La Casa Rosada anticipa impugnaciones y diseña una estrategia legal mientras magistrados y sindicatos cuestionan la constitucionalidad del proyecto
La reforma laboral que el Senado aprobó la semana pasada desplegó un conflicto en múltiples frentes. El proyecto que ahora se debate en Diputados enfrenta la resistencia de magistrados, trabajadores judiciales y sindicatos, que ya preparan presentaciones para cuestionar su constitucionalidad. La iniciativa no solo transforma aspectos centrales del régimen de trabajo argentino, sino que elimina el fuero laboral nacional para transferir esas competencias a la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que generó alarma en el Poder Judicial.
El oficialismo confía en aprobar la norma con rapidez. Según fuentes de Balcarce 50, el Gobierno cuenta con 131 votos asegurados y aspira a alcanzar entre 138 y 140. El debate en comisiones está fijado para este miércoles, mientras que la sesión en el recinto podría realizarse el jueves 19 o, como fecha límite, el 26 de febrero. Javier Milei busca cerrar este capítulo político antes del 1 de marzo, cuando comience el período ordinario de sesiones.
La transferencia de la justicia laboral a la órbita porteña implica que 10 juzgados de la Ciudad asumirán los casos nuevos en un plazo de 180 días. Los actuales tribunales nacionales del trabajo solo conservarán los expedientes anteriores a la reforma. Del total de 80 juzgados laborales nacionales, se cerrarán 30 que carecen de magistrado titular, además de una sala de la Cámara del Trabajo que permanece vacante. La suerte de los trabajadores judiciales de esos juzgados es todavía incierta.
Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados, consideró la medida "inadmisible desde el punto de vista institucional y constitucional". En declaraciones a La Nación, el funcionario advirtió: "Lo más grave del proyecto es que se pretende el cierre o disolución del fuero laboral. En el actual sistema institucional es impensable que pueda disponerse la supresión de un fuero judicial". La asociación analiza todas las alternativas legales posibles y mantiene reuniones con autoridades de la Cámara Laboral para definir una estrategia de acción.
El sindicato de empleados judiciales, conducido por Julio Piumato, también manifestó su oposición ante la posible pérdida de puestos de trabajo. Para este jueves convocaron a una protesta frente al Palacio de Justicia, que contará con el respaldo de una decena de jueces laborales, algunos identificados con el peronismo.
En la Casa Rosada no solo anticipan que los cuestionamientos judiciales comenzarán apenas se sancione la ley, sino que ya trabajan en una estrategia de defensa. Tres áreas coordinan la preparación: la Secretaría Legal y Técnica, dirigida por María Ibarzabal; la Procuración del Tesoro Nacional, a cargo de Santiago Castro Videla; y la segunda línea del Ministerio de Justicia, encabezada por Sebastián Amerio. Los tres funcionarios responden al asesor presidencial Santiago Caputo.
"Creemos que los primeros que van a judicializar son los judiciales", reconocieron fuentes gubernamentales. El Ejecutivo descuenta que los planteos terminarán en la Corte Suprema, aunque no en el corto plazo. Sin embargo, el Gobierno tiene un antecedente favorable en el máximo tribunal: la propia Corte fue quien habilitó el camino para reconocer la autonomía porteña y validar la transferencia de competencias. Además, desde febrero de 2024, el tribunal viene emitiendo fallos que limitan la discrecionalidad de la Cámara del Trabajo, especialmente en materia de cálculo de intereses sobre indemnizaciones.
En Balcarce 50 no ocultan su satisfacción por la reducción del fuero laboral, al que suelen criticar por su "discrecionalidad" y "parcialidad". El Ejecutivo insiste en que busca terminar con la "industria del juicio", un argumento que repite para justificar varios de los cambios propuestos.
Varios artículos del proyecto presentan vulnerabilidades jurídicas. Uno de los más controvertidos es la redefinición de lo que se considera salario a efectos del cálculo indemnizatorio. La nueva normativa excluye de ese concepto beneficios como el celular o automóvil corporativo, además de vacaciones, aguinaldos y bonificaciones. Esta restricción colisiona con la jurisprudencia de la Corte Suprema, que entre 2009 y 2013 estableció que el salario abarca cualquier ganancia o contraprestación por trabajo, siguiendo los lineamientos de convenios internacionales con rango constitucional.
Otro aspecto polémico es el nuevo sistema de licencias médicas por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo. El esquema aprobado en el Senado reduce la remuneración de manera escalonada: el empleado percibiría apenas el 50% de su sueldo si el empleador determina que la incapacidad provino de una actividad voluntaria riesgosa, como una lesión durante una práctica deportiva. En situaciones sin conducta riesgosa, el pago alcanzaría el 75% del salario. Este cambio generó resistencias incluso entre diputados aliados al oficialismo.
Ante las críticas, el Gobierno acordó introducir excepciones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció anoche en TN que se garantizará el salario completo para trabajadores con enfermedades degenerativas o incurables, ya sea mediante la reglamentación o una ley complementaria. En Balcarce 50 defienden el resto de las modificaciones argumentando que "en la mayoría de los países se aplica ese mecanismo" y que buscan "terminar con la industria del juicio".
También podrían enfrentar impugnaciones la posibilidad de fraccionar el pago de indemnizaciones en hasta 12 cuotas, una modalidad inusual en el derecho laboral, donde generalmente el acreedor no acepta condiciones impuestas unilateralmente por el deudor. La reforma además establece que las indemnizaciones en juicios futuros se ajustarán por el Índice de Precios al Consumidor más el 3%, mientras que en los expedientes previos se aplicará la tasa pasiva del Banco Nación.
La Confederación General del Trabajo se reunió este lunes para considerar la convocatoria a un paro general de 24 horas. Cristian Jerónimo, cotitular de la central obrera, afirmó que "están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional". El dirigente apuntó directamente a los legisladores: "No puede avanzar tal como está, los diputados tienen que entender que hay que rechazar el proyecto".
La oposición sindical se concentra en las modificaciones sobre indemnizaciones, extensión de la jornada laboral, derecho de huelga y funcionamiento de las asambleas sindicales. Jerónimo cuestionó duramente la iniciativa y sostuvo que el Gobierno busca "romper los derechos y conquistas de los trabajadores". El Frente de Sindicatos Unidos, que reúne a la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, ya convocó a un paro con movilización al Congreso para el día de la votación en Diputados.
El Ejecutivo anticipa además cuestionamientos por el artículo que modifica el orden de prelación de los convenios colectivos, habilitando que un acuerdo de ámbito menor prevalezca sobre uno mayor incluso con condiciones menos favorables para los trabajadores. También esperan planteos contra la limitación de la ultraactividad, que hasta ahora permitía que los convenios mantuvieran vigencia indefinida hasta ser reemplazados por otros. La batalla legal, según todas las fuentes consultadas, apenas comienza.
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