En la agenda postelectoral del Gobierno aparece, por ahora de forma marginal, un cambio rotundo en el universo de la asistencia social que maneja Sandra Pettovello desde el Ministerio de Capital Humano. La profundidad de la modificación y la fecha en que entrará en vigencia está por verse. Sin embargo, desde el Ejecutivo dejaron en claro que buscarán reemplazar las transferencias directas de dinero a los movimientos sociales por un sistema de cupones o vouchers de capacitación.
El plan establece que los beneficiarios canjean los vouchers por cursos y entrenamientos laborales. La propuesta se articula desde el Ministerio de Capital Humano, que negocia acuerdos con empresas, organizaciones productivas y centros de formación técnica. Fuentes cercanas a la ministra explican que trabajan en un sistema para que la gente se capacite en trabajos útiles para cada región del país.
El solo anuncio puso en alerta a los movimientos sociales que, independientemente de esta decisión, ya plantean una gran protesta que se llevará a cabo en el mes de diciembre y que se extenderá en todos y cada uno de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
En ese marco, y según pudo saber El Observador por fuentes del Ministerio de Capital Humano, el proyecto aún es embrionario. El foco está puesto en abril. Y la idea que sobrevuela todo está construido en espejo a lo que fue el “plan empalme” que se llevó a cabo durante el gobierno de Cambiemos. Aquella política buscaba la inserción laboral a partir de la cooperación público-privada. Sus resultados fueron más que modestos.
Los movimientos sociales en alerta
Advertidos de la lógica, los movimientos sociales ya buscan en sus archivos la estadística que pone de manifiesto el fracaso de la iniciativa.
El esquema que se trabaja dentro del Ministerio de Capital Humano propone que el Estado aporte infraestructura y mantenimiento, mientras que las empresas privadas se hacen cargo de los contenidos y la formación práctica.
Los movimientos sociales no cierran la puerta a la discusión, pero quieren ser escuchados. Algo que por ahora no parece estar en la agenda del Gobierno. En ese sentido, los dirigentes le reconocen al Gobierno “la viveza de plantear la reforma laboral como una solución a la informalidad”, pero entiende que más allá de lo discursivo, las modificaciones planteadas por el Gobierno no van en ese sentido y piden una silla en la mesa de discusión.
La reforma, explican, va por un carril en donde se encuentra hoy la minoría de los trabajadores de la Argentina. Por eso reclaman espacio para dar a conocer una contrapuesta que permita el debate sobre una solución real a los sectores que lidian con la informalidad y que supera, solo en el trabajo en el espacio público, a los 800 mil trabajadores.
La letra chica de los vouchers
La medida de cambiar planes por capacitación, afecta específicamente a los actuales titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Estos programas reemplazaron al ex Potenciar Trabajo. El Gobierno estima que cerca de un millón de personas participa hoy en los programas sociales que experimentan el cambio.
El objetivo oficial busca reconvertir los programas asistenciales en herramientas de formación y empleabilidad. Funcionarios aseguran que el proyecto busca reducir la intermediación y vincular de forma más directa a los beneficiarios con empresas que realmente buscan trabajadores. El Gobierno sostiene que el esquema actual genera dependencia y no promueve la independencia económica. La meta pasa de programas de transferencias a programas de empleabilidad gradual.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
Cártel de Sinaloa (México). Es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana (México). Es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional.
Los Tiguerones (Ecuador). Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
FARC-EP y EL (Colombia). Son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
