Sociedad

El Gobierno convocó a debatir el Salario Mínimo, Vital y Móvil para 2025

El 19 de diciembre será la reunión donde empresarios y gremialistas definirán una actualización a los ingresos de empleados. El ministerio de Capital Humano tendrá la última palabra

La Secretaría de Trabajo del gobierno de Javier Milei convocó para el 19 de diciembre a una sesión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para fijar una actualización de los ingresos de empleados, así como los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.

La reunión será presidida por la subsecretaria de Seguridad Social, Alexandra Biasutti, designada recientemente como Presidenta Alterna del Consejo y de la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El plenario tendrá lugar de forma virtual a las 16:30, con una posible segunda convocatoria a las 18:00 en caso de no alcanzar el quorum en la primera instancia.

Según la última resolución tomada en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, vigente desde el 1 de octubre de 2024, el salario mínimo para trabajadores mensualizados con jornada completa se estableció en $271.571,22, mientras que para los trabajadores jornalizados se fijó en $1.357,86 por hora.

En el orden del día del 19 de diciembre se incluirá la designación de dos consejeros por sector para firmar el acta y la consideración de las propuestas elevadas por la Comisión del Salario Mínimo, la cual sesionará previamente el mismo día a las 14:30.

Entre los temas a tratar, destacan las modificaciones necesarias para cumplir con lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Empleo, que establecen al Salario Mínimo como herramienta clave para garantizar condiciones laborales dignas y equitativas.

Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones

Reunión de la mesa política del Gobierno por la cuestión Malvinas, con la participación de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores
Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.