La Justicia estableció que la intervención de las fuerzas federales, encabezadas por Patricia Bullrich, está prohibida, salvo en casos de protección de intereses federales.
Un fallo de la Justicia ordena que la Policía de la Ciudad coordine la seguridad en la marcha de jubilados, que se llevará a cabo antes del paro general.
¿Por qué el juez Gallardo tomó esta decisión?
El juez Roberto Gallardo respondió a una solicitud urgente presentada por dirigentes de la CGT y la UTEP, como Julio Piumato, Maia Volcovinsky y Alejandro Gramajo. Estos sindicalistas pidieron la intervención judicial para que el gobierno porteño organizara el operativo de seguridad para la marcha de jubilados prevista para el miércoles. La solicitud surgió a raíz de incidentes ocurridos durante protestas anteriores, donde se registraron intervenciones de las fuerzas federales que resultaron en violencia y represión. En particular, en la movilización del 12 de marzo, hubo heridos y 114 detenidos. Los sindicalistas denunciaron que las fuerzas federales actuaron fuera de los límites de su jurisdicción, afectando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué argumenta el fallo judicial?
Gallardo destacó que el riesgo de represión al que aludieron los sindicalistas no es un planteo abstracto, sino un hecho verificable, dado que se ha repetido en manifestaciones pasadas. Según el juez, las fuerzas federales intervinieron excesivamente en protestas previas, extendiendo su presencia más allá de los límites establecidos para proteger los intereses federales. En su fallo, Gallardo hizo hincapié en que la Ciudad de Buenos Aires tiene autonomía para gestionar su propia seguridad y que las fuerzas federales solo deben actuar en el marco de la protección de los edificios federales, como el Congreso. Así, se le ordenó al Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, que se abstenga de intervenir en la movilización, limitándose a los objetivos federales.
¿Qué consecuencias tiene esta medida para el gobierno porteño y las fuerzas federales?
El gobierno porteño, bajo la gestión de Jorge Macri, tendrá que organizar el operativo de seguridad sin la intervención directa de las fuerzas federales. La Policía de la Ciudad será la encargada de garantizar el orden público durante la movilización de los jubilados, con el objetivo de evitar situaciones de violencia como las observadas en protestas anteriores. Además, la medida judicial subraya la autonomía de la CABA en asuntos de seguridad, una facultad que, según el juez Gallardo, debe ser respetada por el Estado nacional. Si bien la intervención de las fuerzas federales está restringida, pueden actuar en casos puntuales para proteger los edificios federales.
¿Por qué los sindicalistas consideran que es importante este fallo?
Los dirigentes gremiales argumentaron que la intervención de las fuerzas federales en movilizaciones anteriores no solo fue innecesaria, sino que generó situaciones de represión que afectaron el ejercicio del derecho constitucional de protesta. Maia Volcovinsky señaló que la intervención de la Policía Federal en las manifestaciones previas superó los límites de su jurisdicción, ya que no hubo una solicitud formal por parte del gobierno porteño para tal intervención. La decisión judicial de Gallardo fue vista como una medida necesaria para evitar que se repitieran estos abusos y para garantizar que las fuerzas federales se limiten a su ámbito de competencia.
¿Qué implica la autonomía de la Ciudad en este contexto?
El fallo refuerza el principio de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en cuestiones de seguridad pública. La CABA tiene su propia fuerza de seguridad, la Policía de la Ciudad, que está capacitada para actuar en situaciones de orden público. Según el juez, la no adhesión de la Ciudad al protocolo nacional antipiquetes no implica que las fuerzas federales puedan intervenir sin una solicitud expresa del gobierno local. Gallardo explicó que la autonomía de la CABA debe ser respetada, y que la intervención federal solo debe ocurrir dentro de los límites de protección de los intereses federales, y no en el contexto de movilizaciones dentro de la ciudad.
A partir de la resolución judicial, el gobierno porteño deberá organizar el operativo de seguridad para la marcha del miércoles sin la intervención de las fuerzas federales, a menos que sea estrictamente necesario para proteger los intereses federales.
La Policía de la Ciudad tendrá la responsabilidad de garantizar el orden público, actuando en coordinación con los organizadores de la protesta para asegurar el derecho constitucional a la manifestación.
Esta medida judicial podría marcar un precedente en relación a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en el manejo de la seguridad en protestas, especialmente si las fuerzas federales continúan interviniendo de manera controversial en el futuro.
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