En la provincia de Salta, se puso en marcha una medida que muchos consideran no como un acto de racismo, sino de equidad y reciprocidad. Este enfoque fue adoptado no solo por el gobierno peronista de la región, sino también por gran parte de su población.
Salta se destacó como la primera región en tomar una medida que pocos se atrevían a considerar: cobrar a los extranjeros por el uso de los servicios de salud pública, siempre y cuando no estén en riesgo de perder la vida.
Desde hace un mes, el gobierno local estableció tarifas para los servicios de salud pública dirigidos a extranjeros. Durante estos 31 días de marzo, la cantidad de extranjeros que buscaron atención en el sistema de salud provincial disminuyó hasta en un 90%.
Un ejemplo notable es lo que ocurrió en Orán, una ciudad de gran importancia cercana a la frontera con Bolivia. Según el ministro de Salud salteño, Federico Mangione, "Desde que comenzamos a cobrar, la cantidad de extranjeros que acudían mensualmente a los hospitales y otros centros de salud públicos, que era de casi 3.000, cayó a tan solo 60 pacientes".
Anteriormente, en toda la provincia, alrededor de 8.000 personas solían recibir atención médica en centros de salud estatales cada 30 días, siendo la mayoría ciudadanos bolivianos, aunque también había paraguayos e incluso chilenos.
Desde marzo, cuando se implementó la medida de cobro por servicios de salud, los extranjeros deben pagar $100.000 por día por una cama común, $190.000 en sala intermedia y $250.000 en terapia intensiva.
En Salvador Massa, una ciudad salteña en la frontera con Yacuiba, Bolivia, el 90% de los pacientes atendidos en hospitales eran residentes de otros países. Según el ministro de Gobierno provincial, Ricardo Villada, "Gracias al nuevo sistema tarifario, pudimos revertir completamente esta situación. Ahora es poco común que un boliviano cruce la frontera para recibir atención médica gratuita en nuestros hospitales".
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