Javier Milei firmó el DNU que modifica el Presupuesto que maneja Luis "Toto" Caputo. Incluye una ayuda para un organismo que conduce Karina Milei.
El DNU 425/2025 de Milei ajusta partidas clave, aumenta fondos para Anses y PAMI, beneficia a algunos gobernadores y destina recursos a una Agencia de Karina.
Salarios, subsidios, deuda, obras públicas y una ayuda para un organismo bajo la órbita de Karina Milei. Eso surge del DNU 425/2025 firmado por Javier Milei que salió publicado este martes en el Boletín Oficial. Como nunca se aprobó el Presupuesto 2025 (y tampoco el 2024), el Gobierno viene funcionando con el Presupuesto 2023 prorrogado. Por eso, es necesario adecuar las partidas para actualizarlas y poder así afrontar cuestiones claves como el pago de salarios o subsidios.
Por eso, el DNU no puede leerse de manera lineal. El aumento de partidas no significa que esté beneficiando la ayuda social por el aumento de fondos a la Anses y al PAMI o, por el contrario, que se estén privilegiando recursos para el pago de la deuda externa. Lo que hace el DNU es sincerar un presupuesto viejo a los fondos necesarios en 2025.
No obstante, en las más de 500 planillas que forman parte de los anexos del DNU de Milei aparecen decisiones clave que muestran acuerdos con gobernadores, obras públicas privilegiadas (en general con créditos de organismos internacionales) y el paso de la motosierra por distintas áreas.
Uno de los puntos más destacados del DNU es el sinceramiento de partidas dentro de un Presupuesto prorrogado. En casi todas las carteras hay más recursos para asignarlos al pago de salarios. El mayor impacto se ve en el aumento de fondos para la Anses (suma $ 21,5 billones), PAMI ($ 740.451 millones) y la Agencia Nacional de Discapacidad ($ 1 billón). Estos ajustes son necesarios para hacer frente al gasto social ya contemplado en el programa de gobierno.
En cuanto a la deuda, el DNU contempla una aumento de $ 2 billones destinados al pago de servicios de la deuda, lo que refuerza la necesidad de ajustar los números para seguir cumpliendo con los compromisos internacionales.
Otro aspecto relevante de este DNU es el apoyo que se otorga a algunos gobernadores, particularmente en obras claves para mejorar la infraestructura de sus provincias.
En la planillas que corresponden al Ministerio de Economía se encuentran partidas para programas de obras públicas en lo vinculado a cloacas, agua potable o de recursos hídricos. En su mayoría son partidas que vienen de créditos externos aportados por organismos internacionales, como el BID.
Las provincias beneficiadas, llamativamente, son seis que mantienen un buen vínculo con el gobierno nacional.
En el listado se encuentran:
Entre Ríos (Rogelio Frigerio): Tres obras por un total de $8.477 millones
Río Negro (Alberto Weretilneck): Dos obras por $8.575 millones
Tucumán (Osvaldo Jaldo): Dos obras por $9.990 millones
Chubut (Ignacio Torres): Dos obras por $12.339 millones
Chaco (Leandro Zdero): Dos obras por $6.000 millones
Salta (Gustavo Sáenz): Una obra por $3.122 millones
El Gobierno de Milei no es muy afecto por invertir en obra pública, sino que por definición prefiere que sean los privados los que inviertan en las cuestiones prioritarias. Por eso, las obras que aparecen en las planillas presupuestarias saltan rápidamente a luz. Entre las privilegiadas, se destaca la construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote, en la localidad bonaerense de Mercedes, con una asignación de $37.886 millones para este año. Una inversión que ha generado opiniones divididas, pues mientras algunos valoran la apuesta por la seguridad y el sistema penitenciario, otros critican la prioridad de este tipo de proyectos en un contexto económico complejo.
En las planillas anexas al Presupuesto también se agregaron seis proyectos al listado de obras públicas que inciden en ejercicios futuros, es decir, que desde el vamos se sabe que no se terminarán en el año en curso. Allí se incluyeron la construcción de un polo electoral (judicial) en La Plata, la adecuación integral de la sede del juzgado federal número 2 de San Juan, el desarrollo de la planta piloto para la producción de electrolitos de baterías de ion-litio en la rionegrina Pilcaniyeu, la construcción de 2 seccionales de Parques Nacionales en Translasierra, Córdoba, y la construcción de galpones de emergencias en los parques nacionales Los Alerces (Chubut) y Copo (Santiago del Estero).
Sin embargo, no todo son aumentos. En el marco de los recortes, Aysa recibe una reducción de casi $200.000 millones en su presupuesto, lo que se considera que viene de la mano con la reducción de los subsidios al agua en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Asimismo, al ya cerrado Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), vinculado desde su creación a Juan Grabois, se le restaron $19.283 millones.
Un detalles llamativo del DNU, que aparece en las planillas pero no fue mencionado en los considerandos del texto, fue la asignación de $2.500 millones a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, un organismo que depende directamente de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente.
El organismo figura en las planillas como "Fundación Exportar", que fue como la creó Carlos Menem a través de un decreto en 1993. Se trata de una entidad de bien público y sin fines de lucro, cuyo objeto principal es el estudio del comercio exterior y la promoción de las exportaciones de producción local, en especial las provenientes de la pequeña y mediana empresa.
La fundación fue creada en el ámbito de la Cancillería, pero durante el gobierno de Milei se trasladó a Casa Rosada y quedó bajó la órbita de Karina, quien puso allí a un hombre de su confianza: Diego Sucalesca.
Los gastos de la Fundación no están especificados dentro de la nómina del presupuesto de la Secretaría General, por eso en la planillas se informa como "Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes". A pesar de estar bajo la órbita del Estado, se la cataloga dentro de las "instituciones culturales y sociales sin fines de lucro".
Desde el organismo no respondieron la consulta de este medio sobre el aumento y trasladaron la pregunta a Casa Rosada, desde donde destacaron la importancia de la entidad para promover las exportaciones argentinas.
Por último, el DNU contempla la transferencia de $420.000 millones para pagarle a la Ciudad de Buenos Aires los fondos que le garantiza la cautelar de la Corte Suprema, un aspecto clave para resolver la disputa judicial sobre los fondos coparticipables.
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