En la Casa Rosada se desató una tormenta de reproches. De un lado Santiago Caputo; del otro Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem. Preocupación por las cuentas.
El fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal no sólo obligó al Gobierno a cumplir con la ley de financiamiento universitario: también detonó un nuevo capítulo de la interna en la Casa Rosada entre Santiago Caputo y los Menem, que ahora se acusan por un costo político y fiscal que nadie quiere asumir.
En el Gobierno admiten que el impacto de la sentencia puede trepar a $7 billones, una cifra que choca de lleno con el corazón del programa libertario: el equilibrio fiscal. Pero más allá de los números, lo que se desató en Balcarce 50 es una discusión de poder. Quién tuvo la culpa de que el Ejecutivo llegue a este escenario sin una salida política cerrada.
Cerca de Santiago Caputo apuntan directo contra Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. La reconstrucción que hacen es lineal: después de las elecciones de octubre, el oficialismo tenía una ventana para desactivar el conflicto con las universidades. El tándem educativo que integran Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez había empezado a negociar una nueva ley de financiamiento universitario para enviar al Congreso durante las sesiones extraordinarias.
El objetivo era claro: reemplazar la ley vigente por un esquema más acotado, jurídicamente sólido y compatible con el ajuste. “Había una salida política antes del fallo”, resumió ante El Observador una fuente con acceso al despacho presidencial.
Ese camino, sin embargo, quedó en pausa. Del otro lado, en el universo de los Menem, predominó otra lógica: no abrir un frente de negociación innecesario y apostar a que la Justicia termine ordenando el conflicto. La jugada implicaba ganar tiempo, evitar concesiones y priorizar otros proyectos en la agenda legislativa. El problema es que esa apuesta falló.
“Se durmieron esperando un fallo que los salvara”, disparan cerca de Caputo, donde sostienen que el error fue haber subestimado el conflicto universitario y haber relegado la negociación. Del lado de los Menem responden con otra lectura: abrir una negociación después del veto y de la insistencia del Congreso era convalidar una derrota política. La discusión, en el fondo, vuelve a exponer las dos lógicas de poder que conviven dentro del oficialismo.
"Los rectores de las universidades, que formaban parte del entendimiento inicial, advirtieron que las demoras tornaban inviable sostener el consenso alcanzado", remarcó una fuente del mundo universitario conocedora de las negociaciones. El paso del tiempo sin avances concretos en el Congreso terminó por desarticular el respaldo necesario para sancionar la ley.
Esta vez, la diferencia no quedó encapsulada en una discusión interna. Tuvo consecuencias concretas: un fallo adverso, un costo fiscal millonario y un nuevo frente de conflicto con el sistema universitario.
En la Casa Rosada ya dan por hecho que el Gobierno apelará la decisión judicial para ganar tiempo y evitar un impacto inmediato. Pero incluso si logra estirar los plazos, el problema político ya está instalado. “Esto se podría haber evitado”, repiten en uno de los despachos más influyentes del oficialismo.
El episodio también reconfigura la dinámica de la mesa política de La Libertad Avanza. La tensión entre el sector de Caputo -las Fuerzas del Cielo- y los “territoriales” que orbitan alrededor de Karina Milei y los Menem suma un nuevo antecedente en una disputa que ya venía escalando.
Por ahora, el triángulo de hierro que integran Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo evita un quiebre abierto. Pero cada crisis deja marcas. Y esta, en particular, tiene un agravante: no fue un error de comunicación ni un traspié político menor, sino una derrota institucional con impacto fiscal.
En ese escenario, la pregunta que empieza a circular en los pasillos oficiales es tan incómoda como inevitable: quién paga el costo de haber apostado mal. La respuesta, como suele pasar en este Gobierno, no será pública. Pero la consecuencia sí: la interna entre Santiago Caputo y los Menem quedó otra vez expuesta, con un fallo judicial como detonante y una cuenta de varios billones como telón de fondo.
La oposición tratará de derogar los decretos del Gobierno que establecen el cierre y la transformación de organismos públicos.
El Ejecutivo ratifica así su decisión de no modificar el rumbo económico pese a la tensión política. La oposición busca reunir dos tercios para revertir las decisiones y los universitarios convocan a un paro.
El cruce por los sueldos de los rectores marca el debate sobre el veto a la ley de financiamiento universitario, mientras los sectores académicos se movilizan.
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