Quién es Luis Fontana, el nuevo titular de la ANMAT
La modificación efectivizada a través del Decreto 3/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, se da en medio del escándalo por el fentanilo adulterado y la denuncia de faltas de controles por parte del organismo revisor.
La modificación efectivizad mediante el Decreto 3/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el titular de la cartera Mario Lugones, se da en medio del escándalo por el fentanilo adulterado y la denuncia de faltas de controles por parte del organismo revisor.
Agustina Bisio renunció a la dirección de la ANMAT
Conforme a lo informado a la Agencia Noticias Argentinas, la designación de Fontana responde a una definición del Gobierno orientada a configurar "un Estado que controle bien y funcione mejor, sin burocracia innecesaria, sin superposición de áreas y sin estructuras que se reproducen sin impacto real en la salud de las personas".
¿Quién es Luis Fontana, el nuevo titular de la ANMAT?
Médico cirujano, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con formación complementaria en administración de empresas de salud, dirección estratégica, sistemas de información y negociación en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Luis Fontana arriba a la dirección de la ANMAT con la pauta de gestión en agilizar la revisión de medicamentos a fin de cumplimentar sus instancias en materia de seguridad y controles efectivos.
Cuenta con una amplia trayectoria en el sistema de salud donde realizó las residencias en cirugía general y en cirugía oncológica, sumado a que se desempeñó como jefe de residentes y cirujano de planta en instituciones de referencia como el Instituto Ángel Roffo.
Luis Fontana
Posee más de 30 años de experiencia en gestión, con una extensa carrera en OSDE (Obras Sociales Director Especializado), donde ocupó cargos de alta responsabilidad, incluyendo gerente médico, director médico de servicios asistenciales y director general.
A lo largo de su carrera lideró también procesos de ordenamiento, modernización y mejora de la eficiencia, con foco en trazabilidad, digitalización, estandarización de procesos y decisiones basadas en datos, siempre orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema y la calidad de las prestaciones.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.