Lorenzetti, tras la reelección de Rosatti como presidente de la Corte: "Si ingresan los dos miembros nuevos, habrá que elegir otra vez las autoridades de la Corte"
El juez del máximo tribunal sostuvo que "es muy difícil" funcionar con una Corte de tres miembros, tal como quedará el tribunal a partir de diciembre cuando se jubile Carlos Maqueda
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti aseguró que cuando finalice el proceso de nominación y acuerdo de los dos nuevos miembros propuestos por el Gobierno para el máximo tribunal -el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla- se deberá realizar de nuevo la votación de autoridades que se realizó ayer, en la que resultaron reelectos como presidente y vice del máximo tribunal Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, respectivamente.
“Hay que aclarar: si ingresan los dos miembros nuevos, significa que pasamos de tres a cinco miembros, habrá que elegir de nuevo a las autoridades. Cuando entren los nuevos ministros discutiremos y elegiremos”, aseguró el magistrado -que se abstuvo en la votación de ayer- en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre.
Lorenzetti sostuvo que en la Corte Suprema se abre un período de transición durante el cual el máximo tribunal funcionará con tres miembros cuando el 29 de diciembre Juan Carlos Maqueda deje su lugar al cumplir los 75 años, a la espera de que el Senado apruebe los pliegos de los dos juristas nominados por el presidente Javier Milei, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pendiente todavía de dictamen en la Comisión de Acuerdos
“Yo entré a la Corte hace 20 años. Cambiaron presidentes, cambiaron las autoridades de la Corte, han pasado muchos miembros, pero la jurisprudencia no cambió: siempre se mantuvo en los grandes temas. Entonces, cuando se habla de una Corte de transición no se habla de los fallos, hay que darle tranquilidad a la gente de que la interpretación que se hace de los derechos se mantiene”, explicó Lorenzetti, quien fue presidente de la Corte entre 2007 y 2018.
Por ley, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene cinco integrantes; para emitir un fallo, es necesaria una mayoría de tres votos. Por eso, la situación de una Corte Suprema de tres miembros obligará a los tres integrantes -Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti- a consensuar los fallos o tener que recurrir a conjueces, sorteados entre los presidentes de las Cámaras federales del país.
Esta situación -que Lorenzetti calificó de "difícil"- ya sucedió en 2015, tras la renuncia de Carlos Fayt, que obligó a los ministros de aquel momento (Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Maqueda) a dialogar permanentemente en busca de acuerdos y posiciones comunes para poder fallar sobre cuestiones trascendentes para el país, según recordó el magistrado.
“En una Corte de tres miembros, desde el punto de vista personal, uno tiene mucho poder: son tres personas decidiendo los grandes temas del país, eso no está bien. Nadie debe tener demasiado poder en ningún poder del Estado, hay que tener mucha prudencia y tendremos que ponernos de acuerdo en todos los casos y resolverlos”, planteó.
Tras el período para recibir adhesiones e impugnaciones, el Ejecutivo decidió avanzar con las candidaturas para cubrir las vacantes en el máximo tribunal
Carlos Maqueda, que este año dejará el tribunal cuando llegue a los 75 años, propuso hacer la votación para los cargos que vencían el 1 de octubre. Ricardo Lorenzetti se abstuvo de votar y Carlos Rosenkrantz continuará como vice
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.