La foto de los diputados libertarios en su visita a los genocidas en Ezeiza.
La oposición denunciará hoy en la sesión que dos ministros trabajan para que los condenados por crímenes de lesa humanidad accedan al beneficio de la prisión domiciliaria.
La vistita de un grupo de diputados libertarios a detenidos por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza el último 11 de julio se transformó en un escándalo que no para de escalar. La foto de los legisladores que responden a Javier Milei sonriendo junto a genocidas de la talla de Alfredo Astíz dinamitó el manto de dudas que algunos legisladores buscaban poner sobre la visita.
En ese marco, y de cara a la sesión que se llevará adelante hoy, la tensión está latente y se pondrá de manifiesto dentro del recinto. Desde la oposición impulsarán el debate para iniciar el trámite de expulsión a legisladores nacionales que participaron del encuentro.
La foto es elocuente, las sonrisas también. Una cruz y una virgen son parte del paisaje define el armado de la foto que fue tomada en uno de los salones del penal de Ezeiza.
El sólo trascendido de la visita provocó fuertes discusiones dentro del bloque libertario. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, intentó apaciguar las aguas. Por eso declaró que se trató de una decisión autónoma de un grupo de Diputados y no de una vistita oficial. Bajo la misma lógica, el riojano buscó reunir a su bloque y unificar un discurso. Fue misión imposible.
La diputada libertaria, Rocío Bonacci, que no aparece en la foto, decidió no callar. Insistió con que llegó hasta Ezeiza engañada y que sostuvo Beltrán Bénedit y Guillermo Montenegro fueron los organizadores de la visita. También dejó trascender que la reunión tuvo el aval de Menem y de la Casa Rosada.
De ese encuentro, los diputados se llevaron una carpeta con “ideas para la prisión domiciliaria”. La recibieron de manos de Raúl Guglielminetti, exagente del Batallón de Inteligencia 601, condenado prisión perpetua por su rol en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti.
Desde la oposición aseguran, y hoy quedará expuesto en la sesión, que no se trata de seis diputados aislados, sino que se trata de una política que tiene el claro aval de la Casa Rosada y a dos ministros trabajando para que se concrete.
En ese marco, hoy en la Cámara de Diputados, se denunciará que tanto el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como la ministra Patricia Bullrich, trabajan desde el 11 de diciembre para conseguir que los genocidas tengan acceso al beneficio de la prisión domiciliaria.
En la foro aparecen Mario “El Cura” Marcote, miembro del Servicio de Informaciones y condenado a 17 años de prisión en Rosario; Alfredo Astiz, conocido como “el Ángel de la muerte” y condenado por infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo, así como por desapariciones y torturas en la ESMA; Miguel Britos, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal, condenado por delitos en el circuito represivo ABO; Honorio Carlos Martínez Ruíz, condenado a perpetua por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti; y Raúl Guglielminetti.
Entre los condenados por los crímenes de la dictadura también aparecen Marcelo Cinto Courtaux, miembro del Destacamento 201 de Inteligencia que actuó en Campo de Mayo; Julio César Arguello, condenado a perpetua por delitos cometidos en el “Circuito Camps”; Juan Manuel Cordero, condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor; Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), alias “El hijo de Sam”, condenado por delitos de lesa humanidad en la ESMA; Gerardo Arraez, condenado a 25 años de prisión por delitos en el circuito represivo ABO; Adolfo Donda, condenado por su accionar en la ESMA y por el secuestro de la exdiputada Victoria Donda; Antonio Pernías, (alias “Trueno” o “Rata”), condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la ESMA; y Juan Carlos Vázquez Sarmiento, responsable de secuestros y torturas, prófugo de la Justicia durante casi 20 años.
Por su parte, los diputados libertarios que posaron para la foto son Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferrerya.
Rocío Bonacci, otra de las diputadas que participó del encuentro, fue la única que se negó a posar junto a los genocidas.
El escándalo de la visita de los diputados a Ezeiza devino en una denuncia penal que formuló el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, para que se investigue como llegaron los diputados a organizar la visita y la cadena de responsabilidades que permitieron el encuentro que llegan hasta el Servicio Penitencia Federal y el ministerio de Seguridad.
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