El Gobierno busca derogar la Ley de Etiquetado Frontal y en un futuro "adecuarla a estándares internacionales".
El Gobierno ya envió el proyecto para eliminar la Ley de Etiquetado frontal: la carga sobre las PyMEs y la comercialización dentro del Mercosur.
El Gobierno de Javier Milei avanzará en los próximos días con un nuevo paquete legislativo que incluirá iniciativas vinculadas a salud, inversiones y regulación institucional. Según pudo saber este medio, el proyecto para derogar el etiquetado frontal ingresó por el Senado este viernes, mismo cuerpo donde arribará el de ludopatía; mientras que la denominada Ley de Lobby y el nuevo “Súper RIGI” serían enviados a la Cámara de Diputados.
La primera iniciativa es la derogación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, que instauró el sistema de etiquetado frontal de advertencias en alimentos y bebidas. En el mensaje firmado por Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones, el Ejecutivo sostiene que la experiencia de aplicación de la norma permitió detectar “diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas” que justifican su eliminación.
Uno de los principales argumentos del oficialismo se apoya en la falta de homogeneidad normativa dentro del Mercosur. Según plantea el proyecto, Argentina adoptó un esquema de etiquetado basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con octógonos negros y fuertes restricciones sobre publicidad, promoción y utilización de elementos gráficos en envases. Sin embargo, el Gobierno advierte que “no existe actualmente un modelo único y uniforme a nivel internacional”, y que los sistemas vigentes en distintos países se encuentran en permanente revisión.
Mientras Argentina utiliza octógonos negros con parámetros particularmente estrictos, Brasil implementa un sistema de advertencias mediante una “lupa”, Uruguay aplica otro modelo de octógonos con criterios diferentes y Paraguay mantiene su propia regulación. Para las empresas alimenticias que exportan dentro del Mercosur, esto implica adaptar envases, etiquetas y procesos productivos según el destino comercial.
En la Casa Rosada consideran que esa falta de armonización genera una “superposición regulatoria” y mayores costos de implementación. Si se unificara el etiquetado con todo el Mercosur, se evitaría el doble etiquetado y líneas de producción separadas para exportar. Con esto, se reducirían gastos operativos que hoy recaen principalmente en PyMEs (como adaptar los envases, fórmulas y stock). En tanto, disminuye barreras al comercio intrazona y potencia las exportaciones.
El proyecto también cuestiona el perfil nutricional utilizado por la ley vigente: aplica criterios homogéneos a productos “de características muy diferentes”, lo que provoca que alimentos “tradicionalmente incorporados dentro de patrones alimentarios cultural y nutricionalmente aceptados” reciban advertencias equivalentes a otros de menor calidad nutricional. A eso se suma, según el Ejecutivo, la falta de coordinación federal en aspectos como entornos escolares y compras públicas, ya que la implementación depende en buena medida de provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, lo que derivó en distintos niveles de aplicación.
Es por esto que La Libertad Avanza busca derogar la norma. Su proyecto se inspira en gran parte por el presentado tiempo atrás por la diputada del PRO Daiana Fernández Molero y su excompañero de bloque, ahora en el bando libertario, el diputado Alejandro Bongiovanni.
En paralelo, el Gobierno también enviará al Senado un proyecto integral sobre ludopatía y consumos problemáticos digitales. La iniciativa propone un marco normativo orientado a la prevención, abordaje y tratamiento de conductas compulsivas vinculadas a juegos de azar y apuestas, tanto online como presenciales, además de combatir plataformas de juego no autorizadas.
Si bien el texto aún no llegó al Congreso, se cree que pondrá especial foco en el crecimiento de las apuestas online entre menores de edad y advierte sobre el impacto de la masificación de dispositivos digitales y redes sociales. Según datos citados de la SEDRONAR, más de una cuarta parte de los estudiantes secundarios participó en apuestas con dinero durante el último año, con predominio de modalidades online. El proyecto refuerza además el rol de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas en materia de prevención, monitoreo y asistencia.
Por otra parte, el oficialismo prepara el envío de la denominada Ley de Lobby, impulsada especialmente por el sector cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. La iniciativa buscará transparentar la actividad de incidencia sobre políticas públicas y legislativas mediante un esquema inspirado en el modelo estadounidense, donde el “cabildeo” se encuentra regulado y reconocido formalmente como herramienta de representación de intereses ante el poder político.
Este proyecto, que contaría con gran respaldo dentro de ambas Cámaras, ingresará por la de Diputados. La fecha de llegada y los detalles del texto no se dieron a conocer aún.
Finalmente, el paquete incluirá el “Súper RIGI”, que ingresará por Diputados también. Según adelantó Luis Caputo, el régimen buscará incentivar inversiones exclusivamente destinadas al desarrollo de nuevas actividades económicas mediante beneficios fiscales más agresivos que los contemplados en el RIGI original.
La principal diferencia estará en la carga tributaria: mientras el régimen vigente fija una alícuota del 25% en Ganancias, el nuevo esquema la reduciría al 15%. Además, permitirá amortizar el 60% de la inversión en el primer año, el 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero. También ampliará exenciones arancelarias para importación de insumos vinculados a la producción.
Entre los sectores apuntados aparecen el refinamiento y laminado de cobre y la fabricación de vehículos eléctricos a partir del litio argentino. Según el ministro de Economía, el nuevo esquema podría habilitar inversiones de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en el país.
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