El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, ha presentado una denuncia ante la justicia por irregularidades detectadas en el programa de becas “Progresar”. Este programa, que fue implementado por el Gobierno de Alberto Fernández, contaba con un financiamiento internacional de 341 millones de dólares. Este financiamiento, que se concretó en noviembre de 2019, no habría sido objeto de ningún tipo de control, según los funcionarios de La Libertad Avanza y una auditoría de la Sindicatura General de la Nación.
Debido a esta falta de control, se desconoce el destino de los fondos y quién o quiénes se habrían beneficiado de ellos. Es incierto si estos fondos llegaron a los estudiantes de sectores más vulnerables de entre 16 y 17 años a través de la línea “Asistencia a Jóvenes Estudiantes para la Finalización de la Educación Obligatoria”.
En la denuncia judicial se acusa a los presuntos responsables de malversar el dinero destinado a los más desprotegidos. Se les imputan los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “fraude a la administración pública”.
Según la denuncia del Ministerio de Capital Humano, “tras exhaustivas investigaciones y auditorías internas, la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano detectó falta de control en la concesión de los beneficios por parte de la Dirección Nacional de Becas y Democratización Educativa (DNByDE) durante el ejercicio 2022”.
Los funcionarios actuales destacaron en el escrito que “esta falta de control en los fondos estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar adecuadamente cuántas becas se otorgaron, y/o si las personas beneficiarias de las mismas fueron correctamente seleccionadas para tal efecto; o bien, si tenían algún tipo de incompatibilidad que hiciera ilegal dicho otorgamiento”.
La investigación reveló varias irregularidades, entre ellas, que “no se creó un expediente individual para cada becario desde su inscripción hasta la concesión de la beca”. Tampoco “existe documentación que respalde cada concesión”, de hecho, “no existen solicitudes ni formularios de inscripción con certificación escolar que demuestre la escolaridad en curso”. En la ANSES tampoco se encontró documentación “sobre los ingresos de los solicitantes y su grupo familiar”.
Otros detalles de la denuncia
Desde el Ministerio de Capital Humano también advirtieron al juez que “en el marco de las auditorías que culminaron en esta denuncia penal, el 24 de abril del año en curso, se encontró en la oficina personal del Licenciado Nicolás Sojit, quien fuera Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social hasta hace poco tiempo -y depuesto en su cargo por este gobierno-; documentación que revelaría una fuente de financiamiento externo en el caso proveniente específicamente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un total de 341 millones de dólares asignados específicamente a las Becas Progresar en cuestión”.
El préstamo otorgado al país -es decir, con devolución- “fue concedido a la República Argentina por el ‘BIRF’ por un total de 341 millones de dólares, préstamo que se concretó en el mes de noviembre del año 2019”. El Programa tenía entre sus objetivos fundamentales financiar las “Becas Progresar”.
Desde el Ministerio de Pettovello calificaron como “burdas” las irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Nación en la gestión de las becas “Progresar” y que “la aparición de un préstamo internacional multimillonario no debidamente auditado por ninguna autoridad nacional resulta un marco ideal para la comisión de delitos en perjuicio del erario público”.
Tanto la SIGEN como la auditoría realizada por Capital Humano concluyeron que “no es posible rastrear a dónde ha ido la totalidad del dinero de las ‘Becas Progresar’” y destacaron que: “Sólo podemos saber que se ha utilizado una enorme suma de dinero del Estado Nacional sin control y de manera irregular”.
Para los colaboradores de Pettovello, “si se confirman los hechos denunciados, estaremos hablando de delitos imperdonables: delitos que explicarían parte de la decadencia educativa que tristemente sufre nuestro querido país desde hace décadas”.
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