El Gobierno necesita reconquistar los votos de ese electorado volátil, menos polarizado y que esta geográficamente ubicado en las ciudades del interior. Es menos relevante electoralmente el conurbano bonaerense que los conurbanos de Córdoba capital y Rosario.
Las elecciones del 2023 expusieron un fenómeno que la política argentina aún intenta asimilar. La crisis económica cocinada a fuego lento desde 2011 tuvo como contracara política una crisis de representación. El Gobierno hace frente a la doble crisis con la familia Caputo. “Toto” en el ministerio buscando estabilidad y crecimiento, Santiago en la comunicación y en la estrategia electoral. Tal vez fueron Milei y Santiago Caputo quienes en 2023 comprendieron en primera instancia las consecuencias en las dinámicas electoral de una crisis de representación. Particularmente, el desanclaje entre votantes y liderazgos. Es decir, lideres que reclaman representación y electores que no legitiman a ninguno. Más allá de los efectos para la gobernabilidad, esta situación cambia de fondo la forma en la que se piensa la estrategia electoral. Los votantes quedaron disponibles y la competencia se volvió un asunto esencialmente territorial, donde ya no pesa tanto a quién sumar como qué distritos conquistar, cuáles empatar y cuáles resignar. Así, ganar una elección y reunir los apoyos para gobernarla dejaron de ser parte del mismo ejercicio.
Proyectado sobre los resultados de la última década, el tablero electoral se superpone con notable precisión sobre un clivaje económico que la gestión de Javier Milei no hizo más que explicitar. De un lado está la Argentina exportadora: el agro de la pampa húmeda, la agroindustria del Gran Rosario, la energía de Vaca Muerta, la minería de la cordillera y los servicios de CABA. Del otro, la Argentina ligada al mercado interno, al empleo público y a la sustitución de importaciones, con su núcleo en el conurbano bonaerense y en buena parte del Norte.
Veamos este clivaje en votos. Si tomamos cada provincia y le asignamos un reparto de dos vías entre el polo peronista y el no peronista, anclado en su comportamiento efectivo en las elecciones nacionales de 2015 a 2025 y calibrado con un techo de 60 a 40, obtendremos un país partido casi exactamente en dos. El no peronismo arranca en torno al 51,6% y el peronismo al 48,4%, algo más de tres puntos y unos ochocientos mil votos de diferencia.
La pregunta central en un país con una división casi simétrica (en territorio y en votos) pasa a ser quién define una elección y, en consecuencia, el modelo de desarrollo de los años venideros. Si se hace variar por completo a una región y se deja el resto en su lugar, se comprueba que casi ninguna del interior alcanza, por sí sola, para dar vuelta la elección. Por ejemplo, un corrimiento de diez puntos en Santa Fe mueve el margen nacional apenas punto y medio, y en la Patagonia, el NEA o el NOA, algo más de uno. Como era de esperar, la única provincia con verdadera palanca es Buenos Aires, donde ese mismo corrimiento desplaza más de siete puntos el resultado. No obstante, aparece aquí una particularidad, lo que decide no es tanto el número de electores que concentra un distrito sino cuán desparejo vota. Así, la Argentina exportadora corre con ventaja al tener diferencias amplias en un puñado de provincias medianas en lugar de dispersar su fuerza en un gran distrito dividido.
Córdoba es la expresión más acabada de esa lógica. Con cerca del 9% del padrón vota de manera tan adversa al peronismo que le entrega a su rival un margen que ninguna otra provincia iguala. En números, el aporte cordobés es medible y consistente: le dio al no peronismo 930 mil votos netos en 2015, 730 mil en 2019 y 1,2 millones en 2023. Su carácter decisivo se aprecia mejor por la negativa. En 2015 Mauricio Macri perdió la provincia de Buenos Aires frente a Daniel Scioli y ganó la presidencia por 680 mil votos; si se retira Córdoba de esa cuenta, el resultado nacional se invierte y el presidente habría sido Scioli.
Buenos Aires ocupa el lugar opuesto, con un rasgo que suele pasarse por alto: es un distrito dividido contra sí mismo, porque su interior agrario pertenece a la Argentina que exporta mientras el conurbano concentra el corazón de la economía protegida. Por su tamaño tiende a repartirse casi por mitades en las elecciones reñidas, y por eso ganarla no equivale a ganar el país. El peronismo se impuso en ella en 2015, en 2019 y en 2023 y perdió igual la presidencia en dos de esas tres, y su aporte al margen peronista es tan errático como esa condición dual: 219 mil votos en 2015, 1,7 millones en la ola de 2019, apenas 129 mil en 2023. Retirada Buenos Aires de las cuentas de 2015 y de 2023, el triunfo no peronista se agranda. El distrito más grande del país funciona, para el peronismo, menos como un generador de mayorías que como un amortiguador de sus derrotas.
Esa asimetría nos ayuda a ordenar el escenario que viene. Planteado este escenario parece más notable que el oficialismo no necesita disputar el conurbano, sino que le alcanza con impedir que esa provincia se convierta en una goleada, siempre que mantenga cohesionada su propia coalición. El Gobierno necesita reconquistar los votos de ese electorado volátil, menos polarizado y que esta geográficamente ubicado en las ciudades del interior. Puesto de modo taxativo, es menos relevante electoralmente el conurbano bonaerense que los conurbanos de Córdoba capital y Rosario. Su traducción económica es que pierde importancia estratégica la mejora del empleo en el AMBA que la continuidad del auge del agro, la energía y la minería, y como se traducen en crecimiento económico en las urbes del interior del país. Dicho de otro modo, para Milei sostener la apertura y preservar la coalición que lo llevó al poder son el mismo objetivo.
Vista así, 2027 puede resultar una elección bisagra, no porque modifique una relación de fuerzas coyuntural sino porque someterá a prueba cuál de las dos Argentinas está en condiciones de imponer su modelo en el largo plazo. La disociación entre ganar y gobernar encuentra en este punto su forma más precisa: al poder se llega ya no con una coalición de dirigentes sino con una coalición de provincianos. Esa coalición electoralmente ganadora, no obstante, no garantiza gobernabilidad, para ello aún se necesita una coalición de dirigentes.
