Sociedad

Denuncian a una influencer por usar datos de cinco gobernadores para importar ropa

Valentina Olguín fue denunciada por el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo por usar su CUIT y el de otros mandatarios para compras en el exterior

Valentina Olguín, cantante e influencer de 26 años con más de 400.000 seguidores en Instagram, se encuentra bajo investigación judicial tras ser denunciada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, por usar su CUIT para importar prendas desde Estados Unidos, eludiendo controles y cupos legales. Según la denuncia, la joven también habría utilizado los datos de otros cuatro gobernadores provinciales para hacer compras internacionales mediante el sistema courier, que posee controles menos estrictos.

Olguín nació en Santiago del Estero y comenzó su carrera artística en 2016 en la banda uruguaya de cumbia Dame 5, para luego lanzar varios temas como solista. Paralelamente, desde hace cinco años emprendió un negocio de venta de ropa importada, que adquiría a través de plataformas como Revolve, una tienda estadounidense especializada en prendas de alta gama.

El modus operandi investigado comenzó cuando Olguín superó el límite de importación personal autorizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que establece un cupo anual de US$5.000. Al agotar su cuota y la de allegados, la influencer habría recurrido a datos fiscales públicos de funcionarios para continuar realizando importaciones, en una maniobra que fue detectada por Jaldo luego de recibir notificaciones por compras a su nombre.

La denuncia judicial

El gobernador tucumano relató que, tras advertir movimientos sospechosos con su CUIT, presentó la denuncia en la Aduana, en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Tucumán (ARCA) y en la Justicia Federal. “Esto le puede pasar a cualquiera”, expresó Jaldo en declaraciones a la prensa. Destacó que no se usaron sus fondos personales, sino su identidad para realizar las operaciones ilegales.

El mandatario aclaró que la denuncia incluye a otros gobernadores de distintas provincias y signos políticos: Axel Kicillof (Buenos Aires), Claudio Poggi (San Luis), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Según Jaldo, en total son cinco mandatarios víctimas de esta maniobra, que involucra asesoramiento y conocimiento del sistema aduanero para eludir los controles.

La causa está a cargo del juez federal José Manuel Díaz Vélez y el fiscal federal José Agustín Chit, titular de la Fiscalía Federal 3 de Tucumán. La joven fue indagada y se encuentra asistida por una defensora pública local. La investigación contempla delitos federales como falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos protegidos.

En el marco de la pesquisa, fue allanado un domicilio en el barrio porteño de Núñez, donde funcionaba un local de venta de ropa y se secuestraron dispositivos electrónicos para analizar la documentación y comunicaciones de la influencer.

Desde el entorno de Olguín señalaron que la causa lleva meses y que la joven está a disposición de la Justicia, con la intención de reparar los daños. También afirmaron que ella desconocía que su conducta constituía un delito y que se encuentra arrepentida.

El negocio de la ropa importada y los límites del sistema courier

Olguín inició su emprendimiento de venta de ropa importada desde Estados Unidos en 2022, principalmente a través del sistema courier, que permite la entrada de paquetes hasta 50 kilogramos sin fines comerciales, con un máximo de cinco envíos anuales por persona.

Al superar el límite autorizado con su CUIT y el de familiares y amigos, habría utilizado datos públicos de gobernadores para seguir importando prendas de alta gama, cuyos precios oscilan entre $150.000 y $250.000 según el tipo de prenda en la plataforma Revolve.

La maniobra habría consistido en presentar la documentación de los mandatarios ante la Aduana, lo que permitió evadir controles y cupos establecidos para importaciones personales. El uso indebido de datos fiscales para este tipo de operaciones configura un delito que ahora investiga la Justicia Federal.

Por su parte, fuentes oficiales de las provincias involucradas indicaron que están al tanto de la denuncia y aguardan el desarrollo del proceso judicial para definir acciones futuras.

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