La CGT de la gira para frenar la reforma laboral.
El oficialismo quiere imponer la fecha para tratar la reforma laboral en el Senado, pero la CGT cuestiona la forma y el fondo.
Patricia Bullrich, la jefa de bloque del oficialismo en el Senado, disparó sin miramientos ante los micrófonos e instaló la fecha del tratamiento del proyecto de reforma laboral en el recinto de la Cámara alta. La fecha es el 11 de febrero. La sola mención puso en alerta a la CGT que aceleró su andar para morigerar el impacto que podría tener el texto que impulsa el Gobierno.
La constitucionalidad de la norma, la rosca con los gobernadores, el diálogo y, en última instancia, un plan de lucha, son las armas que blande la CGT para llegar parada de la mejor manera a la discusión final.
En lo discursivo la CGT no abandona la línea que eligió cuando el Ejecutivo anunció el envío del proyecto. Es más, la central obrera endureció su discurso y profundiza los argumentos para señalar que la iniciativa busca una regresión en los derechos y anticipan una batalla que trascenderá los recintos legislativos para instalarse en los tribunales y en las calles.
Sin embargo, fuera de los micrófonos el diálogo está abierto. Puertas adentro de la CGT hablan de tiempos y de un diálogo que podría llegar a algún tipo de acuerdo más allá de los deseos del sector más duro del oficialismo.
En lo público, cada uno atiende su juego. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT y secretario general del Sindicato del Seguro, cuestionó con dureza el apuro del Gobierno por sancionar la norma.
En ese contexto, el discurso de la central obrera sostiene que la reforma “posee un sesgo ideológico que vulnera el artículo 14 bis” de la Constitución. Sola, en particular, advirtió que la judicialización es un camino inevitable que el propio Gobierno genera al ignorar la doctrina legal vigente.
“La judicialización se la buscan solos y ya tuvieron la experiencia con la ley ómnibus”, recordó el sindicalista en sus declaraciones públicas. Según su análisis, el texto oficial se enfoca en facilitar la desvinculación antes que en promover la contratación: “Es una ley que busca cómo despedir mejor, no cómo contratar mejor”.
Octavio Argüello, el delegado de Camioneros en la cúpula de la CGT, abrió la puerta al diálogo, pero dejó delimitado el territorio. “Mientras no sea volver a la esclavitud estamos dispuestos a discutir la ley”, detalló. Para la CGT, el proyecto no cumple con la promesa de creación de empleo genuino; por el contrario, fomenta la precarización y lesiona la dignidad de los trabajadores.
Por su parte, Argüello, en el marco de la discusión, también aprovechó para volver a traer a la mesa de debate el freno que impone el Gobierno a las paritarias.
En paralelo a la discusión publica y mientras se activan algunos canales informales de negociación, la CGT saldrá de gira hacia el interior del país para sumar el respaldo de los mandatarios provinciales. “Estamos hablando con los gobernadores para que entiendan que esta reforma no va a dar más trabajo y que le saca derechos a los trabajadores”, explicó Argüello.
El malestar sindical surge de artículos específicos que afectan la operatividad de los gremios. La reforma pretende catalogar diversos servicios como “esenciales”, lo que obliga a la cobertura del 75% de la actividad durante las jornadas de protesta. Asimismo, crea la figura de “actividades de importancia trascendental”, con una obligación del 50% de prestación de servicio. Algo que, en términos reales, da por tierra con el derecho a huelga.
Otros aspectos técnicos que la CGT está dispuesta a atacar tienen que ver con la limitación de las asambleas de persona, la faculta de los empleadores para retener las cuotas de afiliación solo si el trabajador presta una conformidad expresa y La eliminación de la ultraactividad.
En tanto, el punto de discordia por fuera de los derechos colectivos tiene que ver con la reformulación del cálculo de la indemnización.
La reforma laboral no solo impacta en el derecho del trabajo; también sacude las finanzas provinciales. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estima un costo fiscal directo anual de 1,9 billones de pesos, del cual el 60% corresponde a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires es la jurisdicción más afectada con una pérdida de 238.000 millones de pesos, seguida por Santa Fe y Córdoba.
En este contexto, los gobernadores mantienen una postura cautelosa. Mientras que Maximiliano Pullaro (Santa Fe) admite la necesidad de una modernización para las pymes, Martín Llaryora (Córdoba) exige manejar los tiempos de la discusión sin urgencias externas. En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil enfrenta la presión de sus propios legisladores, quienes sentencian que el proyecto “debilita derechos laborales y compromete la sostenibilidad fiscal y social de la provincia".
Así las cosas, la asfixia financiera a las provincias, vinculadas a la recaudación, abre una autopista para que la CGT pueda llegar con sus planteos a los mandatarios provinciales.
Por ahora, todas las negociaciones están en marcha. La gobernadores parece tener otra vez la llave para definir la batalla que se dará dentro del Congreso.
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