Mañana a las 14h, Diputados sesionará la reforma laboral. De aprobarse, deberá volver al Senado tras eliminar el artículo 44.
La Libertad Avanza puso en agenda el debate por la regularización del lobby y la oposición impulsa sus propias propuestas.
Después de más de dos décadas de debates inconclusos, la regulación del lobby volvió a instalarse en la agenda pública. El proyecto enviado al Congreso por el Gobierno para crear un régimen de gestión de intereses reactivó una discusión que distintos sectores políticos consideran necesaria, aunque con diferencias sustanciales sobre cómo debe implementarse.
Este martes, los libertarios de la Cámara de Diputados reunieron a los jefes de bloques aliados para sellar la agenda parlamentaria. El foco es el Súper RIGI, pero el tema del lobby estará presente. De hecho, mañana comenzará a ser tratado a las 14 en el plenario de Legislación General y Asuntos Constitucionales.
Pese a que todos los sectores del Congreso coinciden en que es un debate válido y debe regularse, tienen sus propuestas y críticas. El oficialismo anticipa que deberá negociar a fondo para asegurarse los votos, pero convencido de que los tendrá.
Estos temas, sin embargo, posiblemente queden para más adelante. De momento se está tanteando el clima parlamentario y pensando en una posible sesión para el miércoles 17 o el 24, en plena época mundialista, y en la cual podrían ingresar los acuerdos con los fondos buitre, que buscarán la media sanción en el Senado este jueves.
La iniciativa oficial crea un sistema con dos registros obligatorios para quienes busquen influir sobre decisiones públicas en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La propuesta obliga a inscribirse previamente a personas físicas y jurídicas que realicen actividades de lobby, identificar a sus representados, declarar beneficiarios finales, informar intereses extranjeros y presentar reportes periódicos sobre sus actividades.
Además, establece que funcionarios y legisladores deberán registrar los contactos mantenidos con gestores de intereses y fija restricciones para evitar la denominada "puerta giratoria": ningún funcionario podrá ejercer actividades de lobby mientras permanezca en el cargo ni durante los dos años posteriores a su salida.
Hay un capítulo penal. Se prevén penas de prisión para quienes realicen lobby sin registrarse (prisión de 6 meses a 2 años), oculten beneficiarios reales (condenas de 6 meses a 2 años) o intervengan en representación de intereses extranjeros sin declararlo (prisión de 6 meses a 3 años). En los casos vinculados a decisiones sobre defensa, seguridad, infraestructura crítica o recursos naturales, las penas podrían llegar hasta los tres años de cárcel.
Tras la reunión de bloques en la Cámara de este martes, se respondieron dudas acerca del Súper RIGI y el proyecto del Lobby. Diputados aliados que participaron del cónclave hablaron de un oficialismo dispuesto a escuchar las críticas opositoras sobre su proyecto de "Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses” e incluso tomar aspectos de las otras iniciativas presentadas por opositores.
Este encuentro en el despacho de Martín menem duró poco más de una hora. Participaron tres diputados PRO, Karina Banfi, otros tres de la UCR, Oscar Zago representando al MID, y misioneros también.
En la oposición también aparecieron proyectos propios. El diputado Sebastián Galmarini, acompañado por Victoria Tolosa Paz y otros legisladores de Unión por la Patria, presentó el pasado viernes una iniciativa un poco más amplia de integridad pública que incorpora la regulación del lobby dentro de un sistema integral de ética, conflictos de interés, declaraciones juradas y control patrimonial.
La diferencia conceptual es significativa. Mientras el Gobierno pone el foco en registrar y controlar a los gestores de intereses, el proyecto peronista concentra la carga regulatoria sobre los funcionarios públicos y las audiencias que mantienen con actores privados. Este esquema prevé la creación de un Instituto Nacional de Integridad y Ética Pública con facultades de control sobre todo el sector público nacional.
Alcanza a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y al Ministerio Público; y pretende registrar las audiencias y reuniones mantenidas por funcionarios, en vez de crear un padrón obligatorio de lobistas. En vez de plantear que el Ejecutivo y el Legislativo controlen estas negociaciones, se busca un Instituto Nacional de Integridad y Ética Pública con amplias facultades de control.
Tampoco apunta a penas, multas, suspensos. El hermano de Malena Galmarini, en su proyecto de casi 90 páginas, propone sanciones disciplinarias a funcionarios por incumplimientos del registro.
Por fuera de los bloques mayoritarios, Miguel Ángel Pichetto también impulsó su propio proyecto. La iniciativa comparte varios puntos con el texto oficialista, como la creación de un registro obligatorio de lobistas, la obligación de presentar informes periódicos y la publicación de las reuniones mantenidas con funcionarios.
Y es que incorpora principios como la transparencia, la igualdad de trato entre intereses contrapuestos e incluso la garantía del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades.
Sin embargo, la discusión ya comenzó a generar resistencias. Consultoras especializadas en asuntos públicos y representantes de sectores que realizan tareas de incidencia institucional cuestionan algunos aspectos del proyecto del Gobierno. Uno de los principales cuestionamientos de estos sectores va por el lado de la judicialización.
Opositores del centro, no kirchneristas y tampoco aliados a los libertarios, creen que la discusión es válida. De todos modos, tienen críticas puntuales que llevarán a las comisiones, como que la iniciativa no distingue entre actividades profesionales de lobby, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresarias, sindicatos u ONG, sometiendo a todos al mismo régimen regulatorio.
También observan que, a diferencia de modelos internacionales como los de Estados Unidos y Canadá, el proyecto argentino no establece umbrales mínimos de actividad o ingresos para determinar quién debe registrarse, por lo que podría alcanzar incluso actividades gratuitas o esporádicas.
Otro punto de debate es dónde recae la obligación principal de registrar la actividad. Mientras países como Chile colocan el deber de registración principalmente sobre los funcionarios públicos, el proyecto argentino lo deposita en los actores privados que buscan influir sobre las decisiones estatales.
Las críticas también alcanzan al esquema institucional previsto para la fiscalización. Algunos especialistas señalan que Canadá cuenta con un comisionado independiente y la Unión Europea con un registro interinstitucional, mientras que la propuesta oficial deja el control en manos de organismos administrativos pertenecientes a los mismos poderes que deben ser fiscalizados.
La discusión recién comienza, pero ya expone una coincidencia poco habitual entre oficialismo y oposición: la necesidad de transparentar las relaciones entre el Estado y los grupos de interés. La diferencia aparece al momento de definir quién debe rendir cuentas, quién controla y hasta dónde debe llegar la regulación.
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