
El Ministerio de Capital Humano validó el acuerdo entre FAECYS y las cámaras empresariales: 5% en tres tramos, bono de $120.000 y una contribución de $28.000 por trabajador.
El Ministerio de Capital Humano homologó sin modificaciones el acuerdo paritario que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las principales cámaras empresariales del sector cerraron a mediados de abril, y de esa manera el Gobierno evitó la apertura de un nuevo frente de conflicto gremial en un momento de tensión con la Confederación General del Trabajo (CGT) por la reforma laboral.
El convenio, que cubre a más de 1.200.000 trabajadores y es uno de los de mayor alcance del país, fue suscripto entre FAECYS —en representación de los empleados— y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), por el lado de los empleadores. La homologación se produjo sin que el Ejecutivo introdujera cambio alguno en sus términos.
El acuerdo establece un incremento salarial del 5% distribuido en tres tramos: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio. A eso se suman dos componentes adicionales: el pago de un bono extraordinario de $120.000 para trabajadores de todas las categorías, y una contribución empresarial de $28.000 mensuales por cada trabajador, destinada al financiamiento de OSECAC, la obra social del sector.
Las cláusulas que definieron el acuerdo
El convenio incluyó dos componentes que fueron objeto de análisis por parte de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, antes de la homologación. El primero fue el incremento de la cuota solidaria del 2% al 2,5%. El segundo fue la contribución empresarial destinada a OSECAC, la obra social del sector, que pasó de $8.000 a $28.000 mensuales por trabajador. Proyectada sobre el total de afiliados, esa contribución representa unos $33.600 millones mensuales para el financiamiento del sistema de salud del gremio.
La homologación del convenio en sus términos originales encontró sustento jurídico en una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, que suspendió la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. Esa resolución judicial estableció que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas en los convenios colectivos.
La voz del gremio y el contexto de las negociaciones
Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, valoró el acuerdo alcanzado y subrayó el carácter consensuado del proceso. "Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía", afirmó el dirigente.
Sobre la disputa en torno a la cuota solidaria, Cavalieri fue explícito: "Uno de los puntos era el valor de la cuota solidaria, que con la excusa de una modernización se pretendía asfixiar a los sindicatos. La discusión quedó saldada con la medida cautelar que fijó el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, al suspender la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, dando continuidad a todas las cláusulas convencionales y que establece que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas, fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones gremiales".
El antecedente más cercano de fricción entre FAECYS y el Gobierno databa de mediados de 2025, cuando Cavalieri firmó un incremento del 5,4% distribuido en tres tramos que superó la pauta salarial oficial del 1%. En aquella ocasión, el Ejecutivo rechazó la homologación y el conflicto se extendió hasta agosto de ese año, cuando ambas partes firmaron un nuevo acuerdo para el segundo semestre que permitió destrabar la situación. Esta vez, la resolución llegó sin necesidad de renegociar los términos originales.
Con el debut de los Empleados de Comercio, quienes verán reflejado el primer tramo del incremento total del 5% acordado por la FAECyS y las tres cámaras del sector, se sumarán también el personal de Maestranza, los no docente de colegios privados y, del lado estatal, los agentes de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
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Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
Cártel de Sinaloa (México). Es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana (México). Es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional.
Los Tiguerones (Ecuador). Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
FARC-EP y EL (Colombia). Son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
