En 2024 hubo una reducción de 35.785 puestos de trabajo en el sector público.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aprobó la resolución que establece que los empleados públicos deben rendir exámenes de idoneidad para evaluar sus competencias. El test busca mejorar la eficiencia del Estado.
¿Qué es la evaluación de conocimientos y competencias?
La evaluación, establecida por la resolución 26/2024 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, es parte de un plan del Gobierno para optimizar la administración pública, garantizando la idoneidad de los empleados públicos y reduciendo el sobredimensionamiento del Estado. La medida forma parte de un esfuerzo más amplio por hacer la gestión pública más transparente, eficiente y de calidad.
¿Cómo será la prueba y qué se evaluará?
El examen tendrá una modalidad presencial y anónima, compuesto por preguntas de opción múltiple. Habrá tres niveles de dificultad: uno para profesionales (24 preguntas), otro para administrativos (20 preguntas), y uno más sencillo para trabajos de “servicios generales” (20 preguntas). Se evaluarán temas de lógica, matemáticas y conocimiento sobre administración pública. El examen se llevará a cabo en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y tendrá una duración de una hora.
¿Quiénes estarán obligados a realizar el examen?
El examen será obligatorio para todos los empleados públicos que trabajen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en los más de 40 municipios del conurbano bonaerense. Los empleados de planta permanente, aquellos que residan fuera del AMBA y quienes tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD) estarán exceptuados de la prueba, al menos hasta que se garanticen las condiciones adecuadas de accesibilidad.
¿Qué sucede si no se aprueba el examen?
El puntaje mínimo necesario para aprobar es de 60 puntos. Si un empleado no aprueba, podrá rendir hasta tres veces por año. El resultado será publicado en el sitio web oficial y quienes aprueben recibirán un certificado digital. A pesar de que el examen no es vinculante, será un requisito indispensable para quienes deseen acceder a un puesto en la administración pública, similar a la verificación de antecedentes penales.
¿Cuál es el objetivo de esta medida?
El objetivo es profesionalizar el empleo público y asegurar que el personal que ingrese al Estado tenga los conocimientos y competencias necesarias para mejorar la eficiencia en la gestión pública. El examen también forma parte de un proceso de reestructuración que incluye una reducción de personal en el Estado, con el fin de reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia.
¿Cómo fue la evolución del empleo público en 2024?
Según los últimos datos del INDEC, el número de empleados públicos pasó de 341.473 en diciembre de 2023 a 305.688 en octubre de 2024, lo que implica una disminución del 10,48% o 35.785 puestos de trabajo en el transcurso del año.
A partir de la publicación de la resolución 26 en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública comenzará a implementar las primeras instancias del examen en las jurisdicciones del AMBA. A pesar de que no se ha definido el cronograma exacto de las evaluaciones, se espera que el sistema de inscripción y los detalles sobre las fechas estén disponibles pronto en el portal oficial de Argentina.gob.ar.
La medida forma parte de un proceso más amplio para reducir el tamaño de la administración pública, con un ajuste de 35.785 puestos de trabajo en lo que va de 2024. Los exámenes serán solo una parte de esta reorganización, que también busca garantizar que el Estado cuente con empleados más capacitados y eficientes.
El gobierno asegura que no se trata de un filtro para dejar a las personas fuera del empleo público, sino una herramienta para medir la idoneidad de los trabajadores. Aunque la implementación de esta medida se prevé progresiva, se espera que en los próximos años se extienda más allá del AMBA a otras regiones del país, con el fin de avanzar hacia un Estado más profesional y ágil.
El test será requisito para renovar contratos que vencen a fin de año. Los empleados con discapacidades quedarán exentos de la primera instancia.
El Gobierno intimará a 10.000 empleados públicos a iniciar sus trámites jubilatorios, en un plan que busca reducir el déficit y optimizar la gestión estatal.
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