Política

El Gobierno obtuvo cuatro victorias en una sesión maratónica de Diputados: todos los proyectos aprobados

El oficialismo cerró una sesión más que positiva en el Congreso, consiguiendo la media sanción al Banco Central y a Inocencia Fiscal II, la ley para el acuerdo con Singapur y la luz verde a la adhesión al tratado de patentes.

Después de dos meses sin sesionar, la Cámara de Diputados volvió a reunirse este miércoles con un temario extenso y con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como plato fuerte. El oficialismo consiguió el quórum con el respaldo de los bloques aliados y avanzó con una batería de iniciativas económicas e institucionales que el Gobierno considera prioritarias.

La sesión se extendió durante varias horas y dejó cuatro resultados centrales: la media sanción a la reforma del Banco Central, la aprobación de Inocencia Fiscal II, la sanción definitiva del acuerdo de libre comercio con Singapur y la ratificación de la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El oficialismo logró darle media sanción al proyecto que busca garantizar la independencia del Banco Central del gobierno de turno y prohibir la financiación del Tesoro con emisión monetaria. La iniciativa obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, la Coalición Cívica y varios bloques provinciales. Según el oficialismo, la reforma "erradicará permanentemente" la posibilidad de que un gobierno emita de forma descontrolada.

El texto prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro y la compra directa de títulos públicos en el mercado primario, además de eliminar instrumentos como las Letras Intransferibles. También revierte la reforma kirchnerista de 2012: si el Senado la convierte en ley, el único objetivo del BCRA volverá a ser preservar el valor de la moneda, dejando de lado los mandatos de estabilidad financiera, empleo y desarrollo con equidad social. Las utilidades de la entidad, por su parte, ya no podrán transferirse libremente al Tesoro y deberán destinarse prioritariamente a absorber pérdidas o cancelar deuda pública.

Inocencia Fiscal II

La Cámara baja avanzó también con la reforma de la ley de Inocencia Fiscal, que apunta a ampliar el universo de contribuyentes que puedan formalizar ahorros no declarados sin penalidades. El proyecto se aprobó con 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones, con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales aliados como los de San Juan, Tucumán y Catamarca.

La reforma modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias vigente desde 2025 y elimina los topes de acceso: ya no regirán los límites de $10.000 millones de patrimonio ni de $1.000 millones de ingresos, aunque se mantiene la exigencia de residencia fiscal argentina y de no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional. A pedido de los bloques aliados, se incorporó una restricción para funcionarios públicos: quienes hayan ocupado cargos de alta responsabilidad en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado, pero quedarán afuera de sus beneficios.

Acuerdo Mercosur-Singapur

A diferencia de los proyectos anteriores, este quedó convertido en ley: la Cámara sancionó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur con 234 votos a favor y apenas cuatro en contra, completando así el trámite legislativo de un entendimiento que ya contaba con la aprobación unánime del Senado desde mayo. El acuerdo había sido firmado en diciembre de 2023 durante la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro y forma parte de la estrategia del bloque sudamericano para profundizar su presencia comercial en Asia.

El entendimiento abarca comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, comercio electrónico y procedimientos aduaneros, y se apoya en el principio de trato nacional para garantizar condiciones equivalentes entre las partes. Singapur elimina el 100% de sus aranceles para los productos del Mercosur, mientras que el bloque sudamericano hará lo propio de forma gradual en plazos de hasta 15 años, en un acuerdo que también garantiza a los inversores el mismo trato legal que a los empresarios locales, facilita la llegada de fondos soberanos singapurenses para financiar energía e infraestructura, entre otros, e incluye un capítulo dedicado a integrar a las pymes en las cadenas globales de valor.

Adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

El oficialismo también ratificó la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que busca unificar y agilizar el proceso para proteger invenciones en el exterior. La iniciativa se aprobó en general y en particular por 147 votos a favor, 93 en contra y ninguna abstención, aunque deberá volver al Senado por una modificación incorporada en Diputados a pedido de los laboratorios nacionales, que logró que se incluyera una reserva al capítulo II del PCT para que el INPI pueda apoyarse en informes técnicos no vinculantes de oficinas extranjeras.

El PCT crea una "solicitud única" válida en 158 países, evitando que los inventores argentinos deban tramitar por separado en cada jurisdicción, y amplía de 12 a 30 meses el período de prioridad para proteger una invención. Según el oficialismo, esto podría reducir hasta un 90% los costos de patentamiento internacional, con impacto directo en el agro y la industria farmacéutica.

El Gobierno pedirá medidas cautelares contra el Reino Unido en un tribunal internacional

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  • Ultimátum y demanda. El Gobierno argentino inició un procedimiento ante el Tribunal Internacional del Mar y exigirá medidas cautelares para frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas.
  • Estrategia y presión. La medida se basa en la CONVEMAR para frenar los actos unilaterales en la plataforma continental. Aunque no aborda la soberanía, busca suspender las extracciones de Navitas Petroleum y Rockhopper.
  • Precedente histórico. Es la primera vez que se somete un arbitraje internacional de este tipo sobre los recursos en disputa, recordando el antecedente de la liberación de la Fragata Libertad en 2012.

Financiamiento universitario: la Justicia multa a Diego Santilli con $100.000 por día por incumplir la cautelar

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  • Multa de $100.000 por día. El juez Martín Cormick hizo efectivo el apercibimiento del 30 de septiembre y aplicó multas diarias a la Jefatura de Gabinete por no cumplir la cautelar que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, firme desde un fallo de la Corte en junio. El expediente está en consideración de la Cámara de Apelaciones.
  • La defensa oficial. El Gobierno sostuvo que no estaba claro qué se incumplió y que los aumentos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 superaron el 226,46% del IPC. Mencionó una recomposición en junio, una oferta paritaria del 3% en septiembre y becas Manuel Belgrano de $187.495, y rechazó incluir otros programas.
  • Por qué el juez vio desobediencia. Cormick calculó una inflación acumulada de 312,19% hasta junio de 2026 y concluyó que no está respaldado que los salarios docentes y no docentes se hayan ajustado como manda la ley. Sobre las becas, dijo que la norma exige recomponer todos los programas (Progresar, Enfermería y otros), no solo el Manuel Belgrano.

El proyecto de Malvinas se demora por tres críticas clave de la oposición

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  • Polémica con la "Ley Malvinas". En el artículo 111, se busca penalizar con cinco a 12 años de prisión (y hasta 15 con agravantes) a quienes ejecuten campañas masivas de desinformación o sabotaje con financiamiento o respaldo de agentes extranjeros.
  • Resistencia opositora. La oposición y sectores de la prensa califican como una amenaza directa a la libertad de expresión y piden corregir la redacción (para que sea más específica) o eliminar el artículo.
  • Control legislativo. Para destrabar el tratamiento, diputados de La Libertad Avanza además contemplan crear una comisión bicameral en el Congreso que supervise al Consejo de Seguridad Nacional propuesto por Javier Milei.
  • Tensión por la infraestructura crítica. El proyecto le otorga al Estado la potestad de auditar, custodiar o intervenir redes estratégicas de energía, minería y telecomunicaciones; AmCham solicitó un esquema de cooperación voluntario, pero la iniciativa propone un control de seguridad e inteligencia centralizado.