"El Concheto" Álvarez, uno de los máximos asesinos seriales de Argentina
Guillermo Antonio Álvarez es uno de los asesinos seriales más notorios de Argentina, y recientemente se acercó a la posibilidad de recuperar su libertad.
Guillermo Antonio Álvarez, conocido como "el Concheto", es uno de los asesinos seriales más notorios de Argentina, y recientemente se acercó a la posibilidad de recuperar su libertad. La Sala II de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional anuló el juicio oral que se realizó en noviembre de 1998, en el cual fue condenado a reclusión perpetua con accesoria por tiempo indeterminado por el homicidio de un oficial de policía y una joven estudiante durante un asalto al pub Company en Belgrano.
Guillermo Álvarez, de 46 años, fue acusado de cuatro asesinatos, incluyendo los de un empresario, una estudiante, un agente de policía y un compañero de prisión. También fue también uno de los líderes de las protestas en cárceles durante la pandemia de COVID-19, en las que los detenidos exigían mejores condiciones de encierro.
Lleva 27 años tras las rejas, pero debido a la aplicación de la ley del 2x1, su condena alcanza casi los 35 años. Sin embargo, en 2023, logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interviniera, exigiendo al Estado argentino revisar la sentencia más significativa en su contra, que le había impuesto la cadena perpetua. En base a las directrices de este organismo internacional, el 27 de agosto la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó que se realice un nuevo juicio.
En relación con su caso, la CIDH expresó claramente: “La Argentina es responsable internacionalmente por violar los derechos al debido proceso legal y a la protección judicial de una persona sometida a un proceso penal”. Esta afirmación fue parte de la sentencia del caso "Álvarez vs. la Argentina", y sirvió como base para el nuevo análisis del proceso judicial.
La CIDH señaló varias irregularidades durante el juicio original que llevaron a su condena. Entre ellas, se destacó el hecho de que Álvarez fue obligado a permanecer esposado durante las audiencias y que no se le dio tiempo suficiente para designar nuevos abogados luego de haber despedido a los que inicialmente lo defendían. Cuatro días antes del inicio del juicio, Álvarez presentó un escrito revocando el poder otorgado a sus abogados y solicitó diez días para nombrar un nuevo equipo defensor. Sin embargo, el Tribunal Oral de Menores N° 1, en lugar de conceder ese plazo, le asignó a la defensora pública que ya representaba al otro imputado en la causa.
“Hubo una serie de violaciones que se habrían cometido en el proceso penal contra Álvarez”, afirmaron los jueces de la Corte Interamericana. Según la CIDH, el hecho de que Álvarez solo pudiera reunirse con su nueva defensora pública una hora antes del inicio de la primera audiencia afectó gravemente su derecho a contar con tiempo y recursos suficientes para preparar su defensa, así como su derecho a elegir su propio abogado.
Otro aspecto clave que subrayó la CIDH fue que el acusado estuvo esposado durante el juicio, lo cual afectó su derecho a ser considerado inocente hasta que se probara lo contrario. “La presunta víctima fue presentada en la audiencia esposada, lo que habría afectado su derecho a la presunción de inocencia”, sostuvieron los jueces del tribunal internacional.
A pesar de su larga condena, Álvarez no pudo acceder a la libertad condicional debido a su condición de reincidente, lo que se le negó en varias ocasiones, siendo la última en mayo. Los informes penitenciarios tampoco le fueron favorables. Según los psicólogos, tiene una "personalidad inestable, narcisista, rasgos psicopáticos, escasa tolerancia a la frustración y anestesia afectiva".
Con la decisión de la Sala II de Casación, Álvarez vio una posible oportunidad para salir de la cárcel de Devoto, donde hace unas semanas, anticipando una resolución favorable, comenzó a regalar sus pertenencias a otros presos del pabellón. Las autoridades se vieron obligadas a aislarlo por conflictos con otros reclusos, brindándole "resguardo" y dejándolo solo en un pequeño pabellón. Con la libertad en la mira, Álvarez, representado por su abogado defensor Javier Marino, solicitó la excarcelación inmediata o, al menos, el fin de la prisión preventiva.
El pedido fue presentado la semana pasada, pero el fiscal se opuso. Finalmente, el 6 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal 28 resolvió que Álvarez continúe detenido hasta que la orden de la Cámara de Casación de realizar un nuevo juicio se haga efectiva o se dicte un nuevo veredicto.
Guillermo Álvarez, conocido como "el Concheto", es una de las figuras más siniestras de la crónica policial argentina de los años noventa. Su historia está marcada por la violencia extrema, el lujo que dejó atrás y una sucesión de crímenes que conmocionaron al país. Proveniente de una familia acomodada, rompió con su entorno privilegiado y decidió emprender un camino delictivo que lo convirtió en uno de los criminales más temidos de la época.
Nacido en un ambiente de comodidad económica, su padre era dueño de 15 salas de cine y Álvarez no sufrió carencias materiales. Sin embargo, lejos de seguir un camino convencional, optó por formar una banda de asaltantes a la que reclutó en las villas más marginales de Buenos Aires, como La Cava y la Villa Uruguay. Era agosto de 1996 y Guillermo, con apenas 18 años, encabezaba a un grupo que incluía a varios menores de edad, lo que le valió ser juzgado por la Justicia de Menores. A pesar de su juventud, ya se había ganado el apodo de "El Concheto", un mote que hacía referencia a su origen social, pero también era conocido como "Patovica" por su imponente físico, producto de horas en el gimnasio.
El punto culminante de su carrera criminal llegó en una semana fatídica de julio de 1996. Entre el 23 y el 28 de ese mes, Álvarez y su banda realizaron ocho robos violentos que culminaron con la muerte de tres personas. En uno de los asaltos, mataron al empresario Bernardo Loitegui (42) para robarle su automóvil. Días después, en un robo a mano armada en el pub Company, en el barrio porteño de Belgrano, asesinó a Adriana Carballido (24) y Fernando Aguirre (28), dejando una estela de horror en el lugar. Estos homicidios marcaron a fuego la figura de Álvarez, quien ya se perfilaba como uno de los criminales más peligrosos del país.
El destino lo alcanzó rápidamente. En agosto de 1996, la policía lo detuvo en su casa de Acassuso, y desde ese momento comenzó su largo trayecto por el sistema judicial. Sus padres, que siempre lo apoyaron, contrataron abogados para defenderlo, pero nada pudieron hacer para evitar que fuera condenado a cadena perpetua en 1999. El juicio por el caso de Company, en el que fue acusado de "robo agravado por el uso de armas reiterado en cuatro oportunidades, una de ellas en grado de tentativa, homicidio calificado por haber sido perpetuado para consumarlo y, consecuentemente, lograr impunidad y lesiones graves", lo marcó como uno de los asesinos más despiadados de la historia criminal argentina.
Sin embargo, su vida criminal no terminó con su entrada a la cárcel. En noviembre de 1998, ya en la Unidad 16 de Caseros, Álvarez asesinó a Julio Elbio "Monito" Aranda (20), un compañero de pabellón, propinándole una puñalada fatal. Este homicidio consolidó aún más su reputación como un preso peligroso, generando una mezcla de respeto y temor entre los demás internos y el personal penitenciario. Los guardias lo miran con recelo, tanto por su inteligencia (habla varios idiomas, incluyendo italiano, inglés y latín) como por los conflictos que arrastra desde hace décadas. Dentro del penal, es conocido como "Willy", un nombre que usa para mantener cierta distancia con su pasado mediático, pero su estatus de líder sigue intacto.
A principios de los 2000, Álvarez volvió a sacudir las aguas al colaborar con la justicia. Logró un traslado a una cómoda instalación en Campo de Mayo, dependiente de la Gendarmería, tras declarar que agentes del Servicio Penitenciario Federal (APF) lo sacaban de la cárcel de Caseros para realizar robos y que había un plan para asesinar al juez Alberto Baños, quien investigaba a esos mismos agentes. Estas revelaciones le permitieron mejorar sus condiciones de reclusión temporalmente, pero también acrecentaron la desconfianza hacia él, tanto dentro como fuera de la prisión.
A lo largo de los años, Guillermo Álvarez acumuló una serie de condenas, siendo la más grave la de la causa Company. Sin embargo, en 2023, su caso volvió a captar la atención cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino revisar la sentencia, argumentando que se habían vulnerado derechos fundamentales durante el proceso. Los jueces internacionales señalaron que Álvarez había sido esposado de pies y manos durante todo el juicio, lo que atentaba contra el principio de inocencia, y que su defensa no tuvo la oportunidad adecuada de preparar su caso.
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