Política

Juicio YPF: La Argentina insiste con el periodo de suspensión del Discovery

La presentación la hizo la Procuración del Tesoro de la Nación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York

La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del Estado argentino, presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para requerir la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia en el caso Petersen/Eton Park mientras se resuelve la apelación de fondo en el juicio por la expropiación de YPF.

En la presentación realizada en la noche del viernes se solicitó la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery), del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada entre el 21 al 23 de abril próximo.

En su escrito, la Argentina sostiene que la suspensión se encuentra plenamente justificada, ya que existen fundamentos sólidos para revertir la decisión apelada, entre ellos la incorrecta aplicación del derecho argentino y el forum non conveniens, indicaron fuentes de la Procuración del Tesoro. Y advierte que la continuidad del discovery ocasiona un perjuicio irreparable para la soberanía nacional y puede impactar en la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras.

También destaca que el interés público aconseja evitar impactos en las relaciones exteriores y posibles ineficiencias procesales si la decisión de fondo torna abstractas las controversias vinculadas a la ejecución.

La Argentina cumplió ampliamente con las órdenes dictadas en el proceso, produciendo más de 115.000 páginas de documentación y facilitando aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango. Además, en cumplimiento de la orden emitida respecto de dispositivos personales, se entregaron más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz. Pese a ello, los demandantes solicitaron que el país sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones que la Argentina considera improcedentes y desproporcionadas.

El 26 de febrero pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito en respaldo de la posición argentina, señalando que el discovery resulta excesivamente intrusivo, que puede afectar principios de reciprocidad internacional y que plantea preocupaciones en materia de política exterior. Asimismo, el Departamento de Justicia solicitó participar oralmente en la audiencia del 16 de abril relativa a la apelación de la orden de entrega del 51 por ciento de las acciones de YPF.

“La Argentina continuará ejerciendo, en el ámbito interno e internacional, todas las acciones y recursos jurídicos previstos por el ordenamiento vigente para resguardar la plena vigencia de la Constitución Nacional y de los principios del derecho internacional público”, añadieron las fuentes. En ese marco, sostendrá “una defensa firme y consistente del interés nacional y de su soberanía frente a cualquier medida que considere contraria al orden jurídico argentino y a las normas fundamentales que rigen las relaciones entre Estados”, completaron.

Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones

Reunión de la mesa política del Gobierno por la cuestión Malvinas, con la participación de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores
Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.