Ley de Glaciares: la oposición anticipa una batalla judicial y el Gobierno se apoya en los gobernadores
Ley de Glaciares: la oposición anticipa una batalla judicial y el Gobierno se apoya en los gobernadores
El proyecto debutó en comisiones con fuerte respaldo de las provincias y una advertencia de la oposición: si se modifica la norma actual, irá a la Justicia.
El proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Glaciares aterrizó este miércoles en el Senado y activó un debate de alto voltaje político, ambiental y económico. La iniciativa busca redefinir el alcance de la Ley 26.639, otorgarle mayor precisión jurídica y reforzar el carácter federal del régimen de protección, a fin de destrabar proyectos mineros y energéticos. Del otro lado, preparan una denuncia por considerar que implica un retroceso en materia de protección ambiental.
La norma actual toca fibras sensibles entre ambientalistas y empresarios. El objetivo de Nación con su modificación es aclarar su alcance, darle un marco federal y también otorgar precisión jurídica, aunque promete ir de la mano de una regulación ambiental. Insiste en que hay varios proyectos mineros y energéticos que se encuentran paralizados debido extremas restricciones de la norma, que cuidan zonas que no están comprometidas.
Del otro lado, aseguran que el llamado "ambiente periglacial" -zona protegida por la normativa que rige- puede contener entre un 35% y un 70% de hielo en su interior y, por ende, podría contaminar el agua. La oposición en el Congreso adelantó este miércoles que judicializará la ley de llegar a ser reformada.
Debate en plenario de comisiones del Senado por la modificación de la Ley de Glaciares.
Prensa / Senado
Expusieron el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom. Luego hubo una reunión de la Mesa Federal, con la participación de funcionarios de Minería y de Medio Ambiente de las provincias, y desde Casa Rosada insisten en tener fuerte apoyo por parte de las provincias.
Y para este jueves 18, se espera que senadores, gobernadores (Marcelo Orrego de San Juan y Raúl Jalil de Catamarca), cámaras empresariales y ambientalistas se reúnan en la Cámara alta para avanzar en este proyecto del Ejecutivo. Afuera estarán marchando la CGT junto a universidades contra el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, otros dos temas que se debaten en paralelo.
Nueva Ley de glaciares: el Gobierno le quita peso a la judicialización
Dentro del Poder Ejecutivo le quitaron peso a la amenaza de judicialización que los senadores del peronismo y kirchnerismo lanzaron durante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sobre todo la legisladora Anabel Fernández Sagasti.
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.
Prensa / Senado
"Nos están corriendo, es de manual. Judicialización es el manual de alguien que se ve perdido. Seguro la van a judicializar, pero es un tema ideológico con el que se manejan y el proyecto es constitucional. No quieren el desarrollo de estos sectores clave para el país", mencionó un funcionario de Casa Rosada que sigue de cerca el avance del proyecto.
De todos modos, dejaron abierta la puerta a discutir y modificar la iniciativa durante el debate parlamentario. “Cuando llevás un proyecto al Congreso, es un hecho que algo puede cambiar. Así es el juego democrático”.
Ley de glaciares: argumentos a favor y en contra
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, expresó que la iniciativa "va a contribuir al desarrollo económico nacional, entre otras áreas, a través del desarrollo de la minería". Explicó que el proyecto tiene dos objetivos centrales: clarificar el Régimen de Protección de Glaciares establecido por la Ley 26.639 y precisar las competencias en materia de protección ambiental.
Lucero y Brom se apoyaron en dos artículos clave de la Constitución nacional: “El 41 habla del derecho a un ambiente sano, pero también de la utilización racional de los recursos. Y el 124 es clarísimo: los recursos son de las provincias. Respetar la autonomía provincial no es un capricho, es un mandato constitucional”.
El subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom.
Prensa / Senado
Fernández Sagasti lanzó: “Esta ley va a ser judicializada porque en el derecho ambiental, artículo 41 de la Constitución, rige el principio de progresividad y de no regresión. Se están violando esos principios constitucionales”. Y remarcó: “Esta ley no es aclaratoria porque cambia los principios de la ley anterior”.
A su turno, la senadora Alicia Kirchner, exgobernadora de Santa Cruz, consultó acerca del retroceso de los glaciares y pidió que se tenga en cuenta en la iniciativa del Gobierno: “Es una impericia por parte de este Senado apurarnos a aprobar esta ley”. Además, disparó: “No genera desarrollo sostenible como se ha afirmado acá, el desarrollo de la minería”.
El plan para acumular reservas cayó bien: el riesgo país descendió a 560 puntos. Analistas creen que puede seguir bajando. La áciuda advertencia de Arriazu.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.