El jefe de Gabinete Guillermo Francos en la Cámara de Diputados
El Gobierno de Milei abre una vía de negociación mientras intenta blindar el veto a la ley de financiamiento
La Casa Rosada necesita que el PRO acompañe el veto. Pero el macrismo responde que sólo lo hará si el oficialismo negocia con las universidades el Presupuesto 2025.
El Gobierno quiere blindar el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento educativo, que se publicaría mañana, y para eso apuesta a llegar a un acuerdo con el bloque del PRO en Diputados, a través de la discusión del Presupuesto 2025, mientras explora la posibilidad de sumar votos de otros espacios como Innovación Federal.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán, desde hace dos semanas que se focalizan en conseguir la mayor cantidad de adhesiones en la Cámara Baja para mantener en pie el veto tal como sucedió en el caso de la reforma jubilatoria. Pero en este caso cada espacio tiene una dispersión mucho mayor lo que dificulta, a su vez, la labor del Gobierno.
Las conversaciones del Gobierno con el PRO para asegurar el veto
Dentro de cada partido el financiamiento de las universidades públicas es un tema complejo ya que es de alto impacto en el electorado. De ahí que en la Cámara Alta uno de los senadores más cercanos al Gobierno como Luis Juez votó a favor del aumento presupuestario. "No tenemos todavía una posición tomada. No hay que votar leyes que traigan desequilibrio fiscal pero hay que buscar una salida consensuada de esta situación. No es bueno vetar una ley si no se tiene un acuerdo con los docentes", remarcó el jefe de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.
Javier Milei, y el Gobierno, buscan negociar el blindaje al veto presidencial de la ley de financiamiento universitario.
"Que nos expliquen de donde sacar los fondos y que se comprometan a que la discusión en el Presupuesto para garantizar esas partidas no vaya en contra de equilibrio fiscal", agregó un funcionario conocedor de las negociaciones por la ley de leyes. Uno de los puntos de desacuerdo entre la Casa Rosada y la oposición es el costo de la normativa. El Gobierno dice que llega al 3% del PBI mientras que su contraparte sostiene que es de 0,14%.
El canal de dialogo abierto vía el Presupuesto 2025
La decisión del Gobierno de intentar abrir un canal de dialogo mediante el Presupuesto para blindar el veto presidencial es algo que varios sectores de la oposición, sobre todos los que tienen dialogo con Francos, le pedían que hiciera.
En la Casa Rosada aceptan que sin el apoyo del PRO el veto no se sostiene y el macrismo, como contraprestación, le pide que acerque más las posiciones con los dirigentes universitarios de cara al Presupuesto 2025. En el proyecto que presentó Milei las casas de estudio superiores tienen contemplados $3,8 billones contra los $7,6 billones que solicitaron. "Tienen que ceder ambas partes", agregó una fuente al tanto de las conversaciones.
Mientras explora esa vía de negociación, Francos apuesta a conseguir votos que apoyen el veto en otros bloques del Congreso. Por ahora los sondeos fueron negativos. Sobre todo después de que en Diputados se conoció que 4 de los 5 radicales que conforman parte del los "87 héroes" de Milei está vez no estarán para prestar ayuda. Sólo Mariano Campero, de Tucumán, se mantendrá en la misma línea.
Estudiantes, docentes y gremios marcharon frente al Congreso para exigir la promulgación de la ley y mejores salarios para los trabajadores universitarios
Los bloques que acompañaron al presidente con el veto a la movilidad jubilatoria dilatan la toma de posición. El peso de los Gobernadores en la discusión.
Cancillería realizó la denuncia penal. Alcanza a cinco sociedades vinculadas a actividades hidrocarburíferas en Malvinas y la Cuenca Malvinas Norte.
Las empresas denunciadas. Se trata de Navitas Petroleum Development & Production Ltd.; Navitas Petroleum Atlantic Ltd.; Navitas Petroleum LP; JHI Associates Inc.; y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La acusación. Las empresas habrían avanzado en la exploración y preparación de la explotación de hidrocarburos en áreas de la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional.
Lo que se pide investigar. Posibles delitos bajo la Ley 26.659 con los que determinar la responsabilidad de las empresas, sus directivos y otras sociedades vinculadas.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
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Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.
