La mesa política de La Libertad Avanza.
El Gobierno quiere que el Senado vote la iniciativa la última semana de septiembre y que Diputados haga lo propio en octubre. Confianza en los números.
En la última reunión de la mesa política de La Libertad Avanza (LLA) se acordó que la suspensión de las PASO se llevará al recinto del Senado en la última semana de septiembre y que en las dos siguientes llegará a Diputados. De esta forma, primero se tratará la reforma electoral y recién después llegará el turno del Presupuesto 2027.
La definición modifica el esquema que el propio oficialismo había fijado semanas atrás, cuando resolvió pegar la discusión de las internas obligatorias a la negociación presupuestaria y dejarla al final de la fila, detrás de todo el paquete de reformas económicas que impulsa el presidente Javier Milei.
El calendario quedó ajustado. El tratamiento en la Cámara alta está previsto para los últimos días de septiembre, apenas dos semanas después de que la reforma comience a debatirse en comisión, y el paso por Diputados se extendería a lo largo de las dos semanas posteriores.
Ese esquema le permitiría al Gobierno cumplir con el plazo que se había autoimpuesto -octubre como límite para resolver el futuro de las PASO- y llegar a la discusión del Presupuesto con la cuestión electoral ya saldada. La distinción entre suspender y eliminar sigue siendo la clave: lo primero requiere mayoría simple y lo segundo, mayoría absoluta, un umbral que el oficialismo nunca estuvo cerca de alcanzar.
El cambio de orden no es un detalle administrativo. Al separar ambos debates, la Casa Rosada le quita a los gobernadores la posibilidad de negociar las dos cosas al mismo tiempo, que era exactamente el escenario que en la propia mesa política identificaban como el más caro para el oficialismo.
Con el Presupuesto abierto sobre la mesa, los mandatarios provinciales tenían su mayor poder de fuego para condicionar el apoyo a la reforma electoral. Al adelantar la votación, el Gobierno intenta cerrar el capítulo político antes de que empiece la discusión por los recursos.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir El Observador, en el oficialismo están convencidos de que ya alcanzaron un entendimiento con los gobernadores y con los bloques aliados para que acompañen la iniciativa en ambas cámaras.
Esa confianza se apoya en la ronda de contactos que viene desplegando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, desde su asunción, y en el giro del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, que pasó de bloquear cualquier promesa a habilitar financiamiento para destrabar reclamos provinciales. La articulación entre ambos funcionarios es la que sostiene, por ahora, todo el andamiaje de la negociación.
Sin embargo, existe un sector dentro del oficialismo que no está tan confiado. Ese grupo quiere ver primero cómo se desarrolla el debate en comisión de la reforma política en el Senado, que comenzará el 15 de septiembre, antes de dar por descontados los votos.
El argumento de los cautelosos tiene antecedentes recientes: el Gobierno ya llegó al recinto convencido de tener los números y terminó teniendo que retirar el capítulo de "extranjerización de tierras" del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ante el rechazo de sus propios socios. Esa derrota es la que ordena hoy toda la cautela.
El debate en comisión será, entonces, el primer termómetro real. Allí se verá si el entendimiento que el oficialismo dice tener con las provincias resiste el paso de las conversaciones informales al trabajo parlamentario, donde cada bloque expone su posición y los pedidos se vuelven explícitos.
De ese resultado depende buena parte del año político del Gobierno. La suspensión de las PASO es el único objetivo que Milei mantuvo como prioridad excluyente para 2026 y la pieza sobre la que descansa toda su estrategia de cara a la reelección en 2027. Si sale en septiembre, la Casa Rosada llegará a la negociación del presupuesto con una victoria en la mochila. Si no, tendrá que discutirlo todo junto y en las condiciones que había querido evitar.
El Gobierno quiere encausar el dialogo con los mandatarios provinciales con un pacto de no agresión. El operativo de Diego Santilli con el aval de Karina Milei.
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