La Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir.
La medida fue anunciada por el vocero Manuel Adorni, quien aseguró que se mantendrán las pensiones y prestaciones mientras se implementan mayores controles.
El Gobierno nacional anunció este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que pasará a ser absorbida por el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones. La medida fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien la justificó por la necesidad de “ordenar” el sistema, reducir la burocracia y poner fin a una serie de irregularidades detectadas en los últimos años.
“La Andis, tal como la conocemos, dejará de existir”, afirmó Adorni, al explicar que el organismo -creado en 2017 como entidad descentralizada- acumuló “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, producto de la autonomía con la que funcionaba.
Según detalló durante una conferencia de prensa, entre las irregularidades detectadas figuran pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, trámites avalados por médicos sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron servicios que nunca prestaron, como el caso de la Fundación Metas. Esta red de corrupción que denuncia el oficialismo se habría gestado durante las cuatro gestiones del kirchnerismo: el gobierno de Néstor Kirchner, los dos de Cristina Kirchner y el de Alberto Fernández.
Con el traspaso al Ministerio de Salud, el Gobierno asegura que las políticas de discapacidad se administrarán bajo “criterios sanitarios”, con trazabilidad de los expedientes, auditorías permanentes y mecanismos de control para evitar discrecionalidades. Además, Adorni anunció la eliminación de 16 cargos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica del área.
El funcionario buscó despejar temores y remarcó que la medida “no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”. De lo contrario, señaló que implicará una reorganización administrativa para garantizar mayor transparencia en el sistema.
Cabe recordar que el Gobierno estuvo envuelto en polémicas judiciales este año en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad tras los supuestos audios de su exdirector, Diego Spagnuolo, en los que menciona presuntas coimas cobradas por funcionarios de Casa Rosada, entre ellos la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. En su lugar se colocó -en septiembre pasado- como subdirector del organismo Gianfranco Scigliano, cuyo rol es una incógnita ahora.
En el mismo anuncio, Adorni volvió a cargar contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires por las deudas acumuladas con los hospitales Samic, aquellos de gestión compartida entre Nación y Provincia. Según precisó, seis de estos centros de salud están hoy financiados en su totalidad por el Estado nacional debido al incumplimiento bonaerense.
El jefe de Gabinete detalló que la deuda total asciende a 507.064 millones de pesos, y enumeró los montos adeudados a hospitales clave como el Cuenca Alta de Cañuelas, el René Favaloro de Rafael Castillo, el Presidente Néstor Kirchner de Gregorio de Laferrere, El Cruce de Florencio Varela y el Bicentenario de Esteban Echeverría.
Adorni cuestionó además las prioridades presupuestarias del Ejecutivo provincial al señalar que, pese a contar con un presupuesto de 34 billones de pesos, la Provincia destinó montos equivalentes a esas deudas en gastos como cajas navideñas y políticas de género. “Si no fuera por el financiamiento nacional, estos hospitales no podrían funcionar”, sostuvo.
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