Ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
Frustran plan narco para asesinar a un juez y un fiscal de Entre Ríos en Punta del Este y a un ministro provincial en la Argentina
La operación criminal se habría gestado en un penal de Gualeguaychú e iba a estar a cargo de un sicario uruguayo
La Justicia entrerriana desarticuló un presunto plan para asesinar al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; al juez federal de Paraná, Leandro Ríos; y al fiscal José Ignacio Candioti; por parte de un jefe criminal que está detenido en el penal de Gualeguaychú y que lo haría a través de un sicario uruguayo.
La investigación se centró en el narcotraficante Leonardo Airaldi, un recluso de la Unidad Penitenciaria N° 9 de Gualeguaychú, que habría ofrecido 40.000 dólares para contratar a un sicario uruguayo con el objetivo de atacar a Rìos y a Candioti durante sus vacaciones en Punta del Este, aunque luego se se confirmó que ninguno de ellos tenía previsto viajar el país vecino en el corto plazo. En el caso de Roncaglia, el atentado estaba previsto realizarse en la Argentina.
Detalles del caso
El presunto complot salió a la luz tras la declaración de un informante interno vinculado a la organización criminal ante el fiscal federal Pedro Rebollo, en Gualeguaychú. A partir de ese testimonio, el juez federal Hernán Viri ordenó allanamientos de urgencia en distintas dependencias y se incautaron teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la causa.
El propio Roncaglia confirmó a la prensa que un interno aseguró que tanto él como los magistrados eran objetivos del plan, que se habría gestado dentro del penal, donde conocían detalles de sus movimientos, y se investiga si hubo otras personas implicadas.
El caso fue informado al gobernador entrerriano Rogelio Frigerio y se dio aviso también al Ministerio de Justicia de la Nación.
El gobernador Rogelio Frigerio dijo a El Observador que “primó el sentido común” y reivindicó el camino del “diálogo”, mientras la oposición peronista mantiene su confrontación con Uruguay; la “confusión” de Orsi respondió a un dato errado de Cancillería, según el gobierno
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Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
