La Fundación Pensar, think tank vinculado al partido del ex presidente Macri, destaca en su informe de junio la política antiinflacionaria del Ejecutivo, pero advierte sobre el déficit en consensos políticos y reformas estructurales
La Fundación Pensar, el think tank vinculado al PRO que lidera Mauricio Macri, presentó su informe mensual de junio con un análisis exhaustivo sobre la situación política y económica argentina bajo la gestión de Javier Milei. El documento, elaborado bajo la jefatura de María Eugenia Vidal, reconoce avances significativos en materia de estabilidad económica, pero advierte sobre deficiencias críticas en la construcción de consensos políticos y el fortalecimiento institucional.
El informe destaca como principal logro la reducción de la inflación a un rango del 20% al 30% anual, contrastando con el 211% heredado de la administración anterior. Esta mejora en el control de precios representa uno de los aspectos más valorados por la Fundación, que sin embargo adopta un tono general que alterna entre elogios y críticas, subrayando coincidencias básicas con el Gobierno pero también observaciones puntuales sobre deficiencias en la gestión.
El análisis señala que el gran desafío del Ejecutivo radica en transformar esta estabilización en un plan de desarrollo sostenible que garantice crecimiento a largo plazo. En este contexto, la Fundación identifica áreas donde considera que la gestión ha mostrado fortalezas y otras donde detecta falencias que podrían comprometer la sustentabilidad de los logros alcanzados.
La Fundación Pensar cuestiona la estrategia del gobierno en áreas consideradas fundamentales para la gobernabilidad democrática. El informe critica la falta de diálogo con la oposición para aprobar un presupuesto, una situación que genera incertidumbre fiscal y limita la planificación a mediano plazo. Esta ausencia de consensos se extiende al debilitamiento de las reglas que aseguren seguridad jurídica para los inversores, un factor que el think tank considera clave para atraer capitales externos.
El documento también señala la parálisis de la obra pública como una deficiencia que impacta tanto en el empleo como en la competitividad estructural del país. Esta situación se combina con la lentitud en la implementación del RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) y la escasa recuperación del empleo privado, factores que limitan el potencial de crecimiento económico.
Particularmente crítico resulta el análisis sobre las reformas estructurales pendientes. El informe sostiene que, más allá de los logros en estabilización macroeconómica, el país necesita avanzar en transformaciones profundas del aparato productivo y del mercado laboral para consolidar una trayectoria de crecimiento sostenible.
En el plano internacional, el informe expresa preocupaciones sobre la radicalización de las posturas presidenciales, particularmente el creciente aislamiento y la animosidad hacia el multilateralismo. Esta orientación, según el documento, podría generar costos diplomáticos y comerciales a mediano plazo. También menciona que los ataques a la prensa generan inquietudes crecientes sobre la dirección democrática del país, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Hernán Lacunza, exministro de Hacienda y referente clave del PRO, aporta un análisis detallado de la gestión económica que profundiza las conclusiones del informe general. El economista reconoce que la administración Milei logró avances importantes en estabilidad fiscal y monetaria, destacando el control inflacionario como factor crucial para restaurar la confianza de los mercados y estabilizar las expectativas de los agentes económicos.
Sin embargo, Lacunza identifica desafíos estructurales persistentes que requieren atención prioritaria. El exfuncionario señala que la acumulación de reservas internacionales sigue siendo un factor crítico para la sostenibilidad fiscal y la capacidad de renovación de deuda externa. Aunque el gobierno logró estabilizar la inflación y el tipo de cambio, el país continúa dependiendo de un superávit comercial limitado y de préstamos externos para cumplir con sus obligaciones financieras.
"Sin un crecimiento sostenido en las reservas, el país corre el riesgo de enfrentar nuevas tensiones cambiarias", advierte Lacunza en su análisis, subrayando que la fortaleza del sector externo resulta fundamental para mantener la estabilidad alcanzada.
En materia de competitividad, el exministro desarrolla un diagnóstico que abarca múltiples dimensiones del problema productivo argentino. Subraya que el costo de la energía, las altas cargas impositivas y la falta de inversión en infraestructura continúan siendo barreras estructurales para el posicionamiento argentino en el mercado global. A pesar de los esfuerzos por estabilizar la macroeconomía, considera que el país necesita reformas estructurales más profundas para impulsar la productividad a largo plazo.
El tema de la política cambiaria ocupa un lugar destacado en el análisis de Lacunza. El economista señala que la apertura cambiaria parcial y la flotación del tipo de cambio tuvieron un impacto positivo en la estabilización de los mercados, pero advierte que la volatilidad persiste y que la presión externa sobre las reservas sigue siendo un desafío permanente para el Ejecutivo.
Lacunza concluye que, aunque el gobierno logró avances en varios frentes, el país aún necesita profundizar las reformas estructurales para asegurar un crecimiento económico sostenible. El fortalecimiento institucional, el diálogo con la oposición y la reforma del mercado laboral son algunos de los desafíos que persisten y que, según el exministro, resultarán fundamentales para garantizar una economía más competitiva y sostenible.
A un año de su sanción, la Ley Bases muestra un balance mixto según el sistema de "semáforo" desarrollado por la Fundación Pensar para evaluar el progreso de las principales iniciativas gubernamentales. El análisis clasifica diferentes áreas en una suerte de semáforo con los colores verde, amarillo y rojo según el progreso alcanzado, ofreciendo una radiografía detallada de los avances y las demoras en la implementación de esta norma central en la agenda económica de Milei.
En el semáforo verde se ubican los avances más significativos, particularmente en control fiscal y reducción del déficit. La ley permitió una reducción significativa del gasto público, especialmente mediante la eliminación de fondos fiduciarios que anteriormente se utilizaban con fines políticos, contribuyendo a mejorar la estabilidad macroeconómica. Aunque el informe reconoce que todavía existen dificultades para alcanzar el superávit esperado, destaca que la gestión de las reservas internacionales mostró una tendencia positiva en comparación con los valores heredados.
El semáforo amarillo incluye aspectos donde el progreso resulta insuficiente o lento, particularmente las privatizaciones y la implementación del RIGI. A pesar de que la norma habilita la privatización de empresas estratégicas como Aerolíneas Argentinas y ENARSA, el informe señala que no hubo avances significativos en este aspecto, generando frustración tanto en sectores políticos como entre potenciales inversores. El RIGI, que debería facilitar inversiones estratégicas de gran escala, aprobó apenas 4 proyectos, con 13 en evaluación, reflejando un progreso lento en un área considerada clave para impulsar el crecimiento económico.
Esta lentitud en las privatizaciones se atribuye tanto a resistencias políticas como a la complejidad técnica de los procesos, pero también a la falta de consensos necesarios para avanzar en reformas de esta magnitud. El informe sugiere que sin un diálogo más fluido con la oposición, estas iniciativas seguirán enfrentando obstáculos significativos.
En el semáforo rojo se destacan las áreas de mayor preocupación, particularmente las reformas laborales y la recuperación del empleo privado, que han mostrado resultados muy limitados. A pesar de las disposiciones de la Ley Bases para regularizar el empleo informal, solo el 0,24% de los trabajadores informales fueron regularizados, una cifra que subraya la falta de avance en la formalización laboral, considerada crítica para mejorar la competitividad y reducir la precariedad.
El informe también expresa preocupación por la ausencia de un presupuesto aprobado en el Congreso, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de las políticas fiscales y limita la capacidad de planificación estatal. Esta situación se agrava con la parálisis de la obra pública y la falta de avances concretos en las privatizaciones, factores que retrasan la implementación de las reformas estructurales consideradas necesarias para consolidar la estabilidad económica.
El documento concluye que, aunque la Ley Bases resultó fundamental para la estabilización fiscal inicial, el gobierno enfrenta importantes desafíos en la implementación efectiva de sus disposiciones más ambiciosas. La falta de consensos políticos y la lentitud en la ejecución de reformas estructurales constituyen las principales barreras para traducir la estabilización macroeconómica en un crecimiento económico sostenido y inclusivo.
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