CIMA SA compró la deuda de Vicentin y apunta a destrabar el concurso en Santa Fe
El grupo inversor adquirió la deuda por USD 447 millones y busca alternativas para reactivar la cerealera, en un proceso judicial clave.
Lo que importa sobre CIMA SA comprando la deuda de Vicentin
El grupo inversor argentino CIMA SA, liderado por Esteban Nofal, adquirió la deuda de Vicentin en concurso desde 2020, por un total nominal de USD 447.194.396,91.
La transacción incluyó créditos cedidos por bancos internacionales, como IFC, FMO, ING y Rabobank, aunque se estima que CIMA pagó USD 70 millones, es decir, 11 centavos por dólar.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe debe decidir si homologa el plan de pagos de Vicentin o habilita un cramdown, lo que permitiría el ingreso de un tercero.
CIMA inició conversaciones con otros actores, como el Grupo Grassi, para explorar su participación en un eventual cramdown.
Vicentin advirtió que no tiene fondos para financiar un proceso de cramdown y pidió a la Corte una pronta resolución para asegurar la continuidad de la empresa y los empleos.
Contexto
¿Qué implica la compra de la deuda por parte de CIMA SA?: CIMA SA adquirió la acreencia que un grupo de bancos internacionales tenía con Vicentin, la agroexportadora en default desde 2019 y en concurso preventivo desde 2020. La operación involucró créditos por más de USD 447 millones, pero en el mercado se estima que CIMA pagó USD 70 millones, lo que equivale a 11 centavos por cada dólar de deuda. Esto posiciona al grupo inversor como el principal acreedor del concurso.
¿Cuáles son las expectativas del grupo inversor?: En un comunicado, CIMA SA expresó que busca “contribuir a destrabar el prolongado proceso judicial” y reactivar a Vicentin, destacada como la mayor compañía del sector agrícola de bandera argentina. Además, afirmó estar dispuesta a colaborar con otros actores para encontrar soluciones que preserven las fuentes de trabajo y los intereses de los acreedores.
¿Qué es el cramdown y por qué es relevante?: El cramdown es un proceso judicial que se habilita si el plan de pagos original no se homologa. Permite que un tercero presente propuestas alternativas para la reestructuración de la deuda o incluso quedarse con la empresa en conflicto. En este caso, si la Corte Suprema de Santa Fe rechaza la homologación del plan de Vicentin, CIMA podría participar en el cramdown, como lo confirmó al iniciar diálogos con el Grupo Grassi.
¿Cuál es la posición de Vicentin frente a esta situación?: Vicentin emitió un comunicado en el que aclaró que, de confirmarse la operación de CIMA, “nada habrá cambiado” en el proceso concursal. La empresa manifestó su preocupación por las dilaciones judiciales, dado que la Corte Suprema de Santa Fe tiene desde hace meses la homologación del plan aprobado por los acreedores. Además, advirtió que agotó sus recursos financieros y que no puede sostener su operación ni afrontar un eventual proceso de cramdown.
¿Qué pasa si la Corte Suprema rechaza la homologación?: Si la Corte Suprema de Santa Fe decide rechazar la homologación, se abriría el proceso de cramdown. En ese escenario, actores como CIMA y el Grupo Grassi tendrían la posibilidad de presentar propuestas alternativas para quedarse con el control de Vicentin. Por el momento, la compañía insiste en que la homologación es el camino más seguro para preservar su continuidad y los empleos directos e indirectos asociados.
Cómo sigue
La resolución de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe será el próximo paso clave en este proceso. Si el tribunal decide homologar el plan de pagos presentado por Vicentin y aprobado por la mayoría de los acreedores, se cerraría una etapa crítica para la empresa. Sin embargo, si la Corte opta por rechazar la homologación, se abriría el escenario del cramdown, donde el grupo inversor CIMA SA y otros actores interesados, como el Grupo Grassi, podrían presentar propuestas alternativas para quedarse con la compañía.
Mientras tanto, Vicentin continúa enfrentando graves dificultades financieras, con una caja agotada y medidas de crisis implementadas para sostener su operación. La agroexportadora insiste en la necesidad de una pronta resolución judicial para asegurar su continuidad y las fuentes de trabajo vinculadas al proceso. La definición de la Corte será determinante para el futuro de una de las empresas más importantes del sector agrícola argentino.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
