Senado aprueba dictamen de la ley antimafias: duro enfrentamiento entre Carolina Losada y Oscar Parrilli

Lo que importa sobre la ley antimafias

• El Senado dictaminó un proyecto de ley contra el crimen organizado, conocido como la "ley antimafias", en comisiones de Seguridad y Justicia.
• El proyecto, impulsado por el oficialismo y ya aprobado en Diputados, busca aumentar penas y desarticular grandes organizaciones criminales.
• Durante el plenario, Carolina Losada y Oscar Parrilli protagonizaron un tenso intercambio por las diferencias políticas en torno a la gestión de la comisión.
• La ley antimafias toma como referencia las normativas RICO de Estados Unidos y la ley antimafia de Italia, aplicadas a diversos delitos organizados.
• Además de la ley antimafias, el plenario avanzó en la modificación de la ley de desarmado de vehículos y en la extensión del programa de entrega voluntaria de armas de fuego.

Contexto

¿Qué establece la ley antimafias?

La ley antimafias es una iniciativa que apunta a desactivar las estructuras de crimen organizado en Argentina. Inspirada en la legislación estadounidense (Ley RICO) y en la italiana contra las mafias, este proyecto de ley propone aumentar las penas para los miembros de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas, entre otros delitos graves. La propuesta, liderada por el Ministerio de Seguridad, aspira a cerrar las brechas que permiten el funcionamiento de redes criminales en el país.

¿Cuáles son los puntos de referencia internacionales de la ley?

El proyecto toma como modelo la Ley RICO de Estados Unidos, una norma federal creada en 1970 para perseguir organizaciones criminales en casos de extorsión y corrupción. Esta ley establece que, al probar la combinación de ciertos delitos dentro de una misma organización, se puede penalizar a todos los integrantes por igual, sin importar su rol. Por otro lado, la ley italiana permite también perseguir no solo a quienes reciben dinero de organizaciones criminales, sino también a quienes faciliten sus operaciones o brinden favores, independientemente de recibir un beneficio directo.

¿Qué fue lo que generó tensión entre Losada y Parrilli?

El conflicto se originó hacia el final de la reunión, cuando el senador Oscar Parrilli (kirchnerismo) solicitó la presencia de ciertos expertos en futuras sesiones para debatir el tema, a lo cual Carolina Losada, presidenta de la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, respondió con ironía, señalando la falta de asistencia previa de Parrilli a las reuniones anteriores de la comisión. La discusión se tornó más personal, con referencias al rol de la ex presidenta Cristina Kirchner y la crítica de Losada al manejo de las comisiones durante la administración kirchnerista, lo que desencadenó un cruce de acusaciones entre ambos senadores.

¿Qué otros proyectos se trataron en el plenario?

Además de la ley antimafias, se dictaminó un proyecto para modificar la ley de desarmado y venta de autopartes, en un esfuerzo por regular este mercado y prevenir la reventa ilegal de componentes. También se aprobó la prórroga del programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que busca reducir la cantidad de armas en circulación, permitiendo que los ciudadanos entreguen armas de manera voluntaria y anónima.

¿Cuál es el contexto de seguridad en Argentina que motiva esta ley?

La ley antimafias surge en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad y el aumento de la actividad de organizaciones criminales en el país, especialmente en zonas como Rosario, Santa Fe, que han experimentado un incremento de la criminalidad ligada al narcotráfico. La administración de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad ha enfocado su estrategia en una política de mano dura contra el crimen organizado, impulsando medidas legislativas que buscan modernizar y endurecer el marco punitivo.

Cómo sigue

La ley antimafias aún debe ser tratada en el Senado para su aprobación definitiva. De obtener sanción completa, la legislación introducirá una estructura punitiva más severa para enfrentar delitos organizados, permitiendo una intervención más efectiva en casos de crimen transnacional y narcotráfico, particularmente en las zonas más afectadas. Se espera que el debate parlamentario siga generando tensiones entre oficialismo y oposición, dadas las diferencias en el enfoque hacia el combate de la criminalidad.

Además, el seguimiento y ejecución de la ley estarán bajo la mirada de organismos de derechos humanos y expertos en justicia penal, quienes han manifestado interés en evaluar su impacto y evitar posibles abusos en su aplicación. Con este nuevo marco legal, el gobierno buscará reducir los índices de criminalidad y restaurar la confianza en la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado en Argentina.