Javier Milei, Karina Milei, Diego Santilli y Manuel Adorni en la Cámara de Diputados meses atrás.
El Gobierno presentó la reforma laboral. Más allá de las modificaciones planteadas, el objetivo de Javier Milei es diezmar el poder de la Justicia del Trabajo.
El gobierno de Javier Milei ha decidido pisar el acelerador. Mientras la opinión pública y los gremios debaten los grandes titulares de la llamada "modernización laboral", el texto enviado al Congreso esconde una batalla mucho más profunda y estructural. No es solo un cambio de reglas para empleados y empleadores; es una ofensiva directa contra la discrecionalidad de los jueces del fuero laboral.
Durante años, el sector empresario y gran parte del arco político no peronista han señalado a la Justicia Nacional del Trabajo como una usina de fallos "antiempresa" y el motor de la "industria del juicio". El proyecto que ahora se debate busca desactivar esa lógica no solo modificando las leyes, sino atando de manos a quienes deben interpretarlas.
Si se lee con lupa, el proyecto encierra cuatro artículos clave que funcionan como un cepo a la capacidad de maniobra de los magistrados. El objetivo es claro: reducir la incertidumbre jurídica eliminando el margen de interpretación personal de los jueces.
El primer punto de conflicto aparece en el artículo 51. Históricamente, uno de los mayores dolores de cabeza para las empresas a la hora de calcular una indemnización no era solo el monto original, sino la tasa de interés que aplicaba cada juzgado y los ítems tomados en cuenta. Esa dispersión generaba pasivos incalculables.
La nueva norma busca fijar una fórmula específica y taxativa para el cálculo de las indemnizaciones. El mensaje legislativo es tajante: se le quita al juez la "creatividad" financiera para actualizar los montos, estandarizando los costos de salida.
Quizás el cambio más sutil, pero de mayor impacto doctrinario, se encuentra en el artículo 3, que modifica el histórico artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hasta hoy, rige el principio in dubio pro operario en su máxima expresión: ante la duda, se está a favor del trabajador.
La ley vigente dice que si la duda recae en la interpretación de la ley o en la apreciación de la prueba, los jueces serán quiénes decidan a favor del empleado. La reforma de Milei elimina de cuajo ese segundo párrafo.
¿Qué significa esto en la práctica? Que se le quita al juez la carta blanca para inclinar la balanza hacia el trabajador cuando hay dudas sobre cómo valorar una prueba en un caso concreto. Se busca un equilibrio más rígido donde la "duda" no sea una excusa automática para fallar contra la empresa.
El gobierno sabe que cambiar la ley no sirve de nada si los jueces de primera o segunda instancia deciden ignorarla o declararla inconstitucional sistemáticamente. Por eso, el artículo 90 introduce una cláusula de alineamiento vertical obligatorio.
El texto establece que los jueces laborales deberán adecuar sus decisiones a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero lo más fuerte es la sanción: el "apartamiento infundado" de dichos criterios será considerado causal de mal desempeño. Es decir, fallar en contra de lo que dice la Corte puede costarle el puesto a un juez. Es una herramienta de disciplina interna inédita en su severidad para el fuero.
Finalmente, el proyecto guarda una bala de plata en el artículo 91. El gobierno retoma la vieja disputa por el traspaso de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires, hoy frenado por un amparo de los propios jueces.
La norma establece que, una vez que se concrete la transferencia de competencias laborales del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se procederá a la "progresiva disolución" de la Justicia Nacional del Trabajo.
El objetivo político es desmantelar el fuero tal como existe hoy. Al traspasarlo y disolver la estructura nacional, el gobierno apuesta a diluir la cultura organizacional de un fuero que consideran viciado, para dar paso a una justicia laboral porteña que, suponen, tendrá una impronta diferente.
La estrategia del oficialismo no es solo de contenido, sino de tiempos. La orden política es aprovechar el envión. La legitimidad del triunfo electoral funciona como un combustible que, saben, se consume con el tiempo.
En el Senado, la disposición es avanzar a marcha forzada. Hay voluntad de votar el proyecto antes de Navidad o, a más tardar, antes del Año Nuevo. Quieren cerrar el 2025 con la media sanción bajo el brazo.
La Cámara de Diputados, por su parte, quedaría para el turno de verano. La intención es que el debate se retome a fines de enero o principios de febrero, de hecho ya le pidieron a los legisladores propios estar cerca desde el 15 de enero. La lógica es clara: golpear primero y rápido, reformando las bases del sistema laboral antes de que la resistencia política y gremial pueda reorganizarse.
