El caso se abrió por una denuncia del gobierno de Mauricio Macri en 2016, que se sumó a la que había presentado Elisa Carrió en 2008. El juicio oral empezó en 2019. Cristina Kirchner deberá afrontar seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Seis años atrás, Cristina Fernández de Kirchner se sentaba en el banquillo de los acusados por primera vez en un juicio oral. Era el 21 de mayo de 2019, la cita fue la sala de audiencias del subsuelo de los tribunales federales de Retiro ante el Tribunal Oral Federal 2 integrado por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.
El 6 de diciembre de 2022 quedó condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y resultó absuelta por asociación ilícita.
Pandemia mediante, el juicio nunca más recobró la presencialidad plena y ese veredicto fue recibido por la entonces vicepresidenta a través de videoconferencia en su despacho del Senado Nacional, recordó la Revista Quórum.
El debate comenzó el 21 de mayo de 2019, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de coronavirus y marcado por el intento de asesinato de la acusada vicepresidenta Cristina Kirchner, el 1 de septiembre de 2022.
Ese día estuvieron presentes todos los acusados: Cristina Fernández de Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibañez y Abel Claudio Fatala.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dieron inicio a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio.
1 de julio 2019: la entonces senadora Fernández de Kirchner era precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos y su abogado defensor Carlos Beraldi planteó ante el Tribunal, en las llamadas cuestiones preliminares, que el juicio debía suspenderse. Habló de acusaciones políticas en el marco del "lawfare" que llegaron "hasta límites absurdos" y pidió "no seguir avanzando de manera innecesaria".
2 de diciembre de 2019: ya como vicepresidenta electa, Cristina prestó declaración indagatoria ante el Tribunal de manera presencial, en la sala de audiencias de los tribunales federales de Retiro. Sostuvo que la acusación "fue un plan ideado por el Gobierno saliente" y "forma parte del lawfare" planeado con "el auxilio invalorable del aparato judicial".
"A mí me absolvió y me absolverá la historia, y a ustedes los va a condenar la historia", les gritó a los jueces cuando terminó de hablar.
El Tribunal había rechazado días antes un pedido de su defensa para televisar esa audiencia en directo. Finalizadas las indagatorias de los 13 acusados, comenzaron las declaraciones de los testigos pero, el 16 de marzo de 2020 el juicio tuvo su última audiencia presencial.
16 de marzo de 2020: el TOF suspende el juicio ante la pandemia de Covid-19.
3 de agosto de 2020: el debate se reinicia de manera semipresencial: con jueces y testigos en una sala de audiencias con barbijo y distanciamiento social y las restantes partes conectadas remotamente a través de la plataforma Zoom. Siguen las declaraciones testimoniales, el debate entra en receso por la feria judicial en enero de 2021 y retoma el 8 de febrero de ese año.
15 de febrero de 2022: el entonces presidente Alberto Fernández se presenta en Comodoro Py y declara de manera presencial como testigo. Niega la existencia de "arbitrariedades" en la distribución de obra pública nacional y sostiene que se trata de "decisiones políticas no judiciables".
Abril de 2022: comienza la etapa de declaración de los peritos y se realiza un coloquio entre ellos ante la inexistencia de un acuerdo en el informe final. Las defensas cuestionan la validez como prueba de esa pericia hecha sobre cinco de las 51 obras bajo investigación.
Terminada la etapa de testigos, el 11 de julio de 2022 empezaron los alegatos finales.
1 al 22 de agosto 2022: los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pronunciaron su alegato acusador durante nueve audiencias que terminó con pedidos de entre 2 y 12 años de prisión para los acusados por asociación ilícita y defraudación.
"Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país", dijo Luciani al inicio del alegato.
"Es corrupción o justicia", finalizó Luciani.
1 de septiembre de 2022: desde días antes y tras conocerse el pedido de 12 años de prisión por parte de los fiscales, hubo manifestaciones de apoyo a Cristina Kirchner frente a su departamento de Recoleta. Esa noche el luego detenido Fernando Sabag Montiel intentó asesinarla al gatillar un arma a pocos centímetros de su cara cuando la vicepresidenta llegaba a su casa. La bala no salió.
El 29 de noviembre de 2022, la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner pronunció sus últimas palabras, dijo que la sentencia estaba escrita y que se trató de un "pelotón de fusilamiento".
El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal dio a conocer su veredicto que ahora quedó firme por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cristina Kirchner: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta
Lázaro Báez: 6 años de prisión por ser partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Julio de Vido: absuelto.
José López, ex secretario: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por el mismo delito.
Mauricio Collareda: 4 años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Juan Carlos Villafañe: 5 años de prisión e inhabilitación perpetua.
Raúl Daruich: 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua por el mismo delito.
Raúl Pavesi: 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua por considerarlo responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Abel Fatala: absuelto.
José Raúl Santibáñez: 4 años de prisión e inhabilitación perpetua.
Héctor Garro: absuelto.
Carlos Santiago Kirchner: absuelto.
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