Los “prófugos” tienen condenas firmes en Brasil superiores a los 10 años de prisión.
La Justicia argentina esperará documentación de Brasil para avanzar con juicio de extradición
Tres ciudadanos brasileros, de los 61 requeridos por la Justicia de ese país, tienen condenas por delitos durante el intento de golpe de Estado de 2023.
Según publicó la revista Quorum, tres ciudadanos brasileros de los 61 requeridos por la Justicia de ese país con fines de extradición ante condenas por delitos durante el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 han sido detenidos ya por orden del juez federal Daniel Rafecas.
A los tres se les negó la excarcelación luego de un dictamen del fiscal federal Carlos Rívolo que se manifestó en ese sentido.
Los aprehendidos tienen condenas firmes en Brasil superiores a los diez años de prisión y el país vecino los considera “prófugos”.
Como próximo paso se requerirá vía Cancillería el envío por parte de la justicia del país vecino de toda la documentación oficial vinculada a cada detenido.
En caso de recibir todo en forma, se dará comienzo al juicio de extradición.
Lo importante
El magistrado argentino recibió por vía diplomática el pedido de aprehensión de los 61 prófugos condenados en Brasil por su participación en el intento de golpe de estado del 8 de enero de 2023.
Las defensas de los detenidos piden rechazar la extradición: uno de ellos aseguró en una audiencia en el juzgado que se dedica al comercio y rechazó las acusaciones. Dijo ser víctima de persecución política.
En este caso, tiene una pena de 14 años de prisión por diferentes delitos vinculados al intento de golpe de Estado.
Cómo sigue
En cuanto se recepcione la documentación de la Justicia de Brasil, se dará inicio al juicio de extradición cuya última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los jueces argentinos analizarán si los requeridos pudieron ejercer su derecho a defensa durante el juicio en su contra y el contexto en el cual quedaron condenados.
La revista sobre el ámbito judicial presenta en su edición de noviembre un enfoque renovado del acceso a la justicia y su impacto en la sociedad, con más páginas y un rediseño total.
Investigación judicial. El juez Ariel Lijo ordenó reconstruir el patrimonio de Claudio "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. Dispuso acceder a sus declaraciones juradas, vehículos, cuentas comitentes y movimientos bancarios.
Transferencias en la mira. La Justicia solicitó informes sobre pagos del Sindicato de Camioneros y la AFA a cuentas del dirigente. Además, libró un exhorto a Suiza para que la FIFA detalle tres giros que suman unos US$190.000 entre 2018 y 2020.
Levantamiento de secretos. El magistrado dispuso levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de Paola Moyano, ex esposa del titular de la AFA. También consultó a la ARCA si ambos ingresaron al último régimen de blanqueo de capitales.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
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Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
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