Inversión RIGI grandes empresas extranjeras vs. sin RIGI para pymes locales

Desde Focus Market elaboramos el siguiente Informe donde abordamos el programa RIGI diseñado gobierno argentino con la intención atraer grandes capitales, pero también para generar oportunidades para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) a través de beneficios fiscales, laborales y la participación en las cadenas de valor de los grandes proyectos.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se consolidó como una de las estrategias del gobierno de Javier Milei para reactivar la economía a través de la llegada de capitales extranjeros. Presentado como un motor de arranque para la inversión, el régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales, con estabilidad normativa garantizada por 30 años. La meta es atraer proyectos de gran envergadura, en sectores intensivos en capital y de largo plazo, donde la previsibilidad resulta clave para decidir inversiones. El gran desafío ahora es como lograr el crecimiento de la inversión privada local.

Desde su implementación en julio de 2024, el RIGI permitió aprobar proyectos por más de 15.700 millones de dólares, concentrados principalmente en energía y minería. Entre sus ventajas destacan la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la exención gradual de derechos de exportación, la eliminación de aranceles para la importación de bienes de capital y, sobre todo, la libertad para disponer de las divisas generadas. Estas condiciones buscan no solo captar capital financiero sino también generar un efecto multiplicador sobre la economía real.

Sin embargo, mientras las grandes corporaciones globales acceden a estas facilidades, las pequeñas y medianas empresas locales enfrentan un escenario completamente distinto. Representando el 99% del tejido empresarial y más del 60% del empleo formal, las PyMEs operan bajo un régimen que combina alta presión tributaria, burocracia extensa, dificultades de financiamiento y costos significativos. La presión fiscal efectiva alcanza alrededor del 45% y abrir una empresa requiere en promedio 4.496 horas, mientras que otras 2.156 horas al año se destinan a mantener la operación dentro de la formalidad, uno de los niveles más altos de Latinoamérica.

En materia de crédito, la situación ha mostrado avances y flexibilidades: en 2025, 62.116 PyMEs accedieron a financiamiento respaldado por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y fondos públicos, mayormente microempresas, pero esto sigue siendo insuficiente frente al universo de más de 600.000 firmas registradas en el país. La presión sindical y la rigidez de los convenios colectivos agregan un nivel de complejidad adicional, mientras los costos, como los de energía industrial con una tarifa promedio de 96 USD/MWh, se mantienen por encima de los niveles más competitivos de la región.

La diferencia entre ambos mundos se refleja en el siguiente cuadro comparativo, que sintetiza la operación cotidiana de un proyecto RIGI frente a una PyME fuera del régimen:

El contraste evidencia que las PyMEs se encuentran en desventaja estructural, con mayores restricciones en financiamiento, carga fiscal, acceso a divisas y capacidad de crecimiento. Este desequilibrio plantea la necesidad de pensar en un esquema de incentivos equivalente para medianas y pequeñas empresas, que permita canalizar recursos hacia el sector productivo local y fortalecer el entramado laboral.

La discusión sobre un “RIGI PyME” ya cuenta con antecedentes en el proyecto de ley RIMI, presentado en noviembre de 2024 bajo la iniciativa “Promoción de Inversiones y Empleo”. El proyecto contempla inversiones desde USD 150.000 para microempresas hasta USD 30 millones para medianas y grandes, con beneficios como amortización acelerada, devolución anticipada del IVA, exención temporal de derechos de exportación y reducción del IVA energético para proyectos agroindustriales. Además, propone mecanismos de estímulo a la inversión en bienes agroindustriales y la participación en cadenas de valor locales. Sin embargo, el RIMI aún no fue tratado en Diputados, y su postergación prolonga la desigualdad estructural entre grandes inversores extranjeros y PyMEs locales.

Un RIGI orientado a PyMEs podría descansar sobre seis pilares fundamentales:

Primero, la simplificación tributaria, unificando cargas y eliminando tasas e impuestos en cascada, aliviando las más de 900 horas anuales que las empresas dedican a trámites impositivos.

Segundo, la estabilidad fiscal por al menos 10 años, evitando la creación de nuevos impuestos o cambios abruptos en las alícuotas, ofreciendo previsibilidad a empresas que planifican en ciclos largos.

Tercero, acceso real al crédito, ampliando líneas en moneda local y extranjera para superar las limitaciones actuales de financiamiento y reducir la dependencia de recursos propios.

Cuarto, beneficios por reinversión, incluyendo la exención o diferimiento del impuesto a las ganancias sobre utilidades reinvertidas en capital productivo o innovación, incentivando la expansión, modernización y digitalización.

Quinto, incentivos a exportar y encadenar con proveedores locales, mediante desgravar temporalmente exportaciones y otorgar beneficios a proveedores de grandes proyectos, para integrar a las PyMEs en cadenas productivas globales y mejorar su competitividad.

Finalmente, se incluiría apoyo a la transición digital y capacitación, mediante créditos fiscales y asistencia técnica para adopción de inteligencia artificial, eficiencia energética y digitalización.

Estos pilares no se tratarían como privilegios, sino como una herramienta para equiparar condiciones frente a los beneficios del RIGI y movilizar capital interno hacia inversión productiva. El ahorro privado en Argentina, estimado en más de 250.000 millones de dólares en depósitos y efectivo fuera del sistema financiero formal, representa un potencial significativo. Incluso un fraccionamiento conservador de solo el 5-10% de esos fondos podría traducirse en entre 12.000 y 25.000 millones de dólares de inversión productiva local, generando empleo formal y fortaleciendo la competitividad del sector.

La experiencia del RIGI demuestra que los incentivos bien diseñados funcionan. El desafío pendiente es trasladar esta lógica a las PyMEs locales, transformando la desigualdad en oportunidad y el ahorro privado inactivo en un motor de crecimiento económico real y sostenible. Mientras el RIGI Pyme siga postergado en el Congreso, la brecha entre grandes inversores y empresas locales persiste, limitando el desarrollo de un sector que sostiene más de la mitad del empleo formal y constituye el corazón de la economía argentina. El camino hacia un crecimiento inclusivo y sostenible depende de convertir esta potencialidad en políticas concretas, capaces de transformar recursos ociosos en inversión, empleo y competitividad.