Victoria Villarruel pidió ser querellante en la causa que investiga los destrozos por la marcha al Congreso
Por los graves incidentes del pasado miércoles permanecen detenidas 33 personas
La vicepresidenta Victoria Villarruel anunció que ha presentado una denuncia ante la justicia por los daños ocasionados a los edificios del Senado durante una marcha que tuvo lugar el miércoles pasado. Esta manifestación culminó con graves incidentes y la detención de unos 33 manifestantes. Villarruel enfatizó que “quien comete un delito debe responder” por sus acciones.
Villarruel, quien actualmente está a cargo del Poder Ejecutivo debido al viaje del presidente Javier Milei para participar del G7, comunicó a través de las redes sociales que “presentamos hoy ante el Juzgado de la Jueza Servini de Cubría nuestra denuncia y la solicitud para ser querellantes por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación hace 2 días. Se terminó el país de los violentos. Quién comete un delito, debe responder”.
La vicepresidenta había anticipado previamente que iban a “denunciar a los delincuentes que atentaron contra las instituciones de la democracia. Vamos a hacerles pagar todos los daños materiales dirigidos hacia los edificios históricos y veredas del Congreso Nacional. La Argentina de la sedición y la anarquía terminó”.
La marcha al Congreso
El miércoles pasado, militantes gremiales y políticos de Unión por la Patria y la izquierda realizaron una marcha para protestar contra la sanción de las leyes Bases y Paquete Fiscal. Durante la manifestación se produjeron graves incidentes entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, lo que resultó en la detención de 33 personas y la quema de vehículos.
Según un comunicado, la causa de la denuncia es el intento de interrumpir la sesión que se estaba llevando a cabo en el Honorable Senado de la Nación el miércoles 12 de junio. En esa sesión se estaba debatiendo el “Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, sobre Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
Se informó también que el Senado de la Nación realizó un relevamiento presupuestario por los daños ocasionados al edificio de la Honorable Cámara de Senadores y a su anexo.
Villarruel precisó que “los delitos que se le adjudican a los responsables son daños simples y agravados, delitos en la contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos intimidación publica, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones organizaciones o pertenencias que tengan por objeto imponer ideas o cometerlas por la fuerza o por el temor”.
La división interna dentro de la central obrera se profundizó tras la movilización que se llevó a cabo el último miércoles. Pases de factura y reclamos entre los dirigentes.
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Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
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