El ministro del interior, Guillermo Francos, expone en la Reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales que analiza la ley Bases
Ley Bases en el Senado: las objeciones de la oposición complican el avance del proyecto
Los senadores también reclamaron más tiempo para estudiar las medidas propuestas; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, reconoció la posibilidad de considerar modificaciones.
La apertura del debate en el Senado sobre la llamada Ley Bases y el paquete fiscal ha desencadenado una serie de críticas a los proyectos del Poder Ejecutivo que amenazan con complicar el proceso legislativo de las iniciativas y ponen en duda que el oficialismo pueda lograr su objetivo de tenerlas aprobadas en comisiones esta misma semana para llevarlas al recinto el próximo 16 de mayo.
Un plenario de las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda escuchó al ministro del Interior, Guillermo Francos, y al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, defender los proyectos. Después de más de cinco horas, los funcionarios se enfrentaron a decenas de objeciones a los proyectos, especialmente de los bloques de la denominada oposición dialoguista, y la sensación de que las iniciativas podrían sufrir cambios que obligarían a su regreso en segunda revisión a la Cámara de Diputados.
Desde el inicio de la reunión, el peronista disidente y presidente de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider (Entre Ríos), dejó claro que está dispuesto a tomarse todo el tiempo necesario para analizar los proyectos.
El mismo mensaje fue transmitido horas antes por los senadores radicales a Rolandi en una reunión que el funcionario de la jefatura de Gabinete mantuvo con la bancada que lidera el radical Eduardo Vischi. Por su parte, el kirchnerismo anticipó que solicitará que se invite a más expositores, incluyendo a la CGT, las dos CTA y a representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Aunque el oficialismo aún no renuncia a sus aspiraciones de que las comisiones dictaminen los proyectos este jueves, durante la discusión en comisiones Rolandi admitió que podrían aceptar cambios. Lo hizo al responder a una solicitud de eliminación de la cláusula formulada por Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital). El vicejefe de Gabinete admitió que, si persiste la resistencia, y en la búsqueda de conseguir un mayor respaldo legislativo a la iniciativa, el Gobierno estaría dispuesto a modificar el polémico artículo 163 del proyecto de Ley Bases, que declara “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Los cuestionamientos a este punto encontraron eco en casi todos los bloques.
El senador Mart+in Lousteau asiste a la reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales que analiza la ley Bases
RIGI, reformas y facultades, las críticas de los senadores a la Ley Bases
El RIGI fue uno de los capítulos más criticados. El radical Martín Lousteau (Capital) lo calificó de “hiper generoso” en los beneficios que otorga a quienes se acojan al régimen. Su correligionario Víctor Zimmermann (Chaco) expresó sus dudas sobre el criterio de selección de los proyectos que podrán acogerse al sistema y cuál será la participación de las provincias en el proceso de elección de las inversiones.
También se escucharon críticas a los cambios que impulsa la Ley Bases en el régimen previsional, a la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo y a la posibilidad que tendrá el Gobierno de avanzar con una amplia reforma del Estado, no sólo mediante la privatización de empresas, que están enumeradas en la iniciativa, sino también a partir de la fusión o eliminación de oficinas estatales.
El paquete fiscal también fue objeto de críticas por parte de los senadores. La senadora rionegrina Mónica Silva expresó la queja de las provincias patagónicas sobre el impacto que la reinstalación del impuesto a las Ganancias tendrá en la región, en particular entre los trabajadores petroleros.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.