El ex intendente de Lomas de Zamora tiene diez días para responder las acusaciones que le hicieron los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco
El exintendente de Lomas de Zamora y hombre fuerte del peronismo bonaerense Martín Insaurralde tiene diez días para responder a las acusaciones antes de que el juez federal Ernesto Kreplak resuelva si lo cita, según informó la revista Quorum. En el expediente la modelo Sofia Clerici y Jesica Cirio, ex esposa de Insaurralde, no fueron llamadas a indagatoria.
Los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco han solicitado la citación a declaración indagatoria de Insaurralde, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, según señalaron a Quorum fuentes de la investigación.
Además de Insaurralde, se ha pedido la indagatoria de sus dos hijos, Martín y Rodrigo Insaurralde, su ex esposa Carolina Álvarez, y dos acusados presuntamente vinculados como testaferros: su sobrino Gastón Barrachina y el empresario Víctor Donadio, según el dictamen.
El pedido se enmarca dentro de una causa que investiga un entramado de irregularidades en la adquisición y administración de bienes que no podrían justificarse con los ingresos del ex intendente, así como un esquema de lavado de dinero a través de propiedades y vehículos.
Kreplak intimó a Insaurralde a justificar su nivel de vida y patrimonio en un plazo de diez días antes de decidir si da curso al pedido fiscal.
Sofía Clerici había solicitado a la justicia la devolución de los 600 mil dólares que fueron secuestrados durante una investigación por presunto lavado de dinero. Clerici sostuvo que el dinero le pertenece legítimamente y que fue incautado sin justificación.
A través de su abogado, argumentó que los fondos provienen de sus actividades como “acompañante” y no están relacionados con ninguna actividad ilícita, como se ha especulado en el marco de la investigación.
En el dictamen los fiscales aclararon que la investigación no está cerrada ni agotada en cuanto a los hechos o las personas involucradas. En este contexto, no solicitaron, por ahora, la indagatoria de las modelos Jesica Cirio, ex pareja de Insaurralde, y Clérici.
Los fiscales detallaron que los hechos investigados giran en torno a una supuesta trama de lavado de activos, en la que se habrían utilizado fondos de origen ilícito provenientes de actos de corrupción vinculados al ejercicio de funciones públicas de Insaurralde. El esquema abarca tres ejes fundamentales: la administración de inmuebles, la adquisición de automotores y la incorporación de fondos ilegales al sistema financiero formal.
Uno de los focos de la investigación es la adquisición y administración de dos lotes en el exclusivo barrio Fincas de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, así como la construcción de instalaciones sobre esos terrenos. Los fiscales sostienen que los fondos utilizados para estas transacciones provendrían de actos de corrupción y señalan que no existe correlato entre los ingresos lícitos de Insaurralde y su capacidad para adquirir estos bienes.
Asimismo, se investiga la adquisición y administración de un inmueble ubicado en la calle Gral. José de San Martín 1440, en Lomas de Zamora, que también habría sido adquirido con fondos de origen ilícito. Este bien ha sido objeto de administración hasta la actualidad, según el dictamen fiscal.
El punto de partida de esta causa fue un viaje de Insaurralde a Marbella, España, entre el 15 y 20 de septiembre de 2023, cuyo costo superó los 41 mil euros y 8 mil dólares, según el dictamen de los fiscales. La adquisición de los pasajes y otros costos del viaje fueron gestionados por una agencia de viajes de Miami, lo que levantó sospechas al no poder ser justificados con los ingresos declarados por el exfuncionario.
Este viaje forma parte de un patrón de gastos internacionales. Se detectó que Insaurralde habría financiado al menos 75 vuelos internacionales, de los cuales se han verificado hasta ahora 42. El costo total de estos viajes asciende a 7,8 millones de pesos y 71 mil dólares, lo que refuerza las sospechas de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía sostiene que estos gastos, asociados a vuelos internacionales y paquetes turísticos de lujo, no tienen correlato con los ingresos legítimos que Insaurralde pudo haber percibido en su rol público.
Otro aspecto relevante en la investigación es el uso de sociedades comerciales como herramienta para legitimar las operaciones financieras. Una de las empresas involucradas es Sasaxa Libero S.A., cuyo presidente, durante la época investigada, era Gastón Barrachina, sobrino de Insaurralde. Esta sociedad habría sido utilizada para canalizar fondos ilícitos hacia la compra de vehículos, intentando darles una apariencia de legalidad mediante un crédito comercial. Según los fiscales, esta estructura permitía ocultar que los fondos provenían de actos de corrupción vinculados al ejercicio de cargos públicos.
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