Javier Milei argumentó que una de las razones principales del veto es el impacto fiscal de las leyes.
El Presidente calificó las leyes como inviables, cuestionó su legalidad y alertó por su impacto sobre el equilibrio fiscal y el sistema previsional
¿Qué leyes fueron vetadas por el presidente Javier Milei?
El Poder Ejecutivo vetó en su totalidad tres leyes sancionadas por el Congreso: una que aumentaba haberes jubilatorios, otra que reinstalaba la moratoria previsional, y una tercera que declaraba la emergencia en discapacidad. El veto fue oficializado mediante el decreto 534/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial argumentando que las normas generan un gasto insostenible, carecen de financiamiento suficiente y fueron aprobadas con vicios reglamentarios en el Senado.
¿Cuáles eran los beneficios incluidos en las leyes vetadas?
Las medidas rechazadas incluían un bono de $110.000 para jubilados que actualmente cobran un refuerzo de $70.000 desde marzo de 2024, y un aumento adicional del 7,2% sobre los haberes previsionales. La moratoria previsional contemplaba la reinstalación de un régimen para acceder a jubilaciones sin los aportes completos, y la emergencia en discapacidad habilitaba nuevas pensiones no contributivas para personas con Certificado Único de Discapacidad.
¿Por qué el Gobierno decidió vetarlas?
El argumento central del veto es el impacto fiscal de las leyes. Según el decreto, las tres iniciativas implicarían un gasto adicional superior a $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026. Estas cifras representarían un 0,90% del PBI este año y un 1,68% el próximo, lo que según el Ejecutivo “dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales” y comprometería el superávit primario, calificado por el Gobierno como “innegociable”.
¿Qué objeciones formales planteó el Gobierno?
El Poder Ejecutivo argumentó que las leyes violan el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que todo gasto aprobado por ley tenga una fuente de financiamiento identificada. El decreto subraya que en el caso de las jubilaciones las fuentes propuestas cubren menos del 4% del costo, mientras que las otras dos normas ni siquiera especifican cómo se financiarán. Además, se indica que los proyectos no presentan cálculos actuariales adecuados para garantizar la sostenibilidad del sistema.
¿Qué irregularidades legislativas señala el decreto?
El Gobierno también denunció "graves nulidades" en el proceso parlamentario. La sesión del 10 de julio, en la que se aprobaron los proyectos, habría sido convocada sin la citación reglamentaria a los senadores. Además, se habrían habilitado los debates por mayoría simple cuando, según el Ejecutivo, se requería mayoría especial de dos tercios. También se objetó que se otorgara carácter de dictamen a documentos que, según la Secretaría Parlamentaria del Senado, no cumplían los requisitos formales exigidos.
¿Qué otros argumentos utilizó el Poder Ejecutivo para justificar el veto?
Además del impacto fiscal y los vicios legislativos, el decreto consideró que las medidas generan distorsiones en el sistema previsional. Sobre la moratoria, se afirmó que “socava los incentivos a la formalidad laboral” y consolida “un esquema paralelo al régimen contributivo”, en desmedro de quienes completaron sus aportes. En cuanto a la ley de discapacidad, el Gobierno alertó que ampliaría masivamente el universo de beneficiarios —hasta 1,5 millones de personas— con un fuerte impacto adicional sobre el sistema de salud y el Programa Incluir Salud.
¿Cómo quedaron los haberes jubilatorios tras el veto?
En agosto, los jubilados recibirán un aumento del 1,6% por inflación y el bono de $70.000, que permanece congelado desde marzo. El haber mínimo alcanzará los $384.243,51 con el refuerzo, mientras que el haber máximo pasará de $2.081.261,17 a $2.114.561,35.
El veto presidencial bloquea la entrada en vigor de las leyes, pero el Congreso tiene la posibilidad de insistir con su sanción. Para ello, la oposición debería reunir una mayoría calificada de dos tercios de los legisladores presentes en la Cámara de Diputados. Si bien en el Senado las iniciativas obtuvieron amplio respaldo, el oficialismo confía en contar con los votos necesarios para sostener el veto.
La estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza se centra ahora en consolidar un bloque de respaldo que incluya a los 39 diputados propios, legisladores del MID, sectores del radicalismo ya integrados al interbloque oficialista y miembros de Pro. Esta construcción se articula con negociaciones políticas que Karina Milei viene desarrollando con gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan), con vistas a ampliar la base de apoyo en el Congreso.
Mientras tanto, la oposición convocó a una sesión especial para el próximo miércoles, con un temario que incluirá proyectos críticos para el oficialismo: desde el financiamiento de universidades y hospitales hasta la coparticipación del impuesto a los combustibles y la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional.
