La medida del Gobierno de disponer por decreto los gastos reservados de la SIDE puso en alerta a partidos de la oposición como la Coalición Cívica, de Maxi Ferraro, y el GEN de Margarita Stolbizer.
Partidos como el GEN y la Coalición Cínica advierten que una decisión de esa naturaleza debe pasar por la aprobación del Congreso.
La medida del Gobierno de emitir un DNU para aumentar en $100.000 millones los gastos reservados de la flamante Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) puso en alerta a partidos de la oposición como la Coalición Cívica y el GEN de Margarita Stolbizer.
Las críticas apuntan a la envergadura del incremento: en un marco de fuerte restricción del gasto público, las partidas para inteligencia aumentaron un 778% desde que el presidente Javier Milei asumió su mandato.
El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, calificó como “innecesario" el aumento y desde el bloque de Diputados del partido presentaron un proyecto para declarar la nulidad del DNU 656/24 que decretó la suba publicado el martes en el Boletín Oficial.
“No hay motivos que justifiquen esa decisión: si pretenden fortalecer las funciones de la nueva Secretaría pueden hacerlo de manera transparente y no aumentando un 3.131% los gastos secretos y discrecionales que dieron origen a las más oscuras operaciones de inteligencia, impunidad y corrupción desde el retorno de la democracia”, añadió.
El diputado nacional mencionó los casos de “Telleldín en AMIA, las coimas en el Senado, los sobresueldos de Menem y Cavallo, las operaciones de Milani, entre muchas otras”.
Por su parte, la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, consideró que se trata de una medida "absolutamente ilegal, arbitraria e incoherente con el discurso del propio Gobierno" y acusó a la administración de Milei de abusar de los DNU. También remarcó que este tipo de decisiones debe pasar por el Congreso.
La diputada nacional Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, expresó en diálogo con Cadena 3 su rechazo al decreto de necesidad y urgencia que asignó a la Secretaría de Inteligencia (SIDE otra vez, tras la disolución de la AFI) 100.000 millones de pesos extra para gastos reservados.
Stolbizer argumentó que el Gobierno está abusando de los decretos sin justificar la necesidad ni urgencia para dictarlos, violando así la Constitución. Además, señaló que según la ley de administración financiera, los fondos reservados o destinados a las áreas de inteligencia "solo pueden ser asignados por el Congreso y no mediante un decreto".
Cuando el jefe del Estado decidió disolver el organismo creado por los gobierno kirchneristas, el argumento fue que utilizaba "inteligencia interna".
En efecto, cuando el Gobierno prorrogó el presupuesto 2023 el crédito asignado a la ex-Agencia Federal de Inteligencia (AFI) era de $15.557 millones. Ahora trepó a $136.741 millones, con el agravante de que todo este presupuesto será, de ahora en más, reservado.
Esto significa que sus autoridades podrán hacer uso discrecional de esos gastos y no estarán obligadas a rendir cuentas sobre su ejecución, salvo ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Seguridad e Inteligencia del Congreso, un cuerpo cuya conformación viene demorada hace ocho meses por la obsesión del oficialismo de controlar su funcionamiento.
La ahora nuevamente llamada SIDE –a cargo de Sergio Neiffert, hombre de Caputo– tiene como objetivo que empoderar al organismo con amplias facultades operativas y presupuestarias –incluidos los gastos reservados–, y concentrar en él la supervisión de todo el sistema de inteligencia nacional.
Por medio del DNU 614, publicado la semana pasada, dispuso crear cuatro órganos desconcentrados que formarán parte de la SIDE: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).
Las cambios fueron anunciados oficialmente por la cuenta de la Oficina del Presidente, con el detalle de las nuevas agencias y sus responsabilidades
El Gobierno decretó un financiamiento de 100 mil millones de pesos para el nuevo organismo de inteligencia. Serán gastos reservados. La medida se adoptó mediante un DNU.
Aumento de cortes obligatorios. Este proyecto de LLA elevaría las mezclas mínimas un año después de su sanción, llevando el bioetanol del 12% al 15% y el biodiésel del 7,5% al 10%.
Beneficio para el bioetanol. Un 12% del total de bioetanol quedará blindado en partes iguales para la caña de azúcar y el maíz. Beneficia a Tucumán, Salta y Jujuy.
Progresiva desprotección del biodiésel. Para las PyMEs no integradas, la cuota de mercado reservada descenderá gradualmente hasta llegar a un piso del 3% entre 2031 y 2036, compitiendo con las grandes aceiteras. Gracias a este punto se pierden votos.
Conflicto en el Senado. La disputa rompió alianzas. Legisladores de provincias azucareras enfrentan a los de distritos con fuerte producción de biodiésel (Santa Fe, Buenos Aires, San Juan y La Pampa), quienes exigen congelar el cupo PyME en 3% de forma permanente.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.
Licenciado en Ciencia Política y Magister en Economía
