LLA busca ir al recinto el jueves 17 de septiembre para sancionar reforma del BCRA e Inocencia fiscal II.
Hay optimismo de que el Súper RIGI sea dictaminado este miércoles 2, pero aceptando dos modificaciones que regresarían el proyecto a Diputados para su revisión.
Para este miércoles 2, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, apuesta a destrabar el proyecto conocido como Súper RIGI, una de las iniciativas económicas que el Gobierno considera centrales para atraer grandes inversiones. La intención de La Libertad Avanza es llevarla al recinto el jueves 10 de septiembre, pero para lograr esto deberá aceptar dos cambios clave que la devolverán a su Cámara de origen.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, será tratado mañana en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General. Los senadores oficialistas aceptarán, en principio, dos modificaciones reclamadas por sus aliados, a sabiendas de que eso obligará a que el texto vuelva a la Cámara baja para una segunda revisión.
Dentro de la Casa Rosada inicialmente habían resistencias a modificar el proyecto. Sin embargo, Bullrich insiste en que aceptar los cambios propuestos es la única alternativa para conseguir los acuerdos necesarios y evitar que la iniciativa quede trabada en la Cámara alta. Todo se definirá mañana.
Los dos cambios que se incorporarán están vinculados con la contratación de proveedores locales y el abastecimiento eléctrico de los grandes proyectos de infraestructura, especialmente los data centers.
Cabe recordar que este proyecto de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, es un régimen de incentivos para atraer mega inversiones superiores a 1.000 millones de dólares en los sectores tecnológicos y productivos nuevos o experimentales en Argentina. Un complemento o continuación del ya aprobado RIGI.
Uno de los puntos de discusión está relacionado con los bienes transables y el compromiso de contratación de proveedores locales que establece el proyecto. La versión aprobada por Diputados dispone que los proyectos de inversión alcanzados por el régimen deberán asumir un compromiso de contratación con proveedores locales por un monto equivalente, como mínimo, al 20% del monto destinado a proveedores.
El reclamo de los aliados es que esa obligación no quede concentrada exclusivamente en servicios y mano de obra local, sino que también contemple la adquisición de bienes y equipos producidos en el país.
La diferencia es importante. Bajo una interpretación más acotada, una empresa podría cumplir con el porcentaje de contratación local contratando trabajadores, servicios profesionales, transporte, mantenimiento u otros gastos realizados en la Argentina, mientras que buena parte de los grandes equipos necesarios para llevar adelante la inversión podrían ser adquiridos en el exterior.
El cambio que impulsan los aliados busca que una parte de esa inversión también se traduzca en compras de bienes a proveedores argentinos. La lógica detrás del planteo es que el régimen no solamente atraiga capitales extranjeros o grandes inversiones, sino que una parte mayor del dinero que movilicen esos proyectos quede dentro de la economía argentina, generando actividad para empresas locales.
No se trata de impedir que los proyectos importen maquinaria o equipamiento que no se produzca en el país. El objetivo es que, cuando existan bienes que puedan ser provistos por empresas argentinas, la obligación de contratación local también pueda cumplirse mediante esas compras.
El segundo cambio está relacionado con los data centers, o centros de datos. Son instalaciones que requieren enormes cantidades de electricidad para funcionar.
El planteo de los aliados es que los grandes proyectos que demanden volúmenes extraordinarios de energía tengan que avanzar con sistemas propios de generación o abastecimiento eléctrico, de manera de evitar que su incorporación a la red termine sobrecargando la infraestructura existente.
La discusión aparece en un momento especialmente sensible para el sistema eléctrico argentino. El Gobierno enfrenta distintos problemas vinculados con el funcionamiento del mercado eléctrico y las cuentas de CAMMESA, mientras que también están sobre la mesa otros debates con impacto fiscal y energético, como el régimen de zonas frías.
En ese contexto, la preocupación es que la llegada de grandes inversiones -como los centros de procesamiento de datos- implique una demanda adicional de electricidad que deba ser atendida por la infraestructura que ya abastece a hogares y empresas.
La modificación apunta, entonces, a que el proyecto de inversión se haga cargo de su propia demanda adicional de energía, evitando que el costo de ampliar o reforzar la infraestructura necesaria recaiga sobre el sistema eléctrico en su conjunto. El objetivo es prevenir que una concentración de grandes consumidores pueda terminar generando problemas de abastecimiento o de capacidad para la población y para otras actividades productivas.
El director Ejecutivo y CEO de AmCham Argentina (Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina), Alejandro Díaz, estuvo este martes en Congreso durante una reunión del Grupo Parlamentario de Amistad con el país norteamericano en Diputados. En este contexto, manifestó en diálogo con El Observador: "El Super RIGI es muy importante para atraer inversiones. Pero también que se normalicen otros aspectos de inversión a largo plazo, como la ciberseguridad y las normas de localización de data center”.
"Creo que Argentina está demostrando al mundo que tiene lo que demanda. Minería, gas, petróleo, talento humano, y los agronegocios, donde el país es líder global”, manifestó. Luego, añadió: "Un Gobierno como el del presidente Milei, que apunta a normalizar la macro a través de mecanismos como la desregulación y nuevas normas, va a sumar ante el interés que tiene el mundo para participar de la Argentina. Y eso son situaciones probablemente únicas en la historia argentina. El mundo está viendo el potencial que tiene el país".
La decisión de aceptar estas modificaciones tiene una consecuencia parlamentaria: el Súper RIGI deberá regresar a la Cámara de Diputados si el Senado modifica el texto que recibió de la Cámara baja. Pese a la negativa inicial del Gobierno, entendieron que el costo de una segunda revisión aparece como un mal menor frente al riesgo de que el proyecto quede frenado en la Cámara alta.
La apuesta de Bullrich es que los cambios permitan cerrar un acuerdo con los bloques aliados y conseguir el dictamen este miércoles 2 de septiembre. Si ese objetivo se cumple, el oficialismo buscará llevar el proyecto al recinto el jueves 10 de septiembre.
La jornada podría incluir, además, el tratamiento del proyecto que apunta a los biocombustibles, siempre que esa iniciativa consiga dictamen durante esta semana. El proyecto podría avanzar en comisiones este jueves 3 de septiembre, aunque es un tema que aún preocupa. Más específicamente el biodiesel: su cupo y cuánto implica en el costo final de la nafta.
De esta manera, el Gobierno busca llegar a la próxima sesión con una agenda económica que combine sus principales objetivos: generar condiciones para atraer grandes inversiones. Pero, a la vez, que parte de esa inversión se derrame sobre proveedores locales y que los nuevos grandes consumidores de energía no comprometan la infraestructura existente.
"El Gobierno Nacional refuerza su compromiso de proteger a los más vulnerables sin resignar el proceso de normalización tarifaria ni las metas fiscales", señalaron desde la Secretaría de Energía.
La modernización de la Ley 24.196 y su convivencia con el RIGI configuran un nuevo marco para la inversión minera en Argentina, con menos burocracia, mayor previsibilidad y un esquema de incentivos diferenciado según la escala de los proyectos
