El Senado acelera el tratamiento de dos pliegos judiciales para una sala clave de Comodoro Py. Además, el 6 se retomará el tratamiento en el recinto del proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada, que había quedado en un cuarto intermedio.
La situación judicial del Gobierno complicó las negociaciones parlamentarias. Proyectos sensibles siguen pausados en Diputados y el Senado.
El Gobierno de Javier Milei había trazado un ambicioso objetivo para este año legislativo: exhibir fortaleza parlamentaria, avanzar con una batería de reformas estructurales y llegar a 2027 con buena parte de su programa convertido en ley. La apuesta oficial es acelerar reformas este año para luego concentrarse de lleno en el calendario electoral y en mostrar resultados concretos de gestión. Sin embargo, el oficialismo está encontrando algunos pozos para retomar sus proyectos y debe repensar sus negociaciones en Congreso.
En la apertura de sesiones ordinarias, el presidente prometió enviar “un paquete de 10 proyectos” durante casi un año para “rediseñar la arquitectura institucional" de Argentina. Sin embargo, apenas dos meses después de aquel discurso ante la Asamblea Legislativa, la maquinaria parlamentaria comenzó a desacelerarse.
Los proyectos enviados por la Casa Rosada quedaron atrapados entre negociaciones inconclusas, resistencias opositoras y un clima político cada vez más condicionado por los conflictos judiciales y patrimoniales que rodean al oficialismo: las denuncias contra Manuel Adorni, el despertar de la causa $LIBRA, créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios libertarios (y a algunos peronistas también), y el avance de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El miércoles 29 de abril quedó expuesto ese freno: mientras todas las miradas estaban sobre la Cámara de Diputados por el informe de gestión del jefe de Gabinete, el Senado no logró avanzar con la sesión que evaluaba convocar La Libertad Avanza para desviar un poco las miradas. Buscaba tratar algunas iniciativas sensibles, como la de inviolabilidad de la propiedad privada, la de falsas denuncias impulsada por Carolina Losada, el blanqueo de armas de fuego y los pliegos judiciales.
Pero los números no cerraron. Ahora, el oficialismo apuesta a retomar la actividad parlamentaria a partir de la tercera semana de mayo, con posibles sesiones entre el miércoles 13 y el jueves 14. Para estos días, las comisiones de ambos cuerpos no anticipan demasiada actividad. Pese a ello, el objetivo principal es reactivar un paquete de proyectos que hoy permanece congelado.
Diputados libertarios le quitaron peso a las denuncias, las catalogaron de "operaciones" y -en diálogo con El Observador- aseguraron que con los discursos públicos que estuvieron dando Javier Milei, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, en las últimas dos semanas, la confianza de la sociedad se reestablece. Las negociaciones, según esperanzan, retomarán en estos días de silencio.
En el Senado se concentra la mayor parte de las iniciativas frenadas. Una de las principales es la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que incluye la eliminación de las PASO, la implementación de una Ficha Limpia, mayores requisitos para la conformación y supervivencia de partidos políticos, modificaciones en el financiamiento de las campañas y cambios en el esquema de publicidad electoral gratuita.
También permanece pausado el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, promovido como una herramienta para endurecer la protección sobre inmuebles y acelerar mecanismos de restitución ante ocupaciones o conflictos posesorios. Hay resistencia en la modificación de la Ley de Tierras que habilitaría mayores niveles de extranjerización de terrenos; también en aquel ítem que busca agilizar desalojos en barrios populares.
Otro expediente trabado es el de falsas denuncias de la senadora radical por Santa Fe Carolina Losada, muy aplaudido por la diputada libertaria Lilia Lemoine. Propone aumentar las sanciones para quienes denuncien de manera deliberadamente falsa. La iniciativa genera fuerte polémica entre organizaciones y sectores opositores que advierten que podría desalentar denuncias, especialmente en casos de violencia de género.
A eso se suma la iniciativa de regularización de armas de fuego, que ya obtuvo media sanción en Diputados en 2024 y que el oficialismo intenta aprobar antes de que pierda estado parlamentario. Pretende facilitar y acelerar la registración de armas actualmente fuera del sistema legal -muchas de ellas heredadas, con documentación vencida o nunca declaradas- bajo el argumento de que existen más de 800.000 armas sin blanquear en el país. Además, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado durante el gobierno de Néstor Kirchner.
En paralelo, algunos de los pliegos judiciales también quedaron bajo observación política. Entre los nombres incluidos en la negociación aparecían el de Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia de la Nación; el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema; y el de Ana María Juan, postulada para cubrir el Juzgado Federal de Hurlingham. Ella es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien instruye la causa $LIBRA que involucra a los hermanos Milei.
Y queda aún el proyecto para reformar la Ley de Salud Mental. Según el Gobierno, la iniciativa apunta a eliminar obstáculos administrativos y garantizar una implementación más homogénea del sistema en todas las jurisdicciones del país.
Dentro de los pasillos de Diputados, en tanto, el oficialismo todavía no logra destrabar el tratamiento de la denominada Ley Hojarasca. Se trata del megaproyecto en el que insiste hace tiempo y con el que busca derogar, modificar o simplificar decenas de normas consideradas obsoletas o redundantes por la administración libertaria.
También continúa frenado el proyecto sobre fraude de pensiones por invalidez, enviado el 15 de abril e impulsado luego de las auditorías sobre beneficiarios falsos de prestaciones por discapacidad. La propuesta busca endurecer controles y sanciones frente a irregularidades detectadas en el otorgamiento de pensiones. También se da en medio de la controversia alrededor de ANDIS y las supuestas coimas que el Gobierno actual habría cobrado en estos años.
Con un Congreso más fragmentado y un clima político atravesado por causas judiciales, denuncias y tensiones internas, el oficialismo enfrenta un escenario muy distinto al que imaginaba cuando comenzó el año legislativo. La promesa de un Parlamento en movimiento permanente todavía no logró traducirse en la velocidad reformista que la Casa Rosada esperaba exhibir.
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