El Gobierno reduce 33.000 empleos públicos: el objetivo de Javier Milei para aliviar gasto estatal
El Gobierno reduce 33.000 empleos públicos: el objetivo de Javier Milei para aliviar gasto estatal
Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, Argentina enfrenta un ajuste en el sector público con la eliminación de 33.000 puestos para reducir el gasto.
Lo que importa
Desde diciembre, el gobierno de Javier Milei redujo la planta estatal en 33.291 empleados, medida impulsada para aliviar el gasto público.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostiene que la reducción del gasto público es esencial para bajar la carga impositiva en el país.
Los recortes incluyen a empleados de la administración pública, fuerzas de seguridad, y empresas estatales, afectando contratos no renovados, bajas voluntarias y jubilaciones.
En paralelo, el gobierno anunció un examen de idoneidad para 40.000 empleados, generando tensiones con los gremios y protestas.
Se prevén más despidos en el marco de un plan de privatización de empresas estatales, con el objetivo de alcanzar una reducción total cercana a los 100.000 empleos.
Contexto
¿Cuál es la política del gobierno en relación con el empleo público?: El gobierno de Javier Milei emprendió una política de ajuste en el sector público que busca disminuir el número de empleados en el Estado argentino, justificando que esta reducción es necesaria para aliviar la carga impositiva y reducir el gasto público. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el principal vocero de esta estrategia, destacando en repetidas ocasiones que la única manera sostenible de bajar los impuestos es mediante un recorte profundo del gasto en el sector estatal.
¿Qué sectores se han visto más afectados por estos recortes?: De los 33.291 empleos eliminados hasta septiembre de este año, 20.026 pertenecen a la administración pública central y descentralizada, 2.251 a las fuerzas armadas y de seguridad, y 11.014 a empresas estatales. Los sectores más impactados han sido aquellos que se encuentran en la administración central, con una amplia revisión y reducción en áreas clave. Además, instituciones como el Conicet y el INCAA están en proceso de revisión, con posibles riesgos de privatización.
¿Cómo se desarrolló el proceso de despidos y no renovación de contratos?: El proceso de reducción de personal se dio en varias etapas y modalidades. Los despidos masivos se concentraron en los primeros meses de la gestión, con 7.607 desvinculaciones en enero y 7.000 en abril, en su mayoría contratos no renovados, bajas voluntarias y jubilaciones que no fueron reemplazadas. A esto se suma la no renovación de contratos iniciada en diciembre, cuando el gobierno anuló contratos de personal ingresado durante el mandato de Alberto Fernández, prorrogando solo tres meses algunos de estos acuerdos. Como resultado, hubo picos de desvinculaciones en abril y julio, con una disminución en septiembre, cuando la magnitud de los recortes fue menor.
¿Qué medidas adicionales tomó el gobierno para controlar el ingreso a la administración pública?: Además de los recortes, Sturzenegger anunció la implementación de un examen de idoneidad para todos aquellos que aspiren a trabajar en el sector público. Esta medida está diseñada para asegurar que el ingreso a la función pública se base en méritos en lugar de conexiones políticas, promoviendo una carrera administrativa más profesionalizada. Los gremios, sin embargo, han rechazado esta propuesta, destacando que representa un intento de precarizar el empleo público y debilitar la estabilidad laboral de los trabajadores.
¿Cuál fue la reacción de los sindicatos ante estos recortes y nuevas políticas de empleo?: La respuesta sindical fue de abierta oposición. Organizaciones como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) han convocado huelgas y protestas en todo el país en rechazo a las políticas de ajuste y en demanda de mejores condiciones laborales y salariales. Argumentan que estas medidas afectan la estabilidad laboral y precarizan el trabajo público, además de implicar un aumento en la carga de trabajo para los empleados que permanecen en sus funciones. La tensión entre el gobierno y los sindicatos podría derivar en más acciones de protesta en los próximos meses.
¿Qué otras reducciones anunció el gobierno?: El gobierno de Milei anunció la posibilidad de eliminar cerca de 100.000 empleos en empresas públicas, en el marco de un plan de privatización que abarca más de 40 compañías. Este ambicioso proyecto de reducción está enfocado en transferir a manos privadas una serie de instituciones estatales que, según el gobierno, representan una carga significativa para el presupuesto público. La administración central redujo ministerios y eliminó organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en un esfuerzo por concentrar recursos en las áreas consideradas prioritarias.
¿Cuál es la proyección de reducción de empleo según los objetivos iniciales del gobierno?: El gobierno había establecido en un inicio una meta de reducción de 70.000 empleos en el sector público. Sin embargo, con los avances en los recortes y la inclusión de empresas estatales en el plan de privatización, esta cifra podría ampliarse. Se proyecta que el total de puestos eliminados llegue a 100.000 en los próximos años, lo que representaría una reestructuración histórica del Estado argentino y un cambio radical en su modelo de gestión de recursos humanos.
Cómo sigue
El proceso de reducción del personal estatal sigue en curso y se espera que el gobierno continúe con su plan de ajustes, ya que la meta de despidos y no renovación de contratos en el sector público aún no fue alcanzada. La implementación del examen de idoneidad representa el próximo paso significativo, ya que afectará a 40.000 empleados con contratos temporales que deberán aprobarlo para continuar en sus puestos. Esto podría aumentar la tensión con los sindicatos y derivar en más protestas y huelgas a lo largo del país.
Además, el plan de privatización de empresas públicas previsto por la administración Milei es una medida que tendrá un impacto importante en la economía y en la estructura laboral del Estado. De llevarse a cabo, el gobierno podría continuar con su política de recortes masivos de personal en el sector público, lo que implica la eventual eliminación de empleos en empresas estratégicas, aumentando la conflictividad laboral y social.
El gobierno, por su parte, manifestó su compromiso de seguir adelante con este plan de reducción de gasto público, apelando al respaldo que la ciudadanía dio en las elecciones. En consecuencia, es probable que las tensiones entre el gobierno y los gremios se intensifiquen en los próximos meses, y que el escenario laboral y político se mantenga conflictivo mientras continúan las negociaciones y las políticas de ajuste en Argentina.
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El anuncio. Lo informó Federico Sturzenegger en su cuenta de X. El Decreto 1023/26 lleva su firma, junto a la del presidente Javier Milei y a la del jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El alcance. Unos 20.000 empleados públicos de diferentes áreas de la administración son elegibles para participar, si así lo desean.
Restricciones. Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración o deben devolver el dinero previamente.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
