Falsas denuncias: una discusión que invierte las prioridades

Cada vez que una sociedad empieza a desconfiar más de quienes denuncian violencia que del delito mismo, algo profundo comienza a romperse en sus instituciones. Eso es, en definitiva, lo que subyace detrás del proyecto que busca agravar las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niñas, niños y adolescentes.

La discusión no gira solamente en torno a una modificación del Código Penal, sino algo más profundo: el desplazamiento del foco desde la violencia hacia la sospecha sobre quienes la denuncian.

La iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada se presenta como una respuesta frente a un supuesto abuso del sistema judicial mediante denuncias falsas. Sin embargo, los datos disponibles no muestran la existencia de un fenómeno de magnitud que justifique un endurecimiento punitivo de esa escala.

Un fenómeno estadísticamente marginal

El reciente relevamiento federal elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos analizó más de 8,2 millones de causas penales registradas entre 2023 y 2025. El resultado fue contundente: las investigaciones por falsa denuncia representan apenas el 0,09% del total.

En otras palabras, aproximadamente una causa cada 1.098 investigaciones penales. Aun así, el discurso sobre las “falsas denuncias” crece y gana centralidad en el debate público. Y lo hace porque cumple una función política concreta: instalar la idea de que el problema principal ya no sería la violencia, sino las personas que se animan a denunciarla.

El desplazamiento no es menor. Cuando el eje deja de estar puesto en investigar hechos violentos para concentrarse en vigilar la credibilidad de quienes denuncian, el sistema comienza a funcionar bajo una lógica de sospecha. Y esa sospecha tiene consecuencias concretas: menos denuncias, más silencio y mayores dificultades para acceder a la Justicia.

El verdadero problema: las violencias que nunca llegan a denunciarse

El problema estructural de la Argentina no es la proliferación de denuncias falsas. El problema real es exactamente el contrario: la enorme cantidad de situaciones de violencia que jamás llegan al sistema judicial.

Los datos oficiales son claros. Según la Iniciativa Spotlight de Naciones Unidas y la Unión Europea, el 77% de las mujeres que atravesaron situaciones de violencia de pareja nunca realizaron una denuncia. En casos de violencia sexual, el subregistro es todavía mayor.

La pregunta, entonces, resulta inevitable: ¿qué sentido tiene construir una política criminal para castigar con más dureza a quienes denuncian en un contexto donde la mayoría de las víctimas ni siquiera logra acercarse a la Justicia? La respuesta parece menos jurídica que política.

El riesgo del efecto disciplinador

Los delitos vinculados a violencia de género y abuso sexual presentan enormes dificultades probatorias. Muchas veces ocurren en ámbitos privados, sin testigos directos y atravesados por relaciones de poder, dependencia y temor.

En esos casos, la imposibilidad de acreditar judicialmente un hecho no significa automáticamente que ese hecho no haya existido. Sin embargo, proyectos de este tipo introducen un mensaje disciplinador: denunciar puede transformarse en un riesgo.

Ese efecto amedrentador no impacta únicamente sobre las víctimas. También condiciona a fiscales, psicólogos, trabajadores sociales, docentes, médicos y equipos interdisciplinarios que intervienen en estos procesos. Cuando el sistema empieza a funcionar bajo el miedo a denunciar, concluir o incluso intervenir, la consecuencia no es una Justicia más eficiente, sino una Justicia más paralizada.

Un delito que ya existe en el Código Penal

Además, hay una cuestión jurídica básica que suele quedar fuera de la discusión pública: el Código Penal argentino ya sanciona la falsa denuncia, el falso testimonio y el encubrimiento; es decir, no existe un vacío legal que requiera nuevas figuras penales. Por eso, el debate de fondo parece pasar menos por la necesidad de nuevas herramientas jurídicas y más por la utilización simbólica del derecho penal para producir un efecto político y cultural.

No casualmente, el Comité CEDAW de Naciones Unidas recomendó este año al Estado argentino retirar el proyecto, al advertir que este tipo de reformas pueden desalentar denuncias y debilitar la protección de las víctimas.

Una discusión sobre prioridades

Las falsas denuncias existen y deben ser sancionadas. El Código Penal argentino ya contempla mecanismos para hacerlo. Pero construir una política criminal alrededor de un fenómeno que representa apenas el 0,09% de las causas penales, mientras millones de situaciones de violencia permanecen invisibilizadas, implica invertir peligrosamente las prioridades del Estado.

Y cuando las prioridades se invierten de esa manera, el riesgo no es solamente jurídico. El riesgo es terminar construyendo un sistema donde denunciar violencia vuelva a ser más peligroso que ejercerla.