En la misma conferencia en que salió a desmentir las acusaciones en su contra, Adorni anunció el envío al Congreso de iniciativas sobre propiedad, tierras rurales, pensiones y defensa.
El Gobierno nacional confirmó el envío al Congreso de un paquete de reformas que abarcan desde cambios en el régimen de propiedad hasta iniciativas en defensa, sistema previsional y tierras rurales. El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.
La batería de proyectos se suma a la ya anunciada reforma del Código Penal y forma parte de la estrategia oficial para avanzar en cambios estructurales. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es corregir “distorsiones” acumuladas durante años en materia económica e institucional, con foco en la previsibilidad jurídica, la reducción del gasto público y la mejora del clima de negocios.
Uno de los puntos centrales del paquete apunta al financiamiento de la defensa nacional. El Gobierno propone destinar el 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para las Fuerzas Armadas, en un intento por modernizar capacidades operativas sin incrementar el gasto público directo.
La iniciativa se enmarca en una lógica más amplia de reasignación de recursos estatales, y luego de que se confirmara la negociación con el Pentágono por la compra de helicópteros Black Hawk. Desde el oficialismo plantean que la defensa fue "históricamente postergada" y que este mecanismo permitiría financiar inversiones estratégicas sin recurrir a endeudamiento adicional ni a mayores cargas fiscales. También se inscribe en una visión que prioriza la eficiencia del gasto y la reorientación de fondos hacia áreas consideradas clave para la seguridad nacional.
Otro eje del paquete está vinculado al fortalecimiento del derecho de propiedad privada. En ese sentido, el Ejecutivo enviará un proyecto que limita las expropiaciones a situaciones “estrictamente excepcionales” y eleva las indemnizaciones para los propietarios afectados.
Según el diagnóstico oficial, la falta de previsibilidad en este terreno fue uno de los principales obstáculos para la inversión en la Argentina. Adorni sostuvo que la “inseguridad jurídica” y la incertidumbre sobre contratos y derechos desalientan la generación de empleo y afectan tanto a propietarios como a inquilinos. La iniciativa busca enviar una señal hacia el sector privado en un contexto en el que el Gobierno intenta posicionar al país como un destino más confiable para el capital.
Dentro del paquete también se incluye una reforma de la ley de tierras rurales que eliminará las restricciones a la venta de campos a extranjeros. El objetivo es facilitar la llegada de capital internacional y potenciar sectores como el agro, la minería y la energía, donde suelen requerirse grandes extensiones de tierra para proyectos productivos.
En paralelo, el Gobierno impulsa modificaciones en el régimen de desalojos para agilizar la recuperación de inmuebles ocupados. La propuesta apunta a establecer procedimientos más rápidos, con plazos acotados, para restituir propiedades y desalentar tomas. Desde el Ejecutivo sostienen que este cambio podría impactar en el mercado de alquileres al reducir riesgos para propietarios y mejorar la oferta de viviendas.
El Ejecutivo también buscará avanzar en una revisión del sistema de pensiones por discapacidad y del acceso a beneficios sociales. La iniciativa plantea endurecer los requisitos y establecer controles más estrictos para diferenciar entre beneficiarios legítimos y casos considerados irregulares.
Durante su exposición, Adorni defendió la necesidad de “transparentar” el sistema y cuestionó el esquema vigente. “Vamos a dar aumentos sólo a los que tienen incapacidad para trabajar”, afirmó. La propuesta se enmarca en la política de ajuste del gasto social y en la intención oficial de revisar programas que, según su diagnóstico, presentan inconsistencias o falta de controles adecuados.
Entre las medidas anunciadas, el Gobierno confirmó que impulsará la concesión por 30 años del complejo hotelero de Chapadmalal. La iniciativa busca atraer inversión privada para su puesta en valor y reducir los costos de mantenimiento que actualmente recaen sobre el Estado.
Según explicaron desde el Ejecutivo, el proyecto apunta a transformar el predio en un espacio económicamente sustentable, manteniendo su uso público pero bajo gestión privada. La medida se inscribe en la estrategia general de desregulación y reducción del rol estatal en la administración de activos, y podría abrir la puerta a iniciativas similares en otros bienes públicos.
Como parte del paquete más amplio, el Gobierno adelantó que el Ministerio de Justicia enviará al Senado 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales para su aprobación. La decisión busca cubrir vacantes en el sistema judicial y mejorar su funcionamiento operativo en distintas jurisdicciones.
El envío de estos pliegos se suma al resto de las reformas y refuerza la idea de un paquete integral que combina cambios económicos, institucionales y regulatorios. Con este conjunto de iniciativas, el Ejecutivo intenta avanzar en su agenda legislativa y consolidar un marco normativo alineado con su programa de gobierno, en un contexto donde necesitará negociar apoyos en el Congreso para su aprobación.
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