El gobierno impulsa la modificación del régimen penal juvenil: está a pocos pasos de sancionarla.
Penas de hasta 15 años, supervisores que controlarán a los adolescentes y centros de detención separados de los adultos: los cambios clave que introduce el nuevo sistema.
El Senado comenzará a debatir el nuevo Régimen Penal Juvenil el próximo jueves a las 14.30, cuando el plenario de comisiones de Justicia, Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda dictamine sobre el proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y acompañada por aliados, establece como punto central la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
Sin embargo, pese a que el debate por la edad se llevó toda la atención, la iniciativa libertaria redefine integralmente el sistema penal aplicable a adolescentes. Teniendo media sanción de la Cámara baja, se espera su sanción en el Senado la próxima semana.
Habrán 180 días desde su publicación para la entrada en vigencia plena del nuevo régimen. Durante ese período, el Estado y las provincias deberán adecuar sus estructuras judiciales, de defensa y de alojamiento para cumplir con los estándares técnicos y operativos previstos por la ley.
En cuanto a la privación de la libertad, será el “último recurso” dentro del sistema. Para los casos más graves, el Artículo 19 fija un tope máximo de 15 años de prisión y prohíbe expresamente la imposición de condenas perpetuas a personas menores de 18 años, cualquiera sea el delito.
Así lo establece: "El plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes será de quince (15) años. La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes".
El régimen incorpora, además, mecanismos orientados a la reinserción social. Entre ellos, la figura de la “extinción de la acción penal”, prevista en el Artículo 45. Manifiesta que si el adolescente cumple satisfactoriamente con las medidas impuestas durante el período de prueba -como terminar la escolaridad, capacitarse en un oficio o realizar tratamientos de salud- no se dictará condena y el hecho no generará antecedentes penales.
Según los fundamentos del proyecto, las sanciones deberán priorizar la educación, la resocialización y la integración social del joven, con el objetivo de reducir la reincidencia. La graduación de las penas tendrá en cuenta la gravedad del daño causado, la edad y los antecedentes del imputado.
El proyecto establece que la privación de libertad deberá cumplirse exclusivamente en centros especializados o en sectores separados de los establecimientos existentes. La norma prohíbe el contacto entre adolescentes detenidos y personas mayores de edad, lo que obligará a adecuar la infraestructura actual para alojar a imputados de entre 14 y 16 años bajo estándares de derechos humanos.
A su vez, se destaca un punto clave: la creación de la figura del “supervisor”. El artículo 23 plantea que un funcionario dependiente del Ministerio de Justicia encargado de monitorear el cumplimiento de las penas alternativas o condicionales.
Deberá contar con conocimientos y formación académica en educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones y trabajo social. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires normarán sobre los procesos de nombramiento, remoción y sanción de los supervisores, como así también todo lo referido a su actuación procesal, siguiendo los lineamientos generales del presente artículo.
Se deberá garantizar que la cantidad de adolescentes asignados a cada supervisor permita el adecuado seguimiento y supervisión de cada uno de los adolescentes imputados. Entre sus funciones se incluyen entrevistas semanales con el adolescente, contacto permanente con su entorno familiar y educativo y la elaboración de informes mensuales al juez sobre la evolución del caso.
Para la implementación del régimen, el artículo 51 precisa que se destinarán $23,739,155,303,08 para los gastos dispuestos. De ese total, 20.607 millones irán a la Defensoría General de la Nación y 3.131 millones al Ministerio de Justicia, principalmente para gastos de personal.
La Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción.
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