El equipo de Karina Milei dio por terminada cualquier especulación en torno a la integración de listas que pueda surgir del grupo que se referencia en Santiago Caputo.
El Gobierno puso en marcha un operativo para blindar a Karina Milei en el caso que originó Diego Spagnuolo
La Casa Rosada fue a la Justicia para pedir un bozal legal a los medios que iban a publicar grabaciones de la titular de La Libertad Avanza. La estrategia.
La decisión no cayó del cielo ni fue impulsiva. Se terminó de delinear el viernes, en una reunión que se estiró por más de tres horas y en la que participó Karina Milei con el asesor presidencial Santiago Caputo, el portavoz Manuel Adorni, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, y el apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola. Ese cónclave cerró un consenso: el primer paso debía ser judicial, para frenar la circulación de material sensible mientras se ordenaba la estrategia política.
La estrategia del Gobierno para blindar a Karina Milei
La medida cautelar fue leída como un dique de contención. Nadie se hizo ilusiones; sabían que la lógica de las filtraciones podía horadar cualquier muralla. Pero ganar días equivalía a recuperar oxígeno. “Al Gobierno le entran todas las balas. No nos podemos proteger de nada”, remarcó, con crudeza, un ministro de diálogo constante con el presidente Javier Milei. La frase sintetizó el clima de urgencia.
El corazón del problema era doble. Por un lado, la figura de Karina, eje emocional y operativo del dispositivo presidencial, quedaba expuesta a un desgaste que impactaba sobre la gestión. Por el otro, la posibilidad de que “El Jefe” mencionara a dos ministros de primera línea abría un riesgo institucional: un capítulo más en la ya agitada novela de la gobernabilidad.
El Gobierno puso en marcha un operativo para blindar a Karina Milei en el caso que originó Diego Spagnuolo.
La reunión de tres horas para definir los pasos a seguir en el caso de Diego Spagnuolo
El caso había ganado velocidad tras los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. En las primeras horas, la Casa Rosada intentó bajarle el precio; con los días, ese reflejo se mostró insuficiente. La cautelar se convirtió, entonces, en la primera ficha de un operativo con dos carriles: el judicial, para encapsular la difusión; y el político, para unificar el mensaje y disciplinar la agenda.
En el Gobierno también evaluaron escenarios: nuevas filtraciones pese a la cautelar o un señalamiento directo a dos ministros. La respuesta fue pragmática: amortiguadores y plan de reemplazos si hiciera falta. El oficialismo, mientras tanto, intentó bajar el volumen a la palabra “censura”. Alegó protección de la intimidad y preservación de pruebas, pero en los hechos buscó tiempo para recomponer filas. El dilema de siempre volvía: administrar transparencia sin dinamitar la gestión.
La Libertad Avanza admite que no puede pensar a mediano plazo la campaña. La crisis del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad reavivó las internas.
El presidente alineó a todo La Libertad Avanza (LLA) detrás del armador nacional y el titular de Diputados. Silencio de radio hasta que avance la Justicia.
El Presidente adelantó en el almuerzo del CICyP que la Casa Rosada tenía pensado avanzar por la vía legal contra el ex funcionario pero al final desistió.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
Cártel de Sinaloa (México). Es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana (México). Es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional.
Los Tiguerones (Ecuador). Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
FARC-EP y EL (Colombia). Son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
