Investigadores de tres universidades midieron la disponibilidad de datos educativos en once países. Argentina quedó tercera, pero con una señal de alerta: cada vez abre menos su información al público.
Argentina produce datos educativos, pero los comparte cada vez menos. Esa es, en síntesis, la conclusión central de un nuevo informe elaborado por investigadores de UNICEN, UNIPE y FLACSO junto con la organización Argentinos por la Educación, que midió y comparó el nivel de desarrollo de los sistemas de información educativa en once países de América Latina. El trabajo construyó el Índice de Disponibilidad de Datos Educativos (IDDE), una herramienta que sintetiza en un único valor qué tan bien produce, actualiza y publica cada país su información sobre el sistema educativo. Los resultados muestran una región desigual, con Chile a la cabeza y Venezuela sin datos públicos en ninguna de las categorías analizadas, y ubican a la Argentina en el tercer lugar, con un puntaje de 0,67 sobre 1.
El índice evalúa tres grandes dimensiones: los relevamientos escolares (los censos anuales que registran matrícula, docentes e infraestructura), las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje y los datos nominales sobre ausentismo estudiantil. Cada una se analiza según tres componentes: cobertura, frecuencia y transparencia. El resultado final es el promedio de esas nueve combinaciones, con igual peso para cada una.
Chile lidera con un puntaje de 0,95, seguido por Uruguay con 0,72 y Argentina con 0,67. Más abajo se ubican Brasil (0,60), Ecuador (0,57), Colombia (0,55) y Perú (0,51), que conforman un grupo intermedio con sistemas de información relativamente desarrollados pero con limitaciones en alguno de los componentes. En la parte baja del ranking aparecen Paraguay (0,19), Bolivia (0,18) y México (0,09), con déficits importantes en varias dimensiones. Venezuela no registra información pública en ninguna de las tres categorías analizadas y obtiene puntaje cero.
La brecha entre el primero y el tercero es significativa: entre Chile y Argentina hay una diferencia del 42% en el índice. Chile publica microdatos abiertos desagregados por escuela, realiza evaluaciones estandarizadas con alta periodicidad y registra el ausentismo de cada alumno de forma nominal. Argentina hace parte de eso, pero con menor nivel de detalle en lo que efectivamente pone a disposición del público.
El punto más sensible del informe para la Argentina es el componente de transparencia, donde el país obtiene 0,64 sobre 1. El dato no solo refleja una posición relativa débil frente a Chile, que alcanza el puntaje máximo de 1,0 en ese componente: también registra un retroceso concreto respecto de años anteriores.
Entre 2016 y 2023, el Ministerio de Educación publicaba las bases de datos del relevamiento escolar anual con desagregación a nivel de cada institución, resguardando el anonimato de las escuelas. Ese formato permitía que investigadores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil analizaran qué pasaba en cada establecimiento sin identificarlo públicamente. Desde 2024, esa información se publica solo hasta el nivel departamental. El cambio reduce la granularidad del dato disponible: saber cuántos alumnos repitieron o abandonaron en un departamento no es equivalente a saberlo por escuela, porque el segundo nivel permite detectar dónde concentrar recursos o intervenciones.
"Mientras que entre 2016 y 2023 los microdatos se publicaban a nivel escuela resguardando el anonimato de las instituciones, como actualmente ocurre en países como Chile o Brasil, hoy la información se presenta hasta nivel departamental", señala el informe. Esta reducción en el nivel de desagregación es la que explica, en gran medida, el desempeño relativamente bajo de Argentina en transparencia.
El mejor desempeño argentino está en la dimensión de relevamientos escolares, donde obtiene 0,84 y se ubica tercera en la región, detrás de Colombia (0,90) y Chile (0,89). El relevamiento anual que realiza el país tiene amplia cobertura —abarca todos los niveles educativos y grados— y se actualiza con regularidad, lo que le otorga buenos puntajes en cobertura (0,94) y transparencia dentro de esa dimensión (0,92). La frecuencia, anual, explica un valor algo más bajo en ese componente (0,67).
En evaluaciones estandarizadas, Argentina obtiene 0,67: cuenta con un sistema regular y consolidado, con pruebas en tercer grado, al final de la primaria y al final de la secundaria, pero la periodicidad es bienal —los grados se evalúan de forma intercalada cada dos años— y la publicación de resultados se hace por departamento, no por escuela. Existe una plataforma de microdatos por escuela, pero requiere registro a través de la Secretaría de Educación, por lo que el informe no la considera información de acceso público directo.
La dimensión más rezagada es la de datos nominales sobre ausentismo, donde Argentina obtiene 0,49. Solo cuatro de los once países analizados producen y publican este tipo de información: Chile (1,0), Uruguay (0,78), Argentina (0,49) y Brasil (0,31). El resto no registra o no publica datos nominales sobre inasistencias.
Argentina registra el ausentismo de forma diaria, lo que en teoría representa una fortaleza: el componente de frecuencia llega a 0,75. El problema está en la cobertura y en la transparencia. La cobertura es parcial porque el sistema no abarca todavía a todas las provincias ni a todas las escuelas dentro de ellas. Y la transparencia es baja —0,29— porque la información disponible llega solo a nivel nacional, se difunde únicamente a través de informes y no cuenta con bases de datos descargables ni tableros interactivos de acceso público.
"La cobertura es limitada, ya que aún no abarca a todas las provincias del país ni a todas las escuelas dentro de estas provincias", señalan los autores. "El nivel de transparencia es reducido, ya que la desagregación disponible es únicamente a nivel nacional y la difusión se realiza a través de informes", agregan.
El informe fue publicado en 2026 por Argentinos por la Educación y está disponible en el sitio de la organización. Para su elaboración se consultaron exclusivamente páginas web oficiales y documentos publicados por los ministerios de educación de cada país, con consultas técnicas a expertos locales en nueve de los once casos analizados.
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