Patricia Bullrich no estuvo presente en la reunión del PRO, pero habló con la prensa en un bar del barrio del Abasto cercano al cónclave
El Gobierno le dio carta blanca para que gradualmente despliegue fuerzas controladas por su Ministerio en la Provincia de Buenos Aires, aun sin acuerdo con el gobernador Axel Kicillof.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, allanó el camino para intervenir con fuerzas federales en el conurbano bonaerense sin contar con el aval del gobernador Axel Kicillof. El instrumento para ello fue la modificación de la Ley de Ministerios, una iniciativa del presidente Javier Milei, quien quiere que la lucha contra el crimen sea, junto con la baja de la inflación, un eje principal de la próxima campaña electoral.
El Decreto de Necesidad y Urgencia que cambió las atribuciones de la cartera que comanda Bullrich contó con la firma de todo el Gabinete para dar una señal política de que todo el Gobierno está detrás de esa medida. "Allanamos el camino", le dijo a El Observador un integrante de la mesa chica de la ministra de Seguridad Nacional. Las nuevas atribuciones, de acuerdo a la explicación que dieron desde Balcarce 50, incluye una ampliación de las capacidades en el control de las fronteras, mas inferencia en la seguridad interior y coordinación con las policías provinciales.
"Atento a la experiencia recabada y a efectos de resaltar las competencias asignadas, resulta necesaria y urgente esta modificación para adecuar el ministerio al cambio de paradigma en el concepto de seguridad", señaló el texto del decreto firmado por Milei. El Gobierno libertario fundamentó la modificación “en concordancia con el cambio de paradigma del concepto “Seguridad”, donde la vida, la libertad y el patrimonio de las personas resultan los pilares fundamentales para el desarrollo de los proyectos de vida de cada individuo”.
Milei apuesta a forzar que Kicillof le solicité la intervención formal de las fuerzas federales para frenar la ola delictiva que azota al conurbano. Sin embargo, cerca del gobernador consideran que más que ofrecer refuerzos deberían empezar enviar los fondos para esa área que se desprenden de la coparticipación y que la Casa Rosada cortó. Cerca del jefe de Estado creen que la única forma de resolver la situación es replicar el Plan Bandera en esos municipios.
En una primera etapa Bullrich no avanzaría con el patrullaje en el conurbano con fuerzas federales, sino todo lo contrario. La punta de lanza será el Plan 90/10 que se basa en la inteligencia criminal y ya se encuentra en marcha. Gradualmente se irá aumentando la presencia y, llegado el caso, se tomarán medidas más drásticas.
El Gobierno ya decidió que la situación de inseguridad en el conurbano sea uno de los temas de agenda de cara a la campaña electoral. Las críticas de Milei, como del resto del Gabinete, hacia la gestión de Kicillof es una muestra de eso. Bullrich fue la primera pero luego se sumó el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, que criticó la decisión del gobernador bonaerense de participar en la marcha LGBTQ+ del sábado, argumentando que la Provincia atraviesa una crisis de inseguridad. “Me dio un poco de bronca la presencia del gobernador Kicillof en la marcha, cuando la provincia está incendiada por los hechos de inseguridad”, afirmó en radio Mitre.
Ayer por la noche fue el turno del propio Milei. “Avisé que Kicillof era un inútil. Parece que todo el tiempo se empecina en darme la razón. Él tiene una visión similar a la del juez Zaffaroni. Está a favor de los delincuentes. Y la gente responde a esos incentivos. Si tengo que ayudar, ayudo. La cuestión es que él es parte del problema y no de la solución”, afirmó el jefe de Estado en una entrevista al canal LN+-Las dudas, sin embargo, giran en torno de cuan efectivo puede ser un despliegue de esa magnitud si no se cuenta con el apoyo de las autoridades bonaerenses. En Rosario el Plan Bandera resultó efectivo por la coordinación entre la Casa Rosada, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. El mandatario provincial y el jefe comunal debieron solicitar a sus respectivas legislaturas una autorización para solicitar la colaboración del Gobierno nacional.
Otro punto clave, y por lo que el Gobierno presiona a Kicillof para que declare la emergencia en seguridad, es asegurarse que los procedimientos tengan sustento legal para evitar que los futuros detenidos puedan plantear nulidades y quedar en libertad.
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